El Comando Sur de EEUU (SOUTHCOM) anunció la conformación de un nuevo Componente Combinado de Fuerzas de Operaciones Especiales que reunirá a Argentina y otros 16 países del continente bajo una estructura de mando multinacional para el ejercicio PANAMAX 2026. La iniciativa será conducida por el Mayor General Kevin Jarrard y representa uno de los mayores esfuerzos de integración militar regional impulsados por Washington en los últimos años.
Enmarcado en el denominado «Escudo de las Américas» impulsado por la administración de Donald Trump, recupera abiertamente la famosa Doctrina Monroe de 1823 («América para los americanos») para redefinir el rol de las fuerzas armadas latinoamericanas, convirtiéndolas en brazos auxiliares de la inteligencia y la vigilancia de Washington.
Entre los países participantes figuran Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, además de EEUU y otros socios del ejercicio. El objetivo oficial es fortalecer la interoperabilidad entre fuerzas especiales, mejorar la coordinación operativa y perfeccionar la respuesta conjunta ante amenazas transnacionales, protección de infraestructura crítica y escenarios de crisis. Destinado, en principio, a buscar ejercer presión sistémica contra cárteles de droga y amenazas transnacionales en el Caribe y el Pacífico.
La activación de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM) representa un hito estratégico de gran relevancia para la arquitectura de defensa continental. La nueva fuerza surge tras la transición de la Fuerza de Tarea Conjunta-Lanza del Sur (JTF 84-2),estructura que el general Donovan describió como heredera de un legado de precisión, profesionalismo y capacidad operativa. Según el Comandante del SOUTHCOM, la nueva fuerza conjunta se apoyará en esa experiencia acumulada para ampliar las operaciones de seguridad y consolidar una respuesta coordinada frente a amenazas compartidas en el hemisferio occidental.
Aunque el proyecto se presenta como un mecanismo de cooperación militar, su lanzamiento ocurre en un contexto geopolítico especialmente delicado. Desde hace varios años, el SOUTHCOM sostiene que América Latina se ha convertido en un escenario de competencia estratégica entre EEUU y potencias como China, Rusia e Irán, cuyo creciente peso económico, tecnológico y diplomático preocupa al Pentágono.
En diversos documentos estratégicos, el Comando Sur ha advertido que la expansión de la influencia china en la región mediante inversiones en puertos, infraestructura, telecomunicaciones, minería, energía y proyectos espaciales constituye uno de los principales desafíos para la seguridad y los intereses estadounidenses en el hemisferio occidental. Funcionarios estadounidenses han señalado en reiteradas oportunidades que Pekín busca consolidar capacidades logísticas y una presencia de largo plazo que podría tener implicancias estratégicas en un eventual conflicto internacional.
En ese escenario, el fortalecimiento de estructuras militares multinacionales como la anunciada es interpretado por diversos analistas como parte de la estrategia estadounidense para consolidar una red de aliados capaces de operar de manera coordinada ante futuras crisis regionales o globales. Si bien el nuevo comando no constituye una alianza de defensa colectiva comparable con la OTAN y no obliga a los países participantes a intervenir militarmente unos en defensa de otros, sí incrementa significativamente la interoperabilidad entre sus fuerzas armadas.
Pero el problema en todo esta participación es que vincular a las Fuerzas Armadas argentinas a una estructura internacional que ejecuta operaciones al margen del derecho internacional y sin la autorización del Congreso de la Nación agrava exponencialmente la situación judicial del Gobierno nacional. Cabe recordar que la denuncia penal presentada por el diputado Juan Marino y el constitucionalista Eduardo Barcesat (expediente 3303/2026 en el Juzgado Federal Nº10) imputa a Javier Milei, al canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa, Carlos Presti, por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y Traición a la Patria.
Al subordinarse a la «Doctrina Donroe» y a la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM), la Argentina renuncia a su doctrina de Defensa Nacional autónoma. Si el Atlántico Sur pasa a ser un «espacio común» vigilado por esta fuerza conjunta conducida por un general de los Marines, el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur queda totalmente desarticulado.
