La justicia de Uruguay suspendió la vacunación de menores de 13 años

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Un juez de Uruguay decidió este jueves «la suspensión inmediata» de la vacunación contra el coronavirus a niños menores de 13 años, hasta que se conozcan los contratos entre el Estado y la farmacéutica Pfizer y la «composición de las sustancias» contenidas.

El juez pidió más datos sobre la compra y la composición de los fármacos que se aplican a niños; el gobierno apelará la medida y tildó al fallo de “disparate”.

«Bajo apercibimiento de desacato», el juez Alejandro Recarey, que actúa como suplente en un juzgado de lo Contencioso Administrativo, tomó la determinación tras un pedido de amparo para suspender la inoculación de la vacuna a niños, prevista en el país a partir de los 5 años de edad, aunque de forma voluntaria.

La suspensión, comunicada en un fallo emitido este jueves, estará vigente hasta que «se publique o publiquen íntegros (…) todos los contratos de compra de estas vacunas» y los documentos que «detallen la composición de las sustancias a inocular», reza la resolución.

El gobierno de Luis Lacalle Pou, que junto con Pfizer habían sido requeridos para presentar información sobre las vacunas por el mismo magistrado, anunció que acatará la sentencia -que tiene efecto inmediato- pero hará apelación.

Recarey entiende que se debe «suministrar a los responsables de los menores que se vacunen» un texto «que informe completamente y con claridad» del contenido de las inyecciones, sus beneficios, los riesgos que conlleve su suministro «con detalle de naturaleza, probabilidad (y) magnitud», y los «efectos adversos ya detectados, en su totalidad».

“Los fallos se acatan, pero se pueden criticar y este es un disparate”, dijo el Secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, cuyo rol es como el de un jefe de gabinete argentino. No ocultó su enojo con el magistrado y dijo que el gobierno preparó la apelación inmediata del fallo judicial por considerarlo “inadmisible” y que “pone en riesgo la salud de los menores”.

Delgado citó tramos del fallo que le generaron enojo, como cuando el juez dice “que dicta (la sentencia) entre otras cosas porque el plan de vacunación es ilegal e inconstitucional y que pesaron los intereses económicos de las empresas farmacéuticas privadas”. Esa acusación levantó temperatura en Casa de Gobierno.

“Estoy muy preocupado y hay muchos que están indignados”, dijo Delgado, y agregó: “No me siento muy orgulloso como uruguayo del fallo”.

Las disposiciones del contrato firmado entre el gobierno uruguayo y Pfizer no tomaron estado público en el país sudamericano de 3,5 millones de habitantes, que tuvo una precoz campaña de vacunación contra el COVID-19.

Antes de la sentencia, el Ejecutivo uruguayo recusó al juez al cuestionar su imparcialidad «por haber dado su opinión previa respecto a la misma temática».

En otra sentencia, falló contra el Ministerio de Salud Pública a que se “abstenga de todo acto, hecho u omisión que exponga la situación sanitaria” o se “imponga un trato diferencial” a personas para salir o entrar a Uruguay por su condición de “no vacunadas”.

En un comunicado difundido este mismo jueves en Twitter, el Ministerio de Salud Pública señaló que la vacunación en el país estuvo «basada en la evidencia científica disponible».