Hoy el mundo está en alerta por el apocalipsis climático que vaticinan los ecologistas y que utilizan los globalistas para legitimar el poder concentrado en las élites. En ese sentido nunca falta el genio del voto que propone subir ciertos precios en forma centralizada creyendo que así se controlaría los índices de consumo (mermando en teoría la huella de carbono).
Los progresistas constantemente están pidiendo nuevos impuestos sobre los productos que no son Eco-Friendly, esos que aun cuando cumplen con cuanta traba legal existe, no poseen espalda económica para arrodillarse ante la extorsión que realizan ciertas ONG; en consecuencia, si la empresa no les paga a estos entes no gubernamentales entonces le debe pagar directamente al gobierno, lo importante es que la empresa pague sin importar si sus productos contaminan o no. Ejemplos concretos se observan en EEUU donde el Green New Deal justifica, dentro de un presupuesto insólito para tal nación, la aparición de la llamada tarifa de importación de contaminadores. Esto requeriría que las empresas que quieran vender acero, hierro y otros bienes a los Estados Unidos paguen un precio por cada tonelada de dióxido de carbono que se emite durante sus procesos de fabricación. Si los países no pueden o no quieren hacer eso, Estados Unidos podría imponer su propio precio. Otro ejemplo se ve en los funcionarios de la Unión Europea que ya han esbozado planes para un sistema similar, llamado «impuesto fronterizo al carbono», aunque ningún país ha adoptado tal sistema.
En teoría, estos impuestos a la importación presionarían a los países que hacen mucha manufactura sucia para que adopten sus propias reglas ambientales más estrictas. En la práctica es algo distinto. Dan Mitchell, economista del Centro para la Libertad y la Prosperidad, señala que tales medidas requerirían una expansión masiva de la burocracia federal para medir la cantidad de carbono producida por cada bien importado, como para determinar las tarifas arancelarias y hacer cumplir el pago. Esto sería “una enorme receta para el amiguismo y el favoritismo”.
Si uno observa cómo la agenda ecologista escaló desde el activismo privado hasta llegar a la burocracia supraestatal, logrará luego entender el por qué los aranceles arbitrarios de nada sirven para proteger el ambiente. The Wall Street Journal cómo las empresas serían fuertemente intervenidas por las famosas «auditorías de carbono» realizadas por los delegados de la Comisión Europea. Las empresas que se nieguen estarán sujetas a un arancel general basado en las emisiones de los 10 productores europeos «más sucios» de los mismos bienes. Eso es simplemente un proteccionismo ilegítimo bajo la apariencia de ambientalismo. Además, es lógico que tal intervención aumentaría los costos para los consumidores al tiempo que expulsa a muchos productores y empresarios más pequeños que actualmente venden productos en el mercado de la UE; quienes no poseen el capital para afrontar las inversiones requeridas sucumben ante los metacapitales que financian la agenda ecologista.
Algún Eco-Liberal diría que tales impuestos al carbono sería una forma efectiva de trasladar un costo real por la futura contaminación, pero ciertamente lo que sucedería es que determinados metacapitales se trasladarían a partes del mundo donde esas políticas no existen. Empresas reconocidas actualmente ya tienen sedes de fabricación dura en países que ocupan los principales puestos en naciones contaminantes, pero son luego las que promueven intervenciones estatales en otros países para eliminar la competencia. El impuesto fronterizo sobre el carbono o la tasa de importación de los contaminadores puede entenderse como un intento de limitar la contaminación y de universalizar una política global para que las naciones desarrolladas no se extralimiten. Pero lo real es que el gravamen repercute en los propios ciudadanos quienes terminan viendo empresas locales quebrar ante la competencia desleal de los capitales transnacionales que ya crecieron produciendo a base de esclavitud y contaminación.
Desincentivar el consumo de bienes y servicios (más cuando son esenciales) a través de aranceles especiales rara vez suele ser efectivo (por no decir nunca). Eliminar las burocracias sí supone un verdadero cuidado a la economía y, en consecuencia, al ambiente.