Uno de los hechos polémicos recientes que ha provocado un fuerte debate crítico sobre el uso de estas herramientas y cuál es el límite para ejercer la vigilancia, ha sido que la policía en Wisconsin utilizó las cámaras Flock para rastrear a un hombre a través de líneas estatales con el fin de crear un «pretexto para registrar» su coche en busca de marihuana.
El caso ilustra cómo los lectores automáticos de matrículas (ALPR) de Flock Safety pueden utilizarse no solo para localizar vehículos buscados, sino también para reconstruir los desplazamientos históricos de una persona.
Según la documentación judicial citada por diversos medios, la policía del condado de Brown, en Wisconsin, investigaba a un hombre llamado Edward Abrams-Phillips, quien tenía una causa pendiente por incumplimiento de condiciones de libertad bajo fianza. Al consultar la red de cámaras Flock, los agentes observaron que su vehículo viajaba con frecuencia entre Wisconsin y Michigan.
Michigan permite el uso recreativo de la marihuana, mientras que Wisconsin mantiene restricciones mucho más severas. Los investigadores incorporaron ese historial de viajes a su justificación, señalando que el vehículo «viaja frecuentemente a Michigan, un estado conocido como fuente de marihuana porque allí es legal». Con esa información coordinaron una vigilancia y esperaron el regreso del vehículo para efectuar una intervención.
Durante el registro encontraron aproximadamente 8,22 gramos de marihuana, y finalmente el hombre fue condenado por posesión. En cambio, la acusación original por incumplimiento de la fianza terminó siendo desestimada, un detalle que alimentó las críticas de quienes sostienen que el verdadero objetivo pasó a ser la búsqueda de un delito distinto al inicialmente investigado.
El caso ha reavivado el debate sobre el llamado «pretextual stop» (detención con un pretexto). En EEUU, la jurisprudencia permite que una detención de tráfico sea válida si existe una base legal objetiva, incluso aunque el agente tenga otra motivación subyacente. Sin embargo, los críticos sostienen que el uso de bases de datos históricas de movimientos para inferir actividad delictiva amplía considerablemente la capacidad de vigilancia del Estado y plantea interrogantes sobre la privacidad y la protección de la Cuarta Enmienda de la Constitución de EEUU.
La información sobre los desplazamientos entre Wisconsin y Michigan fue utilizada para construir una sospecha relacionada con marihuana sin una orden judicial.
La Cuarta Enmienda aparece como especialmente relevante porque protege contra registros y allanamientos irrazonables.
Una cámara que reconoce una patente puede parecer relativamente inocua: «este vehículo pasó por aquí a las 14:32». El problema aparece cuando se conectan miles de cámaras y se conserva el historial.
Entonces puede construirse algo parecido a un mapa retrospectivo de movimientos. Y eso puede hacerse sin que haya un agente siguiéndote físicamente.
La tecnología también permite potencialmente realizar búsquedas retrospectivas. Es decir, no solamente preguntar «¿qué vehículo está pasando ahora?», sino «¿dónde estuvo este vehículo durante las últimas semanas?».
Un gobierno autoritario podría utilizar una infraestructura semejante para establecer listas de vigilancia de opositores políticos, periodistas, abogados, manifestantes, sindicalistas, activistas, miembros de determinadas organizaciones, personas que frecuentan determinados lugares.
Incluso podría utilizarse de manera mucho más sutil: no necesariamente detener a alguien, sino crear un registro permanente de sus movimientos. La vigilancia puede comenzar siendo legal y tener una finalidad legítima, lo que fácilmente puede cambiar es el propósito y las reglas de utilización si no se establecen límites claros antes de que la infraestructura sea demasiado grande para controlarla.
Las democracias pueden construir herramientas de vigilancia extraordinariamente poderosas sin intención autoritaria (aunque en el último tiempo las democracias parecen mutar a autoritarias). La verdadera prueba llega cuando cambia el gobierno.
¿Cuánto poder de vigilancia retrospectiva estamos dispuestos a seguir permitiendo que acumulen las instituciones hoy, cuando todavía existen tribunales, legislaturas, periodistas y ciudadanos capaces de establecer límites?.
Una administración democrática puede establecer una base de datos con buenas intenciones. Diez años después puede llegar al poder un gobierno que interprete de manera completamente diferente qué significa «amenaza para la seguridad pública».
Hay además una cuestión particularmente importante: la posibilidad de abuso interno. No hace falta que exista un gobierno totalitario. Un policía individual con acceso indebido a una base de datos puede utilizarla para investigar a una expareja, un vecino, un periodista o alguien con quien tenga un conflicto personal.
En Milwaukee, Wisconsin, un agente llamado Josue Ayala, veterano de ocho años del Departamento de Policía de Milwaukee, fue acusado en 2026 de utilizar el sistema Flock Safety de lectores automáticos de matrículas para fines personales.
Según la denuncia penal, Ayala realizó 179 búsquedas en la base de datos por motivos personales:
- más de 50 búsquedas correspondían a la persona con la que mantenía una relación;
- más de 100 correspondían a la expareja de esa persona;
- las búsquedas no tenían una finalidad policial legítima.
El agente tenía autorización para acceder al sistema, pero utilizó un acceso legítimo para una finalidad ilegítima. Esa distinción es importante: el problema no era necesariamente «hackear» Flock, sino aprovechar las credenciales policiales para convertir una herramienta oficial de investigación en una herramienta de vigilancia personal.
Fue acusado de intento de misconduct in public office (conducta indebida en el ejercicio de un cargo público).
Y el caso tuvo consecuencias institucionales: el Departamento de Policía de Milwaukee restringió posteriormente el número de agentes que podían acceder al sistema Flock.
En Greer, Carolina del Sur, dos policías fueron despedidos en junio de 2026 precisamente por utilizar Flock de manera indebida.
El caso del cabo Kareem Lynch es particularmente cercano a lo que recordabas: utilizó las cámaras para buscar a otro agente con quien había mantenido una relación. Además, las búsquedas fueron registradas bajo pretextos como «welfare checks» y «city planning». Una auditoría posterior detectó la conducta y Lynch fue despedido.
El otro agente, Sebastian Echeverry, buscó matrículas de varias personas y habría introducido falsamente «alcohol offense» como justificación de las consultas. También fue despedido.
Y hay otro caso extraordinariamente ilustrativo en Costa Mesa, California: el exagente Robert Jay Josett se declaró culpable de utilizar herramientas policiales, incluidos lectores Flock, para seguir a su esposa, su amante y rivales sentimentales.
El sistema también puede convertirse en una especie de detective privado digital cuando alguien con autorización decide utilizarlo abusivamente.
Hay además una señal institucional interesante: en Fayetteville, Georgia, una auditoría de Flock descubrió en julio de 2026 que tres policías habían utilizado el sistema para consultar sus propios vehículos o los de familiares y conocidos. Los tres fueron despedidos.
