En una de las primeras y más contundentes decisiones en materia de seguridad de su flamante gobierno, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó el traslado inmediato de 117 reclusos de alto perfil hacia establecimientos penitenciarios de máxima seguridad. La medida, ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), apunta a retomar el control de las cárceles y evitar que los jefes criminales sigan operando desde el encierro.
El megaoperativo tuvo su epicentro en la cárcel La Paz del municipio de Itagüí, en el departamento de Antioquia. Según confirmó el gobernador de esa región, Andrés Julián Rendón, solo de ese penal fueron extraídos 103 cabecillas de diversas estructuras delictivas. Los 117 reclusos fueron redistribuidos a penales de alta seguridad ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.
Entre los nombres de mayor peso que fueron reubicados figuran José Leonardo Muñoz Martínez, alias «Douglas» (antiguo integrante de la Oficina de Envigado y cabecilla de La Terraza), Freyner Alonso Ramírez García, alias «Carlos Pesebre», alias «El Indio» y el exjefe paramilitar Hernán Giraldo. Muchos de estos criminales estaban directamente vinculados a los procesos de negociación y pacificación urbana que se habían impulsado durante la anterior administración.
La reubicación de estos reclusos no es solo una medida administrativa, sino un fuerte mensaje político. El presidente De la Espriella dejó en claro que la estrategia de su administración distará radicalmente de los diálogos sostenidos por el expresidente Gustavo Petro.
«Desde muy temprano estoy coordinando personalmente el traslado de cerca de 117 reclusos de la cárcel de Itagüí que seguían delinquiendo a sus anchas desde ese centro penitenciario», comunicó el mandatario. Fiel a su estilo directo, De la Espriella sentenció: «Los voy a mandar a cárceles de máxima seguridad en donde no puedan seguir delinquiendo. En la era del Tigre habrá mano de hierro para todos los bandidos».
El Gobierno Nacional denunció que estas estructuras criminales utilizaban las cárceles convencionales como centros de mando para mantener comunicaciones con organizaciones en el exterior y coordinar delitos como extorsiones, asesinatos y narcotráfico.
«Que nadie dude de que no voy a permitir que los delincuentes sigan desde los establecimientos carcelarios haciendo lo que les da la gana», enfatizó el Jefe de Estado.
El ultimátum del nuevo presidente resonó con claridad: «Los integrantes de las bandas criminales y del narcoterrorismo tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su Fuerza Pública».
