La preocupación por la seguridad de las infraestructuras financieras ha adquirido una nueva dimensión con el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial capaces de automatizar tareas complejas. El 16 de octubre, según informaciones publicadas por Reuters, los ministros de Finanzas del G7 acordaron realizar ejercicios de simulación de ciberataques potenciados por inteligencia artificial contra instituciones financieras y servicios críticos. La decisión fue comunicada por la Ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, después de una reunión de ministros y gobernadores de bancos centrales celebrada en Bangkok.
El objetivo de estos ejercicios es evaluar la capacidad de respuesta de las autoridades ante incidentes que puedan afectar simultáneamente a varios países, interrumpir los sistemas de pago o comprometer infraestructuras tecnológicas compartidas. Entre los escenarios que preocupan a los reguladores figuran los ataques contra proveedores de servicios digitales, las intrusiones en redes bancarias y las interrupciones prolongadas de operaciones financieras esenciales.
La preparación de estos ejercicios constituye una señal de preocupación real por la vulnerabilidad del sistema financiero, pero no demuestra que se esté planificando un ataque deliberado. Las simulaciones de crisis son una práctica habitual en sectores críticos y permiten identificar fallos antes de que se produzca una emergencia real.
El peligro asociado a la inteligencia artificial reside, principalmente, en su capacidad para acelerar determinadas operaciones maliciosas. Los sistemas automatizados pueden ayudar a identificar vulnerabilidades, generar mensajes fraudulentos personalizados, adaptar código malicioso y coordinar numerosos intentos de intrusión. Esto puede reducir el tiempo disponible para detectar y contener un ataque, especialmente cuando afecta a varias instituciones conectadas entre sí.
Un incidente de gran escala no tendría que provocar necesariamente la desaparición del dinero para generar consecuencias económicas importantes. Bastaría con que determinados bancos perdieran temporalmente la capacidad de procesar pagos, que los clientes no pudieran acceder a sus cuentas o que las empresas encontraran dificultades para cumplir sus obligaciones financieras.
En ese escenario, el problema central sería la confianza. Una interrupción prolongada de los pagos y los servicios bancarios podría generar tensiones de liquidez, operaciones fallidas y comportamientos de pánico, incluso si los registros contables y los fondos de los clientes permanecieran intactos.
Los bancos estadounidenses ante el desafío de los agentes autónomos
La preocupación por la inteligencia artificial también está llegando al interior de las entidades financieras. El 22 de octubre de 2026, Axios informó de que varios grandes bancos estadounidenses estaban detectando actividad de agentes de inteligencia artificial de terceros en cuentas de clientes. Reuters recogió posteriormente la información, aunque señaló que no había podido verificarla de manera independiente.
Entre las entidades mencionadas se encuentran JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo y Morgan Stanley. No obstante, la información no permite afirmar que los cuatro bancos hayan confirmado incidentes idénticos. Morgan Stanley, en particular, declaró que no había observado agentes descontrolados accediendo a sus plataformas.
El problema surge cuando un sistema de inteligencia artificial deja de limitarse a responder preguntas y empieza a ejecutar operaciones. Un usuario puede autorizar a un agente a consultar movimientos bancarios, organizar gastos o preparar pagos. Sin embargo, esa autorización no implica necesariamente que también deba poder realizar transferencias, modificar datos de la cuenta o ejecutar operaciones financieras adicionales.
La diferencia entre una herramienta que proporciona información y un agente capaz de actuar sobre el dinero de una persona introduce nuevos riesgos de seguridad, autorización y responsabilidad. Un sistema podría interpretar incorrectamente una instrucción, utilizar credenciales de forma inadecuada o ejecutar acciones que excedan los permisos que el usuario pretendía concederle.
Esto no significa que se haya demostrado una campaña generalizada de vaciamiento de cuentas bancarias. La información disponible no establece una cifra verificable de cuentas afectadas ni pérdidas financieras sistémicas atribuibles a estos agentes. La preocupación principal es que la automatización puede multiplicar la escala de determinados errores o actividades fraudulentas.
Las entidades financieras tienen incentivos para restringir accesos, reforzar la autenticación y desarrollar mecanismos capaces de distinguir entre operaciones legítimas y comportamientos anómalos. Estas medidas pueden explicar parte de la creciente atención regulatoria hacia la inteligencia artificial sin necesidad de recurrir a la hipótesis de una transición financiera organizada mediante una crisis.
La Ley GENIUS y el papel estratégico de las stablecoins
Uno de los elementos más importantes de esta transformación es la GENIUS Act, promulgada por Donald Trump el 18 de julio de 2025. La ley establece un marco federal para regular las stablecoins de pago en Estados Unidos y forma parte de una estrategia más amplia destinada a promover el uso internacional de activos digitales vinculados al dólar.
Las stablecoins son tokens digitales diseñados para mantener una paridad con una moneda de referencia. Las denominadas en dólares pretenden conservar un valor equivalente a un dólar por unidad y permiten realizar transferencias a través de redes blockchain, dependiendo de las características de cada sistema.
La GENIUS Act exige a los emisores autorizados mantener reservas de al menos un dólar por cada dólar de stablecoins de pago en circulación, mediante activos admitidos por la normativa. Entre ellos se encuentran el efectivo, determinados depósitos y títulos del Tesoro estadounidense de vencimiento muy corto, además de otras categorías permitidas.
Este mecanismo puede convertir la expansión de las stablecoins en una fuente adicional de demanda para la deuda pública estadounidense. Cuando un emisor recibe fondos y decide mantener parte de sus reservas en letras del Tesoro, contribuye a crear demanda para esos instrumentos financieros.
El proceso es relativamente sencillo. Una persona compra una stablecoin vinculada al dólar; el emisor recibe los fondos y mantiene reservas; una parte de esas reservas puede invertirse en deuda pública estadounidense. Posteriormente, los tokens pueden circular entre usuarios de distintos países sin que cada transferencia tenga que recorrer necesariamente todos los canales de la banca internacional tradicional.
Sin embargo, hay una precisión importante: no cada dólar de stablecoins genera automáticamente una compra nueva de deuda pública. Las reservas pueden estar ya invertidas en títulos del Tesoro y parte del crecimiento del sector puede proceder de dinero que antes se encontraba en depósitos bancarios u otros instrumentos denominados en dólares. El efecto final depende de la procedencia de los fondos y de las decisiones de inversión de los emisores.
La estrategia estadounidense tiene dos objetivos potencialmente complementarios. Por un lado, busca ampliar la utilización internacional del dólar mediante infraestructuras digitales. Por otro, puede contribuir a diversificar la base de compradores de deuda pública, aunque su impacto sobre los costes de financiación depende también de los tipos de interés, la inflación y el volumen de deuda emitida.
En enero de 2025, la Administración Trump ya había establecido como objetivo promover el desarrollo y la expansión internacional de las stablecoins respaldadas por dólares. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también defendió públicamente la posibilidad de que estos instrumentos reforzaran el papel internacional de la moneda estadounidense y generaran una mayor demanda de títulos del Tesoro.
La idea de utilizar la infraestructura digital para ampliar la circulación internacional del dólar no es una teoría marginal: forma parte de la orientación económica declarada por el Gobierno estadounidense.
Un dólar digital que no necesita una cuenta bancaria estadounidense
La importancia geopolítica de las stablecoins va más allá de la tecnología. Una persona que vive en un país con una moneda inestable puede intentar mantener ahorros denominados en dólares sin disponer de una cuenta bancaria en Estados Unidos. A través de determinados intermediarios, puede adquirir tokens vinculados al dólar y transferirlos mediante una red blockchain.
Esto abre la posibilidad de que el dólar continúe extendiéndose internacionalmente a través de nuevas infraestructuras de pago. En lugar de depender exclusivamente de cuentas bancarias y transferencias internacionales tradicionales, una parte de las transacciones podría realizarse mediante activos digitales emitidos por entidades privadas.
La diferencia es relevante porque el sistema monetario internacional no depende únicamente de la moneda utilizada, sino también de las redes por las que circula y de las instituciones que facilitan su conversión, liquidación y custodia.
En este contexto, suele mencionarse a SWIFT, la red de mensajería financiera utilizada por bancos e instituciones para intercambiar instrucciones y datos de pagos internacionales. Sin embargo, SWIFT no es una moneda ni constituye por sí sola el sistema en el que se conserva todo el dinero mundial.
Las stablecoins pueden reducir la dependencia de determinados intermediarios para algunas transferencias, pero no sustituyen automáticamente toda la infraestructura financiera existente. Los emisores, las plataformas de intercambio, las redes blockchain y los mecanismos de conversión a monedas locales también pueden sufrir interrupciones o estar sujetos a restricciones regulatorias.
El escenario más plausible es la coexistencia de diferentes sistemas de pago, con el dólar circulando tanto por canales financieros tradicionales como por redes digitales. Eso podría modificar la competencia entre intermediarios sin provocar necesariamente la desaparición de la banca convencional.
¿Un nuevo Bretton Woods?
Las referencias a un posible nuevo orden económico internacional también tienen antecedentes verificables. En julio de 1944, representantes de 44 países aliados se reunieron en Bretton Woods, Estados Unidos, para establecer las bases del sistema monetario y financiero de la posguerra. De aquella conferencia surgieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, además de un marco monetario internacional centrado en el dólar y vinculado al oro bajo reglas que posteriormente dejaron de funcionar.
En abril de 2025, Scott Bessent pronunció un discurso sobre el orden económico internacional en el que invocó expresamente Bretton Woods y defendió reformas de las instituciones financieras multilaterales, así como un mayor liderazgo estadounidense.
Estas declaraciones reflejan el interés de Washington por influir en la evolución de las reglas económicas internacionales. Sin embargo, no demuestran la existencia de un acuerdo secreto para provocar una crisis bancaria y sustituir el sistema monetario por stablecoins.
La transformación podría ser más gradual y compleja. Los bancos podrían continuar ofreciendo depósitos, créditos y servicios financieros mientras incorporan activos tokenizados y nuevas infraestructuras de liquidación. Las empresas tecnológicas y los emisores privados podrían ganar protagonismo en determinados pagos, mientras los bancos centrales mantienen funciones esenciales en la política monetaria y la estabilidad financiera.
La disputa estratégica consiste, en buena medida, en determinar quién controla las infraestructuras, los activos y las reglas que permiten que el dinero circule en la economía digital.
Identidad digital, pruebas de conocimiento cero y privacidad financiera
Otro componente del debate es el desarrollo de tecnologías destinadas a verificar identidades sin revelar toda la información personal del usuario. Entre ellas se encuentran las pruebas de conocimiento cero, conocidas por sus siglas en inglés como ZKP.
Esta técnica criptográfica permite demostrar que una afirmación es verdadera sin revelar necesariamente todos los datos utilizados para demostrarla. Por ejemplo, un sistema podría verificar que una persona cumple un requisito de edad sin exigir que comparta toda la información contenida en su documento de identidad.
En el ámbito financiero, estas herramientas podrían facilitar comprobaciones de identidad y cumplimiento normativo con una divulgación menor de datos personales. Su aplicación dependerá, no obstante, de cómo estén diseñados los sistemas y de qué información necesiten comprobar las entidades.
La publicación que ha originado el debate menciona a DNAOnChain, un proyecto que promueve herramientas de identidad digital basadas en pruebas de conocimiento cero y registros vinculados a XRP Ledger. La existencia de desarrollos y demostraciones técnicas no demuestra, por sí sola, que la iniciativa vaya a convertirse en una infraestructura central del sistema financiero mundial.
Para evaluar su importancia serían necesarias pruebas de adopción institucional, contratos verificables, auditorías independientes y datos sobre el funcionamiento real del producto.
También conviene distinguir entre privacidad y anonimato. Una tecnología puede permitir demostrar una identidad o una condición sin revelar determinados datos personales y, al mismo tiempo, mantener registros de transacciones que puedan ser analizados. En una blockchain pública, las direcciones, los importes y los movimientos pueden resultar visibles, aunque la identidad real del titular no siempre sea conocida.
Además, determinados emisores de stablecoins disponen de mecanismos para bloquear direcciones o congelar fondos cuando corresponde, según las características del token y las normas aplicables. La combinación de registros públicos, intermediarios regulados y herramientas de análisis puede facilitar el seguimiento de operaciones financieras.
Por ello, las stablecoins privadas no deben confundirse con las monedas digitales de bancos centrales, ni considerarse automáticamente sistemas anónimos o ajenos a la supervisión financiera.
¿Existe un plan para apagar Internet y los bancos?
La afirmación más grave de la publicación sostiene que Internet y el sistema bancario serán desconectados para facilitar la transición hacia una nueva economía basada en stablecoins. Sin embargo, no se han aportado documentos oficiales, órdenes gubernamentales ni pruebas verificables que demuestren la existencia de ese plan.
La preparación ante ciberataques, la aprobación de una ley sobre stablecoins y la promoción de nuevas tecnologías financieras son acontecimientos distintos. Que coincidan en el tiempo no demuestra que respondan a una operación coordinada destinada a provocar un colapso.
Además, una interrupción prolongada de Internet podría perjudicar a los propios sistemas digitales que se pretende expandir. Las stablecoins necesitan redes, dispositivos, proveedores de servicios y mecanismos para convertirse en dinero utilizable. Una crisis de conectividad afectaría tanto a los bancos tradicionales como a numerosas plataformas digitales.
Esto no significa que un ataque cibernético grave sea imposible. Una interrupción real podría dificultar temporalmente los pagos, impedir transferencias y provocar problemas de liquidez. Si coincidiera con una crisis financiera, sus consecuencias podrían ser considerables.
La publicación también menciona las llamadas de margen, que obligan a determinados inversores a aportar garantías adicionales cuando sus posiciones apalancadas pierden valor o aumenta el riesgo. Si una interrupción impidiera transferir fondos dentro de los plazos exigidos, podrían producirse liquidaciones forzosas y pérdidas adicionales.
Pero se trata de un riesgo potencial, no de una prueba de que esas restricciones vayan a utilizarse deliberadamente para imponer una nueva infraestructura financiera.
La posibilidad de que una crisis acelere determinadas reformas es distinta de la afirmación de que la crisis ha sido diseñada con ese propósito. La segunda requiere pruebas mucho más sólidas que la mera coincidencia de acontecimientos tecnológicos, financieros y políticos.
Las posibles consecuencias para Argentina
Para Argentina, la expansión de las stablecoins vinculadas al dólar tiene especial relevancia debido a la demanda de activos denominados en moneda estadounidense como reserva de valor y referencia económica.
Una mayor utilización de estos instrumentos podría facilitar determinadas transferencias internacionales y ampliar las opciones para mantener valor denominado en dólares. También podría incrementar la competencia entre bancos, plataformas financieras e intermediarios digitales.
Sin embargo, estos activos no ofrecen necesariamente las mismas garantías que el efectivo o los depósitos bancarios. Pueden existir riesgos relacionados con el emisor, la custodia, la liquidez, la pérdida de paridad con el dólar, la congelación de fondos y las restricciones legales aplicables.
Para los usuarios argentinos, la cuestión no consiste solamente en saber si una stablecoin mantiene su precio cercano a un dólar. También importa quién la emite, qué reservas la respaldan, cómo se puede reembolsar, qué mecanismos de custodia existen y qué normas se aplican a cada operación.
La expansión de estas monedas tampoco elimina los riesgos macroeconómicos ni garantiza un acceso irrestricto a dólares. Su utilidad depende de la infraestructura tecnológica, de los intermediarios disponibles y del marco jurídico correspondiente.
Qué señales permitirían detectar una transformación más profunda
La evolución de este proceso puede evaluarse mediante indicadores concretos. Entre ellos figuran la implementación efectiva de la GENIUS Act, las normas definitivas sobre reservas y reembolsos, el crecimiento de las tenencias de títulos del Tesoro por parte de los emisores de stablecoins y la adopción institucional de sistemas de identidad digital.
También será importante observar la naturaleza de los incidentes cibernéticos. No es lo mismo realizar simulaciones preventivas que afrontar interrupciones documentadas de servicios de pago, restricciones extraordinarias de acceso a cuentas o fallos prolongados en infraestructuras críticas.
En el terreno empresarial, las afirmaciones sobre proyectos como DNAOnChain deberían contrastarse con contratos, auditorías, asociaciones verificables y datos de adopción. La promoción de una tecnología no equivale a demostrar que se convertirá en un componente esencial de las finanzas mundiales.
La evidencia más útil no será la cantidad de publicaciones alarmistas que circulen en redes sociales, sino la existencia de decisiones regulatorias, movimientos financieros y cambios operativos que puedan comprobarse de manera independiente.
