Además de los planes de adjudicación y explotación de las tierras de las comunidades aborígenes, busca resolver, en su caso, la cancelación de la inscripción, para todo lo cual deberá coordinar su acción con los gobiernos provinciales y prestar el asesoramiento necesario para facilitar los trámites.
El gobierno de Javier Milei busca la eliminación del rango de instituto para que pierda la asignación presupuestaria actual y se pueda avanzar en la reducción de la composición de personal mediante una auditoría.
Actualmente cuenta con las direcciones de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas, que incluye el programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas y su registro, y de Desarrollo de Comunidades Indígenas y tiene en su esquema a la áreas de Afirmación de los Derechos Indígenas, Asuntos Jurídicos y Técnica Administrativa DTA.
Desde el Gobierno sostienen que su función seguirá cumpliéndose y que solo será modificada su estructura. Lo mismo aplicaría para el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), que depende de Capital Humano y que está entre las áreas a desarmar por parte del oficialismo.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) gastó $1.907,81 millones en 2023, según el porcentaje de lo ejecutado en el presupuesto abierto del Gobierno. La asignación inicial fue de $1.324,47 millones, pero con la extensión presupuestaria de 2024, el INAI tiene asignados $2.357,35 millones, de los cuales ya gastó $205.260.000 en el personal y $3.520.000 en servicios no personales, esto es el 80,93% de este monto.