La disposición del «Gran Proyecto de Ley» de Trump fue aprobada por la Cámara de Representantes con 215 votos a favor y 214 en contra el mes pasado y ahora enfrenta un futuro incierto en el Senado. Prohibiría a los estados aplicar cualquier ley que regule los sistemas de IA durante el período de moratoria.
Esto se debe a las preocupaciones en la propuesta de Trump que centraliza la regulación en el gobierno federal, lo cual:
Contradice el espíritu del federalismo estadounidense y limita la capacidad de los estados de responder con rapidez a problemas específicos locales (como sesgos algorítmicos, vigilancia masiva o uso policial de IA).
Al impedir una “maraña” de normativas estatales, grandes compañías como OpenAI, Google, Meta o Microsoft podrían operar con más libertad y menor presión regulatoria. Es decir, favorecer a lobbies corporativos en detrimento de la protección ciudadana.
Muchos expertos en derechos civiles y tecnología temen que una regulación exclusivamente federal diluya estándares más estrictos que ciertos estados podrían querer implementar. Podría retrasar la implementación de medidas de transparencia, control de sesgos o límites al uso de IA en decisiones judiciales, laborales o de vigilancia.
La carta representa una rara oposición bipartidista, con firmas de legisladores de los 50 estados (aproximadamente la mitad republicanos y la mitad demócratas, según los organizadores).
“Durante la próxima década, la IA planteará algunas de las cuestiones de política pública más importantes de nuestro tiempo, y es fundamental que los responsables de las políticas estatales mantengan la capacidad de responder”, escribieron los legisladores.
Más de 30 estados ya han aprobado leyes relacionadas con la IA que abordan los deepfakes, el sesgo algorítmico y la seguridad electoral. Bajo la moratoria propuesta, estas leyes no podrían aplicarse.
Cuarenta fiscales generales estatales también se han opuesto a la disposición, junto con más de 140 organizaciones, incluidos grupos de consumidores e instituciones académicas.
La medida ha recibido el apoyo de algunos republicanos que sostienen que las regulaciones estatales crean un mosaico confuso que perjudica la innovación.
“Quienes no pueden lidiar con eso son dos innovadores en un garaje intentando crear el próximo OpenAI, el próximo Google. Esas son las personas a las que intentamos proteger”, dijo el representante Jay Obernolte, republicano por California.
Sin embargo, la aprobación del Senado parece dudosa. Los expertos presupuestarios afirman que la disposición sobre inteligencia artificial probablemente viola las normas de conciliación que exigen que todas las medidas estén relacionadas con el presupuesto.
«Estoy bastante seguro de que la moratoria fracasará», dijo Bobby Kogan, del Centro para el Progreso Americano, quien anteriormente trabajó para la Casa Blanca de Biden.
Varios senadores republicanos han expresado su preocupación por el proyecto de ley en general. La senadora Marsha Blackburn, republicana por Tennessee, temía que invalidara las leyes de Tennessee que protegen a los artistas de los deepfakes generados por IA.
El proyecto de ley también incluye miles de millones de dólares en gastos de inteligencia artificial militar y reduce la supervisión civil.
Los republicanos esperan aprobar la legislación antes del 4 de julio. La medida extiende los recortes de impuestos de Trump de 2017 y aumenta la financiación de la seguridad fronteriza, al tiempo que reduce el gasto en Medicaid y programas de asistencia alimentaria.
La representante por Georgia, Marjorie Taylo Greene, admitió públicamente que votó a favor del proyecto sin haber leído completamente sus más de 1.000 páginas. Posteriormente, expresó su oposición a la disposición que impide a los estados legislar sobre IA, calificándola como una violación de los derechos estatales y del federalismo. Greene afirmó que, de haber conocido esta cláusula, habría votado en contra del proyecto.
El congresista por Kentucky, Thomas Massie, votó en contra del proyecto y ha sido un crítico vocal del mismo. Massie instó a Elon Musk a financiar campañas primarias contra los republicanos que respaldaron el proyecto, argumentando que muchos de sus colegas no cumplieron con su deber de revisar adecuadamente la legislación antes de aprobarla.
El senador por Kentucky, Rand Paul, se opone al proyecto principalmente por su impacto fiscal, señalando que el aumento del techo de la deuda en U$S4 billones es inaceptable y contradice los principios conservadores. Aunque no ha comentado específicamente sobre la cláusula relacionada con la IA, su rechazo al proyecto se centra en las implicaciones económicas y el aumento del déficit
Trump y los defensores del proyecto dicen que:
-Se necesita una política unificada para fomentar la innovación y evitar un «caos regulatorio».
-No debe haber 50 reglas diferentes que «ahoguen» a las empresas tecnológicas.
-Estados como California son «excesivamente restrictivos» y podrían “destruir” la competitividad estadounidense en IA frente a China.
