Nota por Fer Iván Soriano – INSTAGRAM: @ferivan_soriano77
“Esto no se trata de persecución como se quiere hacer ver. Se trata de que los bolivianos reciban las dosis de la esperanza” Así uno de los periodistas de “Las 7 en el 7” daba comienzo a la entrevista con el viceministro de defensa de los derechos del usuario y consumidor, Jorge Silva.
Según las palabras del viceministro boliviano, debido al decreto supremo N°4641, desde el primero de enero de 2022 se deberá presentar el carnet de vacunación (o una prueba PCR negativa) para ingresar a algunos establecimientos públicos y privados con bastante afluencia de personas (aunque no aclaró a partir de cuál número se considera un aglomeramiento) para “proteger a la ciudadanía”. Aunque si bien, en un primer momento, mencionó que no será obligatorio, también agregó que eso no habilitará a que se pueda atentar contra la salud pública y que, por ello, será
necesario presentarlo. Con lo cual, el mensaje no termina quedando claro. No es obligatorio, pero ¿es necesario para entrar a un recinto X?.
Seguidamente fue consultado por las eventuales sanciones que pueden recibir aquellos que violenten la normativa. “Se aplicará la pena mayor por el atentado contra la salud pública: Hasta 10 años de cárcel”. Esta sanción sería aplicable a aquellas personas que no cuenten con el carnet ni con la prueba PCR negativa que hayan ingresado o quieran ingresar a un establecimiento público o privado donde sea necesario presentarlo. Incluso, el viceministro aclaró que también habrá sanciones contra el recinto que no lo solicite. Pudiendo así, el Estado suspender el establecimiento por no respetar las medidas de bioseguridad.
También informó que se trabajará de manera conjunta y coordinada con las diversas autoridades estatales e instituciones privadas para llevar adelante un mayor control efectivo. Todo en nombre del “bienestar general” para la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. Aunque vale cuestionar: ¿Cómo se estaría defendiendo los derechos de los consumidores/usuarios no vacunados si primeramente se los segrega de la sociedad? Más aún, los bolivianos no inoculados estarían siendo forzados a financiar instituciones públicas con los impuestos, pero sin la posibilidad de utilizarlas. Lo cual constituye una inmoralidad.
Todo esto se da en el marco de las fiestas de fin de año donde las personas buscan distenderse y disfrutar un tiempo con la familia y amigos. Sin embargo, Silva afirmó que no es tiempo para eso. Incluso hizo un llamado a que entre los mismos ciudadanos denuncien si ven que está “entrando cualquiera”.
En la misma sintonía, una de los periodistas agregó entre sonrisas: “Ustedes ya saben qué hacer. Denuncien si ve alguna irregularidad”.