El Gobierno alemán habría decidió clasificar información relacionada con advertencias tempranas previas al sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, ocurrido el 26 de septiembre de 2022.
Si llegara a demostrarse que el Gobierno alemán recibió avisos concretos antes del atentado y no actuó adecuadamente, podrían abrirse interrogantes sobre fallos en la protección de infraestructuras críticas, posibles errores de coordinación entre inteligencia y autoridades civiles, y responsabilidad política de quienes recibieron esas alertas.
La Cancillería Federal alemana se ha negado a revelar si recibió información de inteligencia anticipada sobre los planes para sabotear los gasoductos Nord Stream en 2022.
La diputada del partido AfD, Anna Rathert, preguntó si el entonces Ministro de Hacienda, Wolfgang Schmidt, había sido advertido por los servicios de inteligencia extranjeros y si el gobierno no tomó medidas preventivas a pesar de dicha advertencia.
La investigación surge a raíz de informes que indican que la inteligencia militar holandesa tuvo conocimiento de un posible plan de sabotaje ucraniano en el verano de 2022 e informó a la CIA. Según se informa, la advertencia fue transmitida al BND alemán y a la Cancillería, donde Schmidt habría desestimado la información por considerarla inverosímil.
El contenido exacto de esos informes no ha sido divulgado oficialmente, pero los periodistas que tuvieron acceso a parte de la documentación sostienen que la Cancillería decidió clasificarla y restringir su difusión incluso ante solicitudes de parlamentarios. Esta circunstancia ha alimentado las críticas de quienes consideran que el Ejecutivo alemán no ha sido completamente transparente respecto a lo que sabía antes del sabotaje.
La Cancillería justificó su negativa alegando que la divulgación podría perjudicar los intereses nacionales de Alemania, dañar la cooperación con los servicios de inteligencia extranjeros, motivos de seguridad nacional y a la necesidad de proteger las pesquisas judiciales. Incluso rechazó la posibilidad de proporcionar una respuesta clasificada a través de las instalaciones seguras del Bundestag, bloqueando así, en la práctica, un escrutinio parlamentario efectivo.
Berlín sostiene que revelar documentos de inteligencia o detalles operativos podría comprometer fuentes, métodos de investigación y la cooperación con servicios de inteligencia de otros países. Esa ha sido también la explicación ofrecida en diversas respuestas al Parlamento alemán cuando se le ha solicitado información adicional sobre el caso.
El gobierno insiste en que su silencio no debe interpretarse ni como una confirmación ni como una negación. Sin embargo, en la práctica, esta negativa impide que los legisladores y la ciudadanía determinen qué sabían los altos funcionarios antes de las explosiones y si no actuaron.
