El gobierno canadiense ahora pagará a aquellos que son “demasiado pobres para seguir viviendo con dignidad” para que se suiciden o sean sacrificados según el término médico.
Ayudarlos a pagar la educación o cosas por el estilo para que puedan vivir con dignidad parece menos interesante.
Los críticos argumentan que las leyes se están utilizando indebidamente para castigar a los pobres, pero otros dicen que los casos representan la falta de atención del país a sus ciudadanos más vulnerables.
El autor Charles Camosy (profesor asociado de ética teológica y social en la Universidad de Fordham) criticó las leyes de eutanasia de Canadá que permiten sacrificar a las personas si son «demasiado pobres para seguir viviendo con dignidad»: «Las políticas de Canadá se ven por lo que son».
Author Charles Camosy criticizes Canada's euthanasia laws which allow for euthanizing people if they are "too poor to continue living with dignity":
"Canada's policies are seen for what they are." pic.twitter.com/QvzW1Rt67R
— The Post Millennial (@TPostMillennial) May 12, 2022
Canadá está ampliando su programa de asistencia médica para morir (MAID), que ha sido una opción para personas con ciertos tipos de enfermedades durante años.
Según The Post Millennial, el programa incluye a las autoridades sanitarias proporcionando un fármaco que matará intencionalmente a la persona que lo solicite.
El sitio web del gobierno de Columbia Británica, «La asistencia médica para morir brinda a las personas que experimentan un sufrimiento intolerable debido a una condición médica grave e irremediable (incurable), la opción de terminar con su vida con un médico o enfermera practicante».
“La asistencia médica para morir se brinda solo a personas legalmente elegibles. Para garantizar que este servicio se brinde de manera segura, se han diseñado salvaguardas para proteger a las personas vulnerables y ayudar a todas las personas a tomar una decisión informada”, dice el sitio.
Hasta hace poco, la persona que recibe el servicio debe ser elegible para el programa de salud financiado por el gobierno, tener al menos 18 años de edad y ser mentalmente competente, haber realizado una solicitud voluntaria de asistencia para morir, haber dado su consentimiento informado sobre posibles cuidados paliativos, tener una “condición médica grave e irremediable”, y soportar un sufrimiento físico o psicológico que sea “intolerable para ellos y no pueda aliviarse en condiciones que consideren aceptables”.
Después de suplicar sin éxito por una vivienda asequible para ayudar a aliviar su condición de salud crónica, una mujer canadiense puso fin a su vida en febrero bajo las leyes de suicidio asistido del país. Otra mujer, que sufre de la misma condición y también vive de los pagos por discapacidad, casi ha llegado a la aprobación final para terminar con su vida.
Los dos casos de alto perfil han provocado incredulidad e indignación, y arrojaron luz sobre las leyes del derecho a morir de Canadá, que los críticos argumentan que se están utilizando indebidamente para castigar a los pobres y enfermos. A fines de abril, The Spectator publicó una historia con el titular provocativo: ¿Por qué Canadá sacrifica a los pobres?.
Expertos médicos y legales advierten que la cobertura mediática demasiado simplificada de los casos no captura las realidades del sistema, y advierten que la cobertura sensacionalista de un puñado de casos «extremos» ignora una crisis mayor en los sistemas de salud del país.
En febrero, a una mujer de Ontario de 51 años conocida como Sophia se le concedió la muerte asistida por un médico después de que su condición crónica se volvió intolerable y su exiguo estipendio (cantidad de dinero) por discapacidad le dejó poco para sobrevivir, según CTV News.
“El gobierno me ve como basura prescindible, quejosa, inútil y un coñazo”, dijo en un video obtenido por la red. Durante dos años, ella y sus amigos suplicaron sin éxito mejores condiciones de vida, dijo.
Ahora ha surgido un segundo caso con varios paralelos: otra mujer, conocida como Denise, también solicitó terminar con su vida después de no poder encontrar una vivienda adecuada y luchar para sobrevivir con los pagos por discapacidad.
Ambos fueron diagnosticados con sensibilidad química múltiple (MCR), una condición en la que los productos químicos comunes, como los del humo del cigarrillo y los detergentes para ropa, pueden provocar náuseas, dolores de cabeza cegadores y, en casos extremos, shock anafiláctico.
Ambos también habían argumentado que una vivienda especial, donde el flujo de aire está más controlado, aliviaría sus síntomas debilitantes.
Incapaces de trabajar, cada una recibió U$S 1.169 por mes, colocándolos muy por debajo de la línea de pobreza en la provincia más poblada y cara de Canadá.
Para los activistas, los casos han llegado a representar la falta de atención de Canadá a sus ciudadanos más vulnerables y plantearon preguntas sobre cómo se aplican las leyes de suicidio asistido.
Algunos advierten que los casos también están siendo utilizados por grupos que se oponen a la asistencia médica en la muerte (MAID) en un intento de reducir la legislación, en lugar de buscar cómo los gobiernos pueden mejorar a las personas que viven con discapacidades.
“La vivienda inadecuada no es uno de los criterios de elegibilidad para recibir asistencia médica para morir. Si bien las circunstancias de vida de alguien pueden contribuir a su sufrimiento, no constituyen la condición médica grave e irremediable que debe existir”, dijo Chantal Perrot, médica y proveedora de MAID.
Perrot dijo que si bien la vivienda podría haber ayudado, era solo una parte de una lucha más amplia contra la condición crónica.
“El único tratamiento realmente para eso es evitar todos los desencadenantes. Eso es casi imposible de hacer en la vida ordinaria. Entonces, una mejor vivienda puede crear una burbuja temporal para una persona, pero no hay cura para esto”, dijo. “Hacemos este trabajo porque creemos en el derecho de las personas a la muerte asistida. No siempre es fácil de hacer. Pero sabemos que los pacientes lo necesitan y lo valoran. Vivimos con el desafío del trabajo, en parte porque es importante aliviar ese sufrimiento”.
Cuando Canadá introdujo una legislación sobre el suicidio asistido en 2016, los grupos de defensa expresaron su temor de que las poblaciones vulnerables pudieran ser atacadas o que los médicos se vieran obligados a anular los juramentos que habían hecho para proteger las patentes.
“Muchos de los argumentos de pendiente resbaladiza que se hicieron inicialmente nunca sucedieron”, dijo Hillary Ferguson, bioética de la Universidad de Dalhousie. “Había temores de que las compuertas se abrieran y todas estas personas accedieran a MAID o incluso fueran forzadas a hacerlo. Pero ese no ha sido el caso”.
El año pasado, los legisladores revisaron los criterios para MAID después de que la Corte Suprema del país dictaminara que una versión anterior de la ley, que excluía a las personas con discapacidades, era inconstitucional.
Una vez más, el tema se encuentra ante un comité parlamentario conjunto especial encargado de decidir si se amplía el acceso a los niños que consienten y a las personas con enfermedades mentales.
Jocelyn Downie, profesora de derecho en Dalhousie y experta en políticas sobre el final de la vida, dijo que existen amplias medidas de protección en el sistema para proteger a los canadienses.
“Tienes que cumplir con rigurosos criterios de elegibilidad. Y ser pobre y no tener un hogar, o un hogar que sea adecuado para ti, no te hace elegible”, dijo Downie. Los casos que involucran una condición crónica a menudo requieren mucho tiempo porque los médicos están trabajando para agotar todas las demás opciones para aliviar el sufrimiento de sus pacientes, dijo.
Downie dijo que los casos resaltan fallas sociales, pero no con las leyes de muerte asistida del país.
“Escuche lo que las personas que viven con discapacidades han estado pidiendo durante años”, dijo, señalando las inversiones en vivienda y transporte accesibles.
En lugar de pelear por la ley, que es poco probable que los legisladores deroguen dada una serie de casos en la Corte Suprema que defienden el derecho a la muerte asistida por un médico, Downie dijo que se debe hacer mayor énfasis en los apoyos y servicios para discapacitados y salud mental.
“La realidad es que es un pequeño número de personas las que califican para MAID. Pero las inversiones en recursos de salud mental y discapacidad llegarían tan lejos como para ayudar a muchas más personas a vivir sus vidas”.
ANTECEDENTES
En 2015, la Corte Suprema de Canadá revocó una prohibición de larga data sobre el suicidio asistido, y solo un año después, su parlamento aprobó una ley que permitía la «SALIDA».
El programa fue promocionado como un recurso para aquellos cuya muerte era «razonablemente previsible». Sin embargo, cinco años más tarde, se eliminó el lenguaje «razonablemente previsible» , al igual que el requisito de una enfermedad terminal.