La Cámara de Representantes de EEUU aprobó el 16 de septiembre el denominado Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, una legislación que endurece las sanciones contra Rusia e Irán y, sobre todo, concede al presidente Donald Trump la autoridad para imponer aranceles de hasta el 100% a determinados países que compren petróleo o gas ruso.
La votación terminó con 262 votos a favor y 159 en contra, una mayoría considerable y de carácter bipartidista. 58 demócratas votaron a favor, mientras que solamente siete republicanos se opusieron. La legislación ya había sido aprobada por el Senado en agosto por un contundente 86-11, después de más de un año de negociaciones impulsadas inicialmente por el fallecido senador republicano Lindsey Graham. Con la aprobación de la Cámara, el proyecto quedó enviado al escritorio de Trump para su promulgación.
La importancia de la legislación no reside únicamente en la cantidad de sanciones que agrega contra Rusia. Su característica más trascendente es que intenta castigar también a los países que mantienen vivo el comercio energético ruso. En lugar de limitarse a perseguir a empresas, bancos, funcionarios o buques rusos, Washington pretende utilizar el acceso al gigantesco mercado estadounidense como instrumento de presión sobre terceros países.
El mecanismo contempla que el presidente pueda establecer una tarifa de entre más de 0% y hasta 100% sobre las importaciones procedentes de determinados países que compren crudo o gas originado en Rusia. La medida se concentra inicialmente en los cinco mayores compradores de energía rusa y en los cinco países que, según el mecanismo establecido por la ley, faciliten la evasión de las sanciones energéticas. La lista puede ser revisada periódicamente.
En términos prácticos, esto crea una herramienta de presión extraordinariamente potente. EEUU no tendría que sancionar directamente a India o China para ejercer presión sobre ellas: podría encarecer hasta un 100% los productos que esos países exportan al mercado estadounidense si quedan comprendidos dentro del mecanismo.
El objetivo resulta evidente. Después de las sanciones occidentales posteriores a la invasión de Ucrania, Rusia consiguió redireccionar una parte considerable de sus exportaciones energéticas hacia Asia. China e India se transformaron en compradores fundamentales del petróleo ruso, permitiendo a Moscú mantener una fuente esencial de ingresos pese al cierre de numerosos mercados occidentales. El nuevo mecanismo intenta atacar precisamente ese modelo de supervivencia económica.
La lógica estadounidense puede resumirse de una manera sencilla: si Rusia vende petróleo a un comprador extranjero, pero ese comprador necesita acceder al mercado estadounidense, Washington puede utilizar ese acceso como palanca. La sanción deja de dirigirse exclusivamente contra Rusia y comienza a afectar a quienes mantienen abierta la vía comercial que permite a Moscú seguir exportando energía.
El proyecto también establece nuevas medidas contra funcionarios rusos, oligarcas, bancos e instituciones financieras y la denominada «shadow fleet», la red de buques y estructuras comerciales utilizada para transportar petróleo ruso y sortear restricciones occidentales. La legislación pretende, de esta manera, actuar simultáneamente sobre el vendedor, los intermediarios financieros y el sistema de transporte que permite colocar el crudo en los mercados internacionales.
Pero el alcance de la legislación va más allá de Rusia. El paquete también extiende y refuerza las restricciones estadounidenses relacionadas con Irán, particularmente sobre sus sectores energético y armamentístico. El Senado había definido la medida como una forma de continuar restringiendo la capacidad iraní para financiar sus actividades energéticas y militares. La legislación extiende además el Iran Sanctions Act hasta 2031.
Una votación que revela una división particular
El resultado de la Cámara resulta significativo porque la legislación obtuvo una mayoría bipartidista, pero por razones diferentes.
Los republicanos favorables al proyecto sostuvieron que EEUU necesitaba herramientas más contundentes para reducir los ingresos energéticos de Moscú. Durante el debate, sus defensores argumentaron que las sanciones tradicionales pueden ser evadidas mediante empresas intermediarias, bancos, banderas de conveniencia y buques de la denominada flota fantasma, mientras que los aranceles permiten atacar directamente el acceso de terceros países al mercado estadounidense.
Pero numerosos demócratas se opusieron precisamente a esa parte del proyecto. Su preocupación principal no era necesariamente suavizar la presión sobre Rusia, sino otorgar al presidente una capacidad considerablemente mayor para utilizar los aranceles como instrumento de política exterior.
El líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, estuvo entre quienes votaron contra la legislación. Otros demócratas argumentaron que Trump ya disponía de numerosas herramientas para sancionar a Rusia y que el nuevo proyecto ampliaba excesivamente su autoridad comercial, con el riesgo de elevar los precios para los consumidores estadounidenses.
La división republicana también fue minoritaria pero significativa: 7 republicanos votaron contra el proyecto, en parte por las preocupaciones relacionadas con el uso de nuevos poderes arancelarios y las posibles consecuencias económicas internas.
El punto más delicado: India y China
La verdadera dimensión geopolítica de la legislación aparece cuando se observa quiénes podrían quedar bajo su alcance.
China e India son los grandes compradores de petróleo ruso y, por tanto, están en el centro de la nueva estrategia estadounidense. No significa que la aprobación de la ley produzca automáticamente un arancel del 100% contra ambos países. La legislación entrega al presidente la autoridad para establecer el porcentaje y determinar cómo y cuándo utilizarla.
La ley no significa «100% de aranceles mañana». Significa que Trump tendrá la herramienta legal para llegar hasta ese nivel. Puede utilizarla de manera gradual, amenazar con aplicarla, establecer un porcentaje inferior o recurrir a las excepciones y mecanismos de dispensa contemplados en la legislación. El análisis del Center for Strategic and International Studies destaca precisamente que la aprobación de la ley, por sí sola, no garantiza una implementación agresiva: su impacto dependerá de las decisiones posteriores de la Casa Blanca.
India ya reaccionó públicamente ante la posibilidad. El gobierno de Nueva Delhi advirtió que los nuevos aranceles estadounidenses sobre países que compren petróleo ruso podrían afectar las relaciones entre India y EEUU, mientras las refinerías indias han advertido sobre posibles aumentos de costos y presiones sobre los márgenes si se redujera abruptamente el suministro ruso.
Para China, la cuestión podría ser todavía más compleja. Pekín dispone de un mercado interno gigantesco y de una relación comercial profundamente diversificada con el exterior, lo que reduce la capacidad de Washington para imponer costos sin generar también consecuencias económicas para empresas estadounidenses.
Por eso, la aplicación efectiva de la ley podría convertirse en una de las pruebas más importantes de la relación entre EEUU y las dos grandes potencias asiáticas.
¿Por qué se habla de una escalada excepcional?
La diferencia fundamental con muchas sanciones anteriores es el concepto de sanción secundaria.
Una sanción tradicional puede decir: «Esta empresa rusa no puede utilizar el sistema financiero estadounidense».
Una sanción secundaria añade: «Y si una empresa extranjera mantiene determinadas operaciones con esa entidad rusa, también puede sufrir consecuencias por ello».
La nueva legislación lleva esa lógica al terreno comercial a una escala considerable. Un país puede no estar en guerra con EEUU, puede no estar sometido directamente a un embargo estadounidense y, aun así, enfrentarse a enormes costos comerciales por continuar comprando energía rusa.
El CSIS considera que se trata de una de las intervenciones legislativas estadounidenses más importantes en materia de sanciones contra Rusia desde la aprobación de CAATSA en 2017. El organismo estima que la legislación endurecería y consolidaría aproximadamente 6.800 designaciones y restricciones existentes, además de añadir nuevas herramientas sobre energía y transporte marítimo.
La paradoja del petróleo
Existe, sin embargo, una enorme incógnita económica.
Si las sanciones consiguen reducir significativamente la cantidad de petróleo ruso que llega al mercado mundial, el precio internacional del crudo podría aumentar.
Eso produciría una paradoja: Washington intentaría reducir los ingresos de Moscú, pero una subida internacional del precio del petróleo podría compensar parcialmente la pérdida de volumen ruso vendido.
Además, los aranceles del 100% no serían económicamente neutrales para EEUU. Si un país exportador enfrenta un arancel extraordinariamente elevado para vender productos en EEUU, parte del costo puede trasladarse a empresas, consumidores y cadenas de suministro estadounidenses.
Es precisamente uno de los argumentos utilizados por los legisladores que se opusieron a la ampliación de las facultades presidenciales. La misma herramienta diseñada para presionar a Rusia puede generar costos para la economía estadounidense si se utiliza contra grandes socios comerciales.
Trump recibe una nueva arma, pero todavía debe decidir si dispara
El paso dado por el Congreso es histórico por una razón concreta: Trump está a punto de recibir una autoridad mucho más explícita para castigar económicamente a terceros países por sus relaciones energéticas con Rusia.
Pero la firma presidencial no significaría automáticamente que comiencen los aranceles del 100%.
La legislación contiene mecanismos de excepción y permite al presidente disponer de un margen considerable para decidir cómo utilizar las nuevas facultades. El propio análisis del CSIS advierte que la verdadera importancia de la ley dependerá de su implementación y del grado de presión que la Casa Blanca decida ejercer sobre los compradores de energía rusa.
Por ello, el próximo acontecimiento verdaderamente decisivo no será solamente la firma de Trump.
Será la primera lista de países que su administración decida colocar bajo el nuevo régimen, el porcentaje arancelario elegido y las condiciones que Washington imponga para evitarlo.
Si el presidente llegara a utilizar el máximo del 100% contra alguno de los principales compradores de petróleo ruso, la medida supondría una escalada considerable de la guerra económica: EEUU estaría intentando convertir su acceso al mercado estadounidense en un mecanismo de presión sobre las principales rutas comerciales que mantienen los ingresos energéticos de Moscú.
Y allí aparece la dimensión más profunda de esta legislación: Washington ya no estaría tratando únicamente de sancionar a Rusia e Irán, sino de modificar las decisiones económicas de otros países para aislar a ambos Estados.
El éxito o fracaso de esa estrategia dependerá, en última instancia, de una pregunta que todavía permanece abierta: ¿aceptarán China, India y otros grandes compradores modificar sus relaciones energéticas con Rusia para conservar un acceso privilegiado al mercado estadounidense, o estarán dispuestos a asumir el costo de enfrentarse a Washington?
