El acuerdo, presentado por Washington como una herramienta para contener los precios del combustible, corre el riesgo de quedar reducido a una iniciativa diplomática sin resultados comerciales concretos.
El acuerdo energético anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump el 9 de octubre, después de una conversación con su homólogo ruso Vladimir Putin, atraviesa una situación comprometida apenas unas semanas después de su presentación. La iniciativa contemplaba la reanudación de las exportaciones de diésel ruso hacia los mercados internacionales, incluido EEUU, con el objetivo de incrementar la disponibilidad de combustible y contener los precios internos, que habían experimentado un fuerte aumento en medio de la crisis energética internacional provocada por la guerra con Irán y las dificultades de circulación por el Estrecho de Ormuz.
Según los volúmenes anunciados inicialmente, Rusia debía comenzar con un envío de 300.000 toneladas de diésel, seguido por otras 500.000 toneladas durante noviembre y posteriormente un millón de toneladas adicionales. La operación representaba un cambio significativo respecto de la política de aislamiento energético aplicada contra Moscú desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Para Trump, el acuerdo constituía una oportunidad de aliviar la presión sobre los consumidores estadounidenses, especialmente sobre los sectores del transporte, la agricultura y la industria, fuertemente dependientes del combustible diésel.
Sin embargo, el principal obstáculo apareció cuando los primeros cargamentos comenzaron a aproximarse al mercado estadounidense. Según información publicada por el Financial Times el 4 y 5 de noviembre, dos de los tres primeros petroleros inicialmente vinculados con entregas a EEUU modificaron sus destinos. Los movimientos marítimos pusieron en evidencia que el entendimiento político entre Washington y Moscú no había conseguido resolver los problemas comerciales, jurídicos y financieros necesarios para materializar las operaciones.
Uno de los buques involucrados es el Leruo, un petrolero propiedad de una compañía de Hong Kong y registrado bajo bandera de Sierra Leona. La embarcación transportaba combustible ruso y había señalado inicialmente la costa atlántica estadounidense como destino. No obstante, el 2 de noviembre modificó su señal de navegación para indicar Brasil. El caso presenta una complicación adicional: el buque está sometido a sanciones del Reino Unido, la Unión Europea y Canadá, lo que incrementa los riesgos para cualquier operador interesado en participar en la comercialización de su cargamento.
El segundo petrolero, denominado Talisman, también abandonó su ruta inicialmente prevista hacia EEUU. Se trata de un buque ruso de aproximadamente veinte años de antigüedad, sujeto a sanciones estadounidenses, británicas y europeas. Después de navegar por el Atlántico, ingresó en el Mediterráneo y fue localizado frente a las costas de Argelia. Su señal de destino pasó a indicar «for orders», una expresión utilizada en el transporte marítimo cuando todavía no existe un puerto de descarga definitivo o una instrucción comercial confirmada. En términos prácticos, el cargamento permanece sin un destino públicamente confirmado.
El tercer buque, el Agioi Fanendes, propiedad de una compañía griega y registrado bajo bandera de Malta, constituye por ahora el caso más importante para determinar el futuro inmediato del acuerdo. La embarcación cargó aproximadamente 40.000 toneladas de diésel ultrabajo en azufre en el puerto ruso de Primorsk, en el mar Báltico, y su llegada a New York estaba prevista para el 7 de noviembre. Sin embargo, sus operadores aclararon que el puerto de descarga todavía no estaba confirmado. Por lo tanto, aunque el buque continúa siendo observado como un posible transporte hacia EEUU, no existe garantía de que finalmente descargue allí.
La situación también involucra a otro petrolero, el Beast, propiedad de una compañía registrada en Seychelles, que cargó combustible en Primorsk el 27 de octubre y posteriormente señaló el Atlántico como destino. Su recorrido podría representar una nueva oportunidad para concretar las exportaciones, aunque todavía no existe confirmación de una descarga en territorio estadounidense.
La incertidumbre comercial tiene una explicación fundamental: las empresas estadounidenses temen quedar expuestas a sanciones y consecuencias legales por participar en la importación de combustible ruso. Aunque la administración Trump intentó facilitar la operación mediante una autorización del Departamento del Tesoro, existe una controversia sobre la compatibilidad de esa decisión con la legislación aprobada por el Congreso en 2022, que prohibió las importaciones de petróleo y productos energéticos rusos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro, emitió la Licencia General 135 para permitir determinadas transacciones relacionadas con el combustible ruso hasta abril de 2027. Sin embargo, la autorización administrativa no ha eliminado las dudas sobre la vigencia de la prohibición legislativa. La controversia es particularmente relevante porque el presidente puede modificar determinadas restricciones ejecutivas, pero no necesariamente dejar sin efecto una prohibición establecida por una ley del Congreso.
La disputa comenzó a adquirir dimensiones políticas dentro de EEUU. Legisladores republicanos y demócratas cuestionaron el acuerdo por considerar que podía debilitar las sanciones contra Moscú y perjudicar la posición estadounidense frente a la guerra de Ucrania. El senador republicano Jerry Moran, entre otros legisladores, expresó su rechazo a la iniciativa y reclamó mantener la presión económica sobre Rusia. También hubo advertencias sobre la posibilidad de que el acuerdo afectara la credibilidad de Washington frente a sus aliados europeos.
A esta resistencia se sumó la gobernadora de New Jersey, Mikie Sherrill, quien advirtió a los operadores de puertos y terminales de su estado sobre las posibles consecuencias de recibir cargamentos de combustible ruso sujetos a restricciones legales. Su intervención es particularmente significativa porque el puerto de NewYork y New Jersey constituye uno de los principales centros de recepción y distribución de productos petroleros de la costa atlántica estadounidense. Las advertencias incrementaron la incertidumbre entre los posibles compradores y operadores logísticos, que ahora deben evaluar si el beneficio económico de adquirir diésel ruso compensa los riesgos jurídicos y reputacionales.
El problema también se trasladó al Congreso. Legisladores estadounidenses solicitaron preservar documentación relacionada con las operaciones y comenzaron a examinar el alcance de las decisiones adoptadas por la administración Trump. La situación podría complicarse todavía más a partir de enero, cuando los demócratas asuman el control de ambas cámaras del Congreso después de los resultados de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Ese cambio político abre la posibilidad de nuevas investigaciones y de una supervisión parlamentaria más intensa sobre la política energética y las relaciones con Moscú.
Mientras Washington enfrenta estas dificultades, Rusia también tiene problemas para garantizar el volumen de combustible necesario para sus compromisos comerciales. Durante 2026, Ucrania intensificó sus ataques con drones contra instalaciones petroleras rusas, afectando refinerías y reduciendo la capacidad de procesamiento de combustible. La situación obligó anteriormente al Kremlin a introducir restricciones a las exportaciones de productos petroleros para proteger el abastecimiento interno.
Los acontecimientos de los primeros días de noviembre volvieron a poner el problema en primer plano. El 3 de noviembre se informó de un ataque contra la refinería de Yaroslavl y, durante la noche del 4 al 5 de noviembre, la refinería de Riazán también habría sido alcanzada por drones ucranianos. Esta última constituye una de las instalaciones de procesamiento petrolero más importantes de Rusia. Los ataques representan un desafío adicional para Moscú, que necesita recuperar su capacidad de refinación y mantener suficientes reservas internas mientras intenta aprovechar las oportunidades comerciales abiertas por el acuerdo con Washington.
La situación del abastecimiento ruso también presenta señales de tensión en determinadas regiones. Informaciones publicadas a comienzos de noviembre señalaron una reducción de la disponibilidad de diésel en estaciones de servicio de San Petersburgo y la región de Leningrado. Según datos atribuidos al economista Janis Kluge, la proporción de estaciones con disponibilidad de combustible habría descendido desde aproximadamente el 70% a finales de octubre hasta menos del 40% durante los primeros días de noviembre. También se informaron restricciones de compra en algunas estaciones. Aunque no está demostrado que las exportaciones destinadas a EEUU sean responsables de esta situación, los datos reflejan las dificultades que enfrenta el sistema energético ruso.
Para Moscú, el acuerdo tenía una importancia que excedía los ingresos derivados de la venta de combustible. La posibilidad de reanudar exportaciones hacia EEUU representaba una oportunidad para debilitar parcialmente el aislamiento económico occidental, recuperar presencia en un mercado estratégico y demostrar que todavía podía alcanzar entendimientos comerciales con Washington pese a la continuidad de la guerra en Ucrania. Además, permitía presentar a Putin como un interlocutor capaz de negociar directamente con la Casa Blanca sobre cuestiones económicas de importancia internacional.
Para Ucrania, en cambio, la iniciativa constituía una señal preocupante. Kiev considera que los ingresos procedentes de las exportaciones energéticas contribuyen a sostener la economía rusa y, directa o indirectamente, su capacidad para financiar el esfuerzo bélico. El presidente Volodímir Zelenski criticó la decisión estadounidense y cuestionó que Washington facilitara las operaciones comerciales con Moscú mientras continuaban los ataques rusos contra territorio ucraniano. La controversia también se relacionó con las diferencias entre Trump y Zelenski respecto de los ataques ucranianos contra las refinerías rusas, que Washington había cuestionado por sus posibles consecuencias sobre los precios internacionales del combustible.
La paradoja es que la operación fue concebida precisamente para responder a una crisis energética que tiene entre sus principales causas la interrupción de los suministros procedentes de Oriente Medio. El bloqueo del Estrecho de Ormuz y los daños sufridos por instalaciones petroleras regionales redujeron la disponibilidad internacional de combustibles refinados. En ese contexto, el diésel adquirió una importancia estratégica debido a su utilización en el transporte de mercancías, la maquinaria agrícola, la construcción y numerosas actividades industriales.
La situación estadounidense tampoco ofrece demasiado margen. Las reservas de combustibles destilados descendieron por debajo de los 100 millones de barriles, alcanzando su nivel más bajo en más de dos décadas, según los datos citados por medios financieros. La reducción de los inventarios aumenta la preocupación por el abastecimiento y por las consecuencias que una prolongada escasez podría tener sobre los costos del transporte y los precios de numerosos productos.
No obstante, incluso si todos los petroleros inicialmente identificados hubieran conseguido descargar sus cargamentos en EEUU, el volumen representado por esos primeros envíos habría tenido un impacto limitado frente al consumo diario del país. El verdadero objetivo de la operación era establecer un mecanismo de suministro más amplio y sostenido, capaz de incorporar progresivamente combustible ruso al mercado estadounidense y contribuir a aliviar las tensiones de precios.
Por ahora, el Kremlin sostiene que las exportaciones continúan y que los cargamentos encontrarán compradores. El portavoz presidencial Dmitri Peskov rechazó que los cambios de ruta representen el fracaso del entendimiento con Trump, mientras que el enviado ruso Kirill Dmitriev defendió la continuidad de las operaciones. Desde Moscú, por tanto, se intenta transmitir que los problemas actuales son dificultades comerciales y logísticas que pueden resolverse, y no una ruptura del acuerdo político.
El próximo acontecimiento decisivo será la llegada del Agioi Fanendes, cuya descarga prevista en New York permitirá comprobar si la iniciativa todavía puede concretarse. También será importante observar el recorrido del Beast y determinar si aparecen compradores estadounidenses dispuestos a asumir los riesgos asociados a la operación.
