A cinco días del inicio de un temporal de características excepcionales que golpea con dureza a gran parte del país, el gobierno de Chile confirmó que la cifra de víctimas fatales ascendió a 10, mientras que otras cuatro personas continúan desaparecidas. Ante la gravedad del escenario, las autoridades decretaron el estado de catástrofe en las regiones más golpeadas para agilizar la respuesta y el despliegue de recursos de emergencia.
El fenómeno meteorológico, catalogado por especialistas como uno de los más intensos de las últimas décadas por su extensión y severidad, dejó un saldo preliminar de cerca de 2.200 damnificados y más de 1.100 viviendas destruidas o con daños de consideración. Asimismo, el impacto sobre la infraestructura básica ha sido crítico: miles de habitantes permanecen incomunicados y decenas de localidades continúan aisladas debido al colapso de rutas y la destrucción de puentes.
Si bien las lluvias afectan a amplias zonas del territorio, el epicentro de la crisis se concentra en el norte chico del país, específicamente en la región de Coquimbo y en Atacama (Huasco), donde las precipitaciones intensas resultan poco habituales debido a las características desérticas de la zona.
En localidades como La Serena, las postales recorrieron el mundo al mostrar la turística Avenida del Mar completamente bajo el agua, con condominios inundados y vehículos inmovilizados por el lodo. Autoridades locales y vecinos describieron la situación con extrema preocupación; de hecho, algunos alcaldes de la región catalogaron el panorama como un escenario «peor que un terremoto» debido al desborde de quebradas, la activación de aluviones y la acumulación masiva de barro.
El viceministro del Interior, Máximo Pavez, calificó el episodio como un evento de carácter excepcional, al detallar que en determinados sectores cayó en apenas una hora el equivalente a las precipitaciones de todo un mes.
La declaración del estado de catástrofe habilita al Ejecutivo a desplegar efectivos de las Fuerzas Armadas, restringir la circulación en zonas críticas y acelerar la movilización de recursos financieros y logísticos. Desde el Gobierno enfatizaron que la prioridad absoluta es salvaguardar la vida de los ciudadanos y restablecer la conectividad con las comunidades que permanecen incomunicadas.
En paralelo, los equipos de emergencia continúan trabajando contrarreloj en las labores de búsqueda de los cuatro desaparecidos y en la asistencia humanitaria mediante rutas alternativas para la entrega de agua potable, alimentos y suministros básicos.
En el plano de los servicios esenciales, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó que unos 150.000 usuarios continúan sin suministro eléctrico en distintas regiones, sumado a los inconvenientes en la producción y distribución de agua potable causados por la turbiedad extrema en los ríos y la acumulación de sedimentos.
Los organismos de protección civil mantienen la alerta meteorológica activa ante la persistencia de condiciones adversas y el riesgo latente de nuevos deslizamientos de tierra en las zonas precordilleranas y costeras.
