Cerca de tres millones de clientes quedaron sin acceso a sus cuentas, mientras salían a la luz los vínculos empresariales del presidente con el grupo propietario de la entidad, que llegó a administrar unos 850 millones de dólares en fondos públicos. La presión social, las investigaciones y la pérdida de respaldo dentro de su propio partido terminaron precipitando la renuncia del mandatario.
La crisis política y financiera que atraviesa Paraguay tuvo este jueves 5 de noviembre su desenlace más dramático: el Presidente Santiago Peña presentó su renuncia a la Presidencia de la República, en medio del escándalo provocado por la intervención de Ueno Bank y del avance de un proceso de juicio político en su contra. La decisión llegó después de varios días de tensión, protestas y cuestionamientos sobre la relación entre el Gobierno y el grupo empresarial que controlaba la entidad financiera.
El episodio comenzó el pasado 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció la intervención y el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, una entidad financiera digital que había experimentado un crecimiento acelerado y que contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes en un país de poco más de seis millones de habitantes. La medida dejó a millones de usuarios sin posibilidad de disponer libremente de sus depósitos, incluidos trabajadores, jubilados y personas que utilizaban la entidad para recibir sus ingresos.
En la práctica, el bloqueo de las cuentas provocó una situación comparable a un corralito bancario, aunque circunscripta a una entidad financiera y no al conjunto del sistema bancario paraguayo. Los clientes quedaron atrapados en una crisis que no habían provocado y comenzaron a reclamar la devolución de sus ahorros, mientras crecía la incertidumbre sobre el destino de los fondos y la capacidad de las autoridades para garantizar su recuperación.
La intervención del Banco Central y el deterioro de Ueno Bank
Según el comunicado oficial del Banco Central, la intervención se decidió después de detectar que el índice de solvencia de Ueno Bank había caído por debajo del 50% del mínimo legal exigido, como consecuencia de los ajustes realizados a sus estados financieros durante un proceso de regularización.
La resolución fue adoptada por unanimidad por el directorio del organismo el 2 de noviembre y anunciada públicamente al día siguiente. El procedimiento se encuadró en la Ley 2334/03, que regula la garantía de depósitos y la resolución de entidades financieras.
La autoridad monetaria justificó la decisión señalando que era necesario preservar los activos de la entidad, verificar su situación patrimonial y proteger a los depositantes. Sin embargo, la magnitud del problema quedó expuesta cuando se conoció que Ueno Bank administraba aproximadamente 850 millones de dólares en fondos públicos, incluyendo importantes recursos vinculados al Instituto de Previsión Social (IPS), organismo encargado de administrar los recursos de la seguridad social paraguaya.
El Banco Central estableció que los depósitos cuentan con una cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta 75 salarios mínimos por persona y por entidad, equivalente entonces a 228,3 millones de guaraníes. Los saldos que superen ese límite deberán quedar sujetos a los mecanismos previstos para el procedimiento de resolución.
La situación generó una enorme preocupación entre los ahorristas, especialmente por la presencia de fondos vinculados al pago de salarios, jubilaciones y obligaciones de organismos estatales.
La trama empresarial y los vínculos de Santiago Peña con el banco
Uno de los aspectos más delicados del escándalo es la relación que el propio presidente mantenía con el conglomerado empresarial propietario de Ueno Bank.
Peña había sido accionista de Ueno Holding, una sociedad vinculada al Grupo Vázquez, que controlaba la entidad financiera. Según las declaraciones patrimoniales examinadas por la prensa paraguaya, al asumir la Presidencia en agosto de 2023 declaró acciones por unos 6.144 millones de guaraníes, equivalentes entonces a aproximadamente 840.000 dólares.
El mandatario mantuvo esa participación durante aproximadamente un año y siete meses de su Gobierno, hasta que vendió sus acciones a finales de marzo de 2025. La operación fue comunicada públicamente en abril de ese año.
Sin embargo, su relación financiera con Ueno no terminó con esa venta. Investigaciones periodísticas revelaron que Peña continuó teniendo inversiones personales mediante certificados de depósito de ahorro en la entidad, que aumentaron de 2.400 millones de guaraníes en 2023 a 5.600 millones en septiembre de 2026. También declaró un préstamo de 2.232 millones de guaraníes con el banco para financiar la construcción de una residencia de verano en San Bernardino.
A esto se sumaron los vínculos empresariales de su hermano, Francisco Peña Palacios, quien figuró como accionista de una sociedad constituida en Luxemburgo relacionada con la estructura societaria del Grupo Vázquez y Ueno Bank. Su participación fue posteriormente transferida al grupo empresarial.
Estos antecedentes alimentaron las sospechas de posibles conflictos de intereses, especialmente porque el banco recibió importantes depósitos de organismos públicos durante la administración de Peña. No obstante, la existencia de relaciones empresariales o familiares no demuestra por sí misma que el presidente haya intervenido ilegalmente en las operaciones financieras o en la colocación de fondos estatales.
La investigación también puso bajo la lupa las operaciones crediticias de Ueno con empresas vinculadas a sus propietarios. Un informe de supervisión del Banco Central, fechado en julio y divulgado por la prensa paraguaya, identificó préstamos por aproximadamente 123 millones de dólares a tres compañías relacionadas, un volumen equivalente al 30 % del patrimonio efectivo del banco, cuando el límite regulatorio aplicable era del 20 %. El exceso calculado rondaba los 41,5 millones de dólares.
Las empresas señaladas fueron Mowi S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A. Las operaciones quedaron bajo investigación por posibles incumplimientos regulatorios, deficiencias en las garantías y problemas en la documentación de los créditos.
El caso tomó todavía mayor dimensión cuando las autoridades emitieron órdenes de detención contra ocho directivos de Ueno, quienes se presentaron ante la Justicia. Sus bienes fueron congelados y algunos quedaron bajo arresto domiciliario, mientras avanzaban las investigaciones penales.
La renuncia del presidente y sus declaraciones
La presión política se intensificó durante la mañana del jueves, cuando sectores de la oposición y referentes del propio Partido Colorado comenzaron a respaldar la salida de Peña. El presidente de la Asociación Nacional Republicana, Horacio Cartes, también manifestó que su partido no debía respaldar lo que calificó como un posible perjuicio a los fondos públicos, privados y de los jubilados.
El expresidente Nicanor Duarte Frutos se sumó a las críticas y acusó al mandatario de haber defraudado la confianza de los paraguayos y de actuar con una codicia que, según sus palabras, nunca había visto en otro Gobierno.
En paralelo, la Cámara de Diputados avanzaba con el tratamiento de un pedido de juicio político contra Peña. La pérdida del respaldo de sectores oficialistas terminó de dejar al presidente en una posición extremadamente comprometida.
Finalmente, Peña comunicó su renuncia mediante un video difundido en sus redes sociales. En su mensaje sostuvo: «He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República; lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas».
El mandatario describió la situación como uno de los momentos más difíciles de su vida y agregó: «También quiero pedir disculpas al pueblo. Si en algún momento he fallado, nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí».
En relación con los ahorristas afectados, expresó que su mayor deseo era que se garantizara la devolución de los recursos y que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpliera su finalidad. También pidió que se protegieran los fondos públicos y los recursos pertenecientes a todos los paraguayos.
La renuncia llegó cuando el presidente ya no contaba con garantías de respaldo político dentro de su propia fuerza, y cuando el Congreso se preparaba para avanzar con su destitución.
El Congreso aprobó el juicio político pese a la renuncia
La dimisión no detuvo inmediatamente el procedimiento legislativo. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 78 votos a favor y ninguno en contra, el libelo acusatorio para iniciar el juicio político contra Peña, incluso después de que el mandatario anunciara su salida.
La decisión dejó en manos del Senado la resolución definitiva sobre el procedimiento y la aceptación formal de la renuncia. La cuestión no es solamente institucional: también tiene consecuencias sobre la situación jurídica del mandatario, dado que una destitución mediante juicio político y una renuncia aceptada pueden tener efectos diferentes sobre su condición posterior y sus fueros.
El vicepresidente Pedro Alliana quedó como principal figura de la sucesión presidencial, con la posibilidad de completar el mandato constitucional hasta agosto de 2028. Los diputados, por su parte, rechazaron el pedido de juicio político contra Alliana, despejando el camino para una eventual transición.
La crisis también alcanzó al propio Banco Central: su presidente, Carlos Carvallo, presentó su renuncia el martes, después de la intervención de Ueno Bank. De esta manera, el escándalo terminó comprometiendo tanto a la conducción política como a las autoridades responsables de la supervisión financiera.
Una crisis que trasciende la caída de un banco
Lo sucedido en Paraguay excede ampliamente la situación de una entidad financiera. La intervención de Ueno Bank puso en discusión los mecanismos de supervisión bancaria, la utilización de recursos públicos, los posibles conflictos de intereses entre funcionarios y empresarios y la protección de los ahorros de millones de ciudadanos.
El dato más delicado es que una entidad vinculada empresarialmente con el entorno del presidente llegó a administrar cientos de millones de dólares pertenecientes a organismos públicos y fondos de la seguridad social, mientras acumulaba operaciones crediticias con empresas relacionadas con sus propietarios.
La caída de Ueno dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas y abrió interrogantes sobre el destino de los depósitos, la responsabilidad de sus directivos y la actuación de los organismos de control.
Peña abandona el poder en medio de una de las crisis institucionales más graves de su mandato. Sin embargo, su renuncia no cierra las investigaciones ni resuelve el problema de los depositantes. La verdadera dimensión del escándalo dependerá de cuánto dinero pueda recuperarse, quiénes terminarán siendo responsabilizados y hasta dónde llegarán las investigaciones sobre los vínculos entre el poder político, los intereses empresariales y los fondos públicos.
