El fiscal ratifica y pide condenar a Cristina Kirchner a 12 años de prisión por la obra pública

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El pedido de 12 años de prisión es por el caso de las 51 obras públicas que para Santa Cruz recibió el empresario Lázaro Báez y que en el caso se le aplique el delito de asociación ilícita. “Hubo una verdadera asociación criminal. No fue el estado el que cometió delitos, fueron personas que eran funcionarios”, dijo Villar en la primera audiencia para revisar el fallo del Tribunal Oral Federal 2 que en diciembre de 2022 condenó a Cristina Kirchner a 6 años de prisión por administración fraudulenta y que descartó por mayoría la asociación ilícita.

Villar señaló que Cristina Kichner fue la jefa de la asociación ilícita y que se debe aplicar lo que el fiscal Diego Luciani solicitó en sus alegatos en el juicio oral: 12 años de prisión por administración fraudulenta y asociación ilícita. El tribunal la condenó por el primer delito a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La Fiscalía también reclamó que se revoquen las absoluciones del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y del ex presidente de Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz Héctor Garro. Para De Vido pidió 10 años como organizador de una asociación asociación ilícita y administración fraudulenta, para Fatala 4 y para Garro 3 por el segundo delito. También que se revoque la absolución y se condene a dos años de prisión a Carlos Santiago Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del expresidente Néstor Kirchner, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“Entre 2003 y 2015 funcionó en el estado una asociación ilícita que desvió los fondos de las obras públicas viales a Lázaro Báez”, sostuvo Villar en el inicio de la audiencia.

“Se necesitaba un empresario (Lázaro Báez) que estuviera dispuesto permanentemente para colaborar”.

La Fiscalía objetó que el tribunal oral haya considerado a las 51 obras como un solo hecho y que por lo tanto no hayan existido una multiplicidad de delitos, uno de los requisitos de la asociación ilícita. Villar calificó de “arbitraria” esa postura de los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu quienes no condenaron por ese delito. En disidencia, el magistrado Andrés Basso entendió que si se había cometido.

De las 51 obras que ganó el Grupo Austral, sólo 27 fueron terminadas, pero -continuó Villar-, “la mayoría sufrieron retrasos algo que omitieron los diferentes organismos de control”.

Retomando los argumentos de sus colegas ante al Tribunal Oral, Diego Luciani y Sergio Mola, Villar reiteró que durante los gobiernos K se creó un marco normativo desde Planificación Federal, con distintas áreas, fondos y funcionarios que cumplían roles específicos, al señalar la organización de la asociación ilícita y los roles que cumplió cada persona.

“En esta cadena de funcionarios aparece la Dirección Provincial de Vialidad. Este esquema y estas personas llevaron adelante las 51 defraudaciones contra la administración pública, no fue el Estado el que la cometió”, explicó.

El fiscal también se refirió a Báez en varios tramos, como “un empresario creado” para que la asociación ilícita pueda cumplir con su finalidad: direccionar contratos viales, desviar fondos públicos.

Se trató de una secuencia delictual “que se cometió durante tres administraciones presidenciales”. Se trata “de tres administraciones distintas y en cada una de ellas se volvió a elegir” a quienes estuvieron en cada rol investigado. Entonces, “no es una única administración”.

En su voto mayoritario, el Tribunal Oral Federal 2 basó el rechazo de la asociación ilícita en la idea de que hubo un único hecho, porque la asociación ilícita requiere delitos indeterminados, que deben ser planificados: “esa multiplicidad de planes no estarían dadas para el Tribunal, algo que es erróneo”, dijo Villar.

Al convertir 51 hechos “en uno solo, dice que no está dado el elemento de planes indeterminados, pero la sentencia no tiene jurisprudencia en sus fundamentos sobre este punto”, añadió el fiscal.