También llamados beneficios “caídos del cielo”, se trata de las ganancias que obtienen las tecnologías de generación eléctrica que no tienen que pagar derechos de dióxido de carbono (CO2) ni usan gas al cobrar en el mercado el mismo precio que la fuente de generación más cara, los ciclos combinados.
Coincidiendo con las primeras semanas de la operación rusa en Ucrania y el máximo histórico del precio mayorista de la electricidad en España, 544,98 euros el megavatio hora (MWh), Bruselas propuso que los países de la Unión Europea pudieran recuperar las ganancias extraordinarias de las eléctricas.
Aún así puede notarse que el precio de la energía venía en aumento tiempo antes del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y en España durante el 2021, hemos visto una fuerte subida en el precio de la factura de la luz. En el mes de diciembre, se volvieron a romper récords al superar los 300 euros por MWh durante varios días. Y es que el precio de la factura eléctrica ha ido aumentando cada mes hasta alcanzar su máximo en el mes final del año.
Pedro Sánchez anunció durante la primera jornada del debate sobre el estado de la nación que el Ejecutivo está diseñando un impuesto a los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas.
“Vamos a poner en marcha un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones de euros al año durante los próximos dos años”, ha anunciado Sánchez.
Este gravamen está inspirado en el aprobado el pasado marzo por el Ejecutivo italiano de Mario Draghi. “Estamos estudiando el caso italiano para aterrizarlo y adaptarlo a nuestra legislación”, señaló el presidente del Gobierno en una entrevista con El País publicada el domingo 3 de julio.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, también había mostrado su interés en el modelo italiano. “Estamos buscando el modo de introducir un gravamen sobre las diferencias de beneficios de las compañías energéticas en este último año”, resaltó Ribera a su entrada al último Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea (UE) en Luxemburgo, donde concretó que al Ejecutivo de coalición le interesa, “especialmente, el caso italiano”. Pero ¿en qué consiste este impuesto?.
El modelo italiano: un impuesto a las grandes energéticas del 25% a los beneficios extraordinarios
El pasado 21 de marzo, el boletín oficial italiano (decreto ley número 21) publicó la instauración de un impuesto “solidario extraordinario” para suavizar los efectos de la inflación y la subida del precio de la energía que azota Europa desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania.
Según esta norma, las empresas generadoras de electricidad, gas y petróleo pagarán al Estado un 10% de los beneficios que obtuvieron de diferencia entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de marzo de 2022 con respecto al mismo periodo del año anterior, siempre que la cifra sea superior a los 5 millones de euros. Posteriormente, el Gobierno aprobó un gravamen adicional del 15%, por lo que la tasa final asciende al 25% de los beneficios extraordinarios obtenidos durante ese periodo.
Con el objetivo de evitar que las empresas suban las tarifas a los consumidores, el decreto establece, además, que la Autoridad Antimonopolio, una especie de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) del país, vigilará durante todo 2022 el precio de producción, generación y venta de la electricidad, el gas y el petróleo.
El dinero recaudado se utilizará para financiar el primer paquete de medidas anticrisis emitido por el Ejecutivo de Draghi. Concretamente, con el impuesto se sufragará un paquete de 6.000 millones de euros destinado a una ayuda de 200 euros para pensionistas y trabajadores, según anunció el ministro de Economía italiano Daniele Franco en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros italiano del pasado 2 de mayo.
La propuesta española de impuesto a las energéticas: todavía por concretar
El impuesto español a las grandes energéticas estará en vigor entre 2023 y 2024, y afectará a los beneficios extraordinarios obtenidos por “los grupos dominantes en el sector eléctrico, gasista y petrolero” en el año 2022 y 2023, según ha explicado Sánchez durante el debate del estado de la nación.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario del 25 de junio, Sánchez ya anunció que este impuesto se presentará como proposición de ley por parte de los dos partidos del Gobierno de coalición y que espera que entre en vigor “el 1 de enero de 2023”.
El Ministerio de Hacienda es el que estaría estudiando la manera en la que el gravamen italiano puede adoptarse en España “con todas las garantías y con arreglo a las reglas ordinarias de nuestro sistema fiscal”, según resaltó la ministra de Transición Ecológica.
Como argumento para imponer este gravamen, Ribera ha hecho hincapié en la “bonanza” en la que nadan las empresas energéticas. Esta, a su parecer, “está muy por encima de lo que resulta en sus costes reales” debido al “beneficio enorme” que las compañías están logrando “a costa de unos precios extraordinariamente elevados que pagan todos los consumidores”.
Así pues, al igual que ha hecho el Gobierno italiano, la propuesta del Ejecutivo de Sánchez es conseguir que parte de las ganancias que generan los elevados precios a los operadores energéticos lleguen a las arcas públicas. Sin embargo, todavía queda por concretar qué entiende Moncloa por “beneficios extraordinarios”.
Otro detalle que queda por saber es si la CNMC tendrá un papel de control para evitar que las compañías energéticas trasladen el gravamen a los consumidores, según ha señalado al medio Newtral.es el economista y doctor en Estudios sobre Desarrollo Julen Bollain.
La limitación del impuesto a las “grandes” eléctricas
El otro punto a concretar es la limitación del impuesto a las “grandes” eléctricas. En el caso italiano, en el que se inspira el Gobierno español, el gravamen no menciona específicamente a las grandes energéticas como las destinatarias del impuesto. Sin embargo, Bollain explica a Newtral.es que el mínimo de 5 millones de euros hace esta función divisoria, ya que dichos beneficios solo son accesibles a compañías importantes.
En el caso español, habría que ver si el Ejecutivo de Sánchez opta por un límite económico, como en el caso italiano, o por dividir a las eléctricas teniendo en cuenta el número de clientes al que dan servicio.
En este último supuesto cabe destacar que, según el último informe de supervisión de los mercados minoristas de gas y electricidad de la CNMC, a 1 de diciembre de 2020 el número de comercializadores de electricidad registrados en España ascendía a 449. De ellas, Endesa, Iberdrola y Naturgy concentraban el 82% de los clientes, mientras que ninguna de las otras empresas agrupaba más del 5%.
El objetivo del impuesto: financiar las medidas anticrisis
El 8 de marzo, la Comisión Europea se abrió a que los Gobiernos de los Estados miembro impongan impuestos temporales a las energéticas para gravar la escalada de precios de la energía. «Los Estados miembros pueden considerar impuestos temporales sobre los ‘beneficios caídos del cielo’ siempre que no sean retroactivos y permitan a los productores de electricidad cubrir sus costos y proteger el mercado a largo plazo», señaló la Comisión, que presentó un plan de propuestas de medidas anticrisis para “independizar a Europa de los combustibles fósiles rusos” y “responder al aumento de los precios de la energía”.
Es decir, Bruselas ve con buenos ojos este tipo de impuestos siempre y cuando el dinero recaudado se dirija a amortiguar las consecuencias de la crisis generada por la invasión rusa de Ucrania. Esto puede hacerse destinando el dinero a recuperar lo gastado en los paquetes anticrisis (como pretende hacer Italia) o aplicándolo de forma directa sobre las facturas del consumidor, como el descuento en carburante implementado en España.
¿Qué está pasando en el resto de Europa?
Italia no es el único país que ha aprobado un impuesto de este tipo. El Reino Unido introdujo el pasado mayo un nuevo impuesto temporal sobre ganancias energéticas del 25% para las compañías de petróleo y gas, lo que elevó el impuesto que pagan estas del 40% al 65%. Si los precios del petróleo y el gas vuelven a niveles “históricamente normales”, el Gobierno eliminará gradualmente el gravamen, que en todo caso caducará en diciembre de 2025.
Por su parte, Bélgica ha preguntado al Banco Central si un impuesto de este tipo podría adoptarse con garantías jurídicas, una cuestión a la que la entidad ha respondido favorablemente, según ha informado la Agencia EFE. Hungría ha ido más allá, ampliando estos impuestos adicionales a bancos, aerolíneas y empresas de telecomunicaciones, ha informado Reuters.
En octubre de 2021 el Gobierno búlgaro anunció un instrumento para compensar a las empresas con 55 euros el MWh durante dos meses, debido al elevado coste de la electricidad.
Los 225 millones de euros necesarios para ello procedían del impuesto sobre los beneficios extraordinarios de la central nuclear de Kozloduy, a unos 200 kilómetros al norte de la capital, Sofía.
También el pasado octubre, el Parlamento rumano dio su visto bueno al proyecto de ley para implementar un esquema de compensaciones en las facturas eléctricas y de gas -inicialmente, para ese invierno-, así como un impuesto del 80 % sobre los beneficios extraordinarios de las empresas productoras para financiarlas.
La crisis de los precios energéticos ha calado, asimismo, en Grecia, donde el regulador heleno estimó los beneficios extraordinarios en 590 millones de euros, según publicaron diversos medios.
Por el contrario, en Eslovaquia, a principios de febrero el ministro de Economía, Richard Sulík, propuso introducir un impuesto de estas características a la empresa que gestiona las dos centrales eléctricas del país, Slovenské Elektrárny.