El comité del 6 de enero insta al Departamento de Justicia a presentar cargos penales contra Trump

El lunes, el comité selecto de la Cámara de Representantes del 6 de enero recomendó que el Departamento de Justicia presente cargos penales contra el expresidente Trump y otros en relación con el 6 de enero de 2021 en el Capitolio y los amplios esfuerzos para anular su derrota electoral de 2020. El representante Jamie Raskin, D-Md., expuso cuatro delitos potencialmente violados por Trump y sus asociados, incluida la conspiración para defraudar a los EEUU.

Transcripción del vídeo

JAMIE RASKIN: Por lo tanto, el primer estatuto penal que invocamos para remisión es el Título 18, Sección 1512(c), que establece que es ilegal que cualquier persona obstruya, influya o impida corruptamente cualquier procedimiento oficial del gobierno de los EEUU. Creemos que la evidencia descrita por mis colegas hoy y reunida a lo largo de nuestras audiencias justifica una remisión penal del expresidente Donald J. Trump, John Eastman y otros por violaciones de este estatuto. Todo el propósito y el efecto obvio del plan de Trump fueron obstruir, influir e impedir este procedimiento oficial, el momento central para la transferencia legal del poder en los EEUU.

En segundo lugar, creemos que hay evidencia más que suficiente para referir al expresidente Donald J. Trump, John Eastman y otros por violar el Título 18, Sección 371. Este estatuto tipifica como delito conspirar para defraudar a los EEUU, en otras palabras , para hacer un acuerdo para perjudicar, obstruir o derrotar las funciones legales del gobierno de los EEUU por medios engañosos o deshonestos.

El expresidente Trump no se involucró en un plan para defraudar a los EEUU actuando solo. Llegó a acuerdos, formales e informales, con varias otras personas que lo ayudaron con sus objetivos criminales. Nuestro informe describe en detalle las acciones de numerosos co-conspiradores que estuvieron de acuerdo y participaron en el plan de Trump para perjudicar, obstruir y derrotar la certificación de la victoria electoral del presidente Biden.

Dicho esto, el subcomité no intenta determinar a todos los posibles participantes en esta conspiración, ya que nuestra comprensión del papel de muchas personas puede ser incompleta, incluso hoy, porque se niegan a responder nuestras preguntas. Confiamos en que el Departamento de Justicia podrá formar una imagen mucho más completa a través de su propia investigación.

Tercero, hacemos una remisión basada en el Título 18, Sección 1001, que hace que sea ilegal hacer declaraciones materialmente falsas al gobierno federal a sabiendas y deliberadamente. La evidencia sugiere claramente que el presidente Trump conspiró con otros para presentar listas de electores falsos al Congreso y los Archivos Nacionales. Creemos que esta evidencia que presentamos en nuestro informe es más que suficiente para una referencia penal del expresidente Donald J. Trump y otros en relación con este delito.

Como antes, no tratamos de determinar a todos los participantes en esta conspiración, muchos de los cuales se niegan a responder nuestras preguntas bajo juramento. Confiamos en que el Departamento de Justicia podrá formar una imagen más completa a través de su propia investigación.

El cuarto y último estatuto que invocamos para remisión es el Título 18, Sección 2383. El estatuto se aplica a cualquiera que incite, ayude o participe en una insurrección contra los Estados Unidos de América y a cualquiera que brinde ayuda o consuelo a una insurrección. Una insurrección es una rebelión contra la autoridad de los EEUU.

Es un delito federal grave anclado en la propia Constitución, que se opone repetidamente a las insurrecciones y la violencia doméstica y, de hecho, utiliza la participación en la insurrección de los funcionarios públicos como motivo automático para la inhabilitación para volver a ocupar un cargo público a nivel federal o estatal. Cualquiera que incite a otros a la rebelión, los ayude a hacerlo o preste ayuda y consuelo a los que se sublevan, es culpable de un delito federal.

El comité cree que existe evidencia más que suficiente para una referencia criminal del expresidente Trump por ayudar o ayudar y consolar a aquellos en el Capitolio que participaron en un ataque violento contra los EEUU. El comité ha desarrollado evidencia significativa de que el presidente Trump tenía la intención de interrumpir la transferencia pacífica, la transición del poder en virtud de nuestra Constitución.

El presidente tiene un deber constitucional positivo y primario de actuar para cuidar que las leyes sean fielmente ejecutadas. Nada podría ser una mayor traición a este deber que ayudar a la insurrección contra el orden constitucional. La base fáctica completa para esta remisión se establece en detalle a lo largo de nuestro informe.