Ecologismo: La mayor regulación de la historia
Una característica vernácula del Estado Moderno es la expropiación: de tipo social, territorial, religioso, de seguridad, educación, etc., de funciones previamente atendidas por el ámbito privado e intereses particulares[1]. Esto ha sido una constante en cuanto a consolidación de diversos Estados Modernos nos referimos. No obstante, hoy día, lo que en antaño significarían expropiaciones sociales en función de la articulación estatal, no lo son hoy en sentido estricto, sino más bien expropiaciones en función de un nuevo Contrato Social Verde[2] que, a pesar de haberse plasmado en programas políticos en naciones como Estados Unidos o Alemania, encuentra principal portador en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, desde una perspectiva ya no nacional, sino global. Si algo hay característico de la globalización, es la imposición de legislaciones de gran similitud entre países diferentes. En este sentido, cuando a ecologismo nos referimos, esta regla toma una consideración especial, pues si bien este movimiento “se apoya en estudios y discursos que en importante medida provienen de las ciencias naturales, […] no se refiere a un fenómeno originado por causas naturales, sino sociales. Se responsabiliza a la conducta del hombre moderno, aquel que ha generado la civilización industrial, de haber desencadenado esa crisis [ambiental]”[3]. El discurso ecologista, “plantea que el mayor agente propiciatorio de esta crisis [ambiental] han sido las grandes sociedades industrializadas”, las cuales han “agudizaron el problema [ecológico] tras el término de la Segunda Guerra Mundial cuando alcanzaron un estilo y estándar de vida caracterizado por un elevado y creciente consumo de bienes”. Es decir, “para los ecologistas del Primer Mundo, estas sociedades […] íconos de la civilización industrial, ya se hubiesen desarrollado bajo un esquema capitalista o comunista, al imponer sus modelos […] de desarrollo socioeconómico al mundo entero”[4], también expidieron el deterioro ambiental del planeta, llevándolo a una “situación crítica”[5], pues los problemas ecológicos que en principio eran producidos por escasas naciones industrializadas, luego de la Segunda Guerra Mundial, al expandir el modelo de consumo y producción al resto del mundo, también expandieron la crisis ambiental, consolidando una crisis global, que requiere una solución global.
En este sentido, se torna evidente que la organización multilateral que hoy día ejerce mayor presión en torno a políticas ambientales verisímilmente sea la ONU, fundamentalmente a través, tanto del Acuerdo de París, como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible detallados en la Agenda 2030[6], diecisiete objetivos de desarrollo que involucran necesariamente a todos los aspectos de la vida humana, y a los cuales 198 gobiernos han comprometido adherir. Un aspecto crucial que vale considerar en este punto son los objetivos 14 y 15 de dicho programa de gobernanza global, a saber: Vida submarina (14) y Vida de ecosistemas terrestres (15), dos puntos cruciales a los que en su la 75 Asamblea, la ONU remarcó con especial énfasis: “En la 75 Asamblea de la ONU, el Sr. Guterres ha afirmado que necesitamos una gobernanza global, y la agenda 2030 es una gobernanza global, es un nuevo Contrato Social, es un cambio de paradigma en todos lo ámbitos: desde la educación hasta la producción. Todo. ¿Y quién decía el Sr. Guterres que iban a gestionar esa gobernanza global? La familia de la ONU, es decir, las agencias como la OMS, que se convertiría en el ministerio global de la Salud; el de comercio, en el Ministerio Global de Comercio, que gestionaría todos estos recursos estratégicos que son los que están en juego”[7].
Así es como se comprende Meta 30X30, programa fijado por el Convenio sobre la diversidad Biológica que tuvo lugar en la misma Cumbre sobre Biodiversidad, en el marco del 75 período de sesiones ordinarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Proverbialmente, “cada diez años, la comunidad internacional se reúne bajo el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB o “el Convenio”) de las Naciones Unidas para establecer nuevos objetivos globales y así promover la protección de la naturaleza durante los próximos 10 años. Estos objetivos incentivan acción al proporcionar objetivos concretos y medibles con los que los gobiernos pueden compararse y responsabilizarse. La reunión de 2021 (aplazada desde 2020) del Convenio en China representa una de nuestras últimas y mejores oportunidades para detener la pérdida de biodiversidad y poner la naturaleza en el camino hacia la recuperación. NRDC, junto con los gobiernos de más de 40 naciones, numerosas organizaciones no gubernamentales y científicos y expertos destacados de todo el mundo, apoya un marco global ambicioso para proteger al menos el 30 por ciento de los océanos y el 30 por ciento de las áreas terrestres y aguas continentales del mundo para el año 2030. Esta iniciativa, conocida como 30×30, también pide al mundo que fortalezca la conservación de todas las áreas restantes para detener la pérdida de biodiversidad, preservar los servicios de los ecosistemas, y combatir y desarrollar la resiliencia al cambio climático.”[8] Objetivamente, fin esencial de la misma, es lograr que “al menos el 30 por ciento de los océanos y el 30 por ciento de las áreas terrestres y aguas continentales están totalmente y altamente protegidas para el año 2030, a través de sistemas de áreas protegidas administrados de manera efectiva y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados.”[9]
Estados Unidos: Expropiaciones masivas hacia 2030
Una semana luego de convertirse en presidente de los Estados Unidos, el 27 de enero de 2021 Joe Biden firmaba una orden ejecutiva[10] que anunciaba su compromiso de proteger el 30 % de la tierra y el agua de EE. UU. (más de 720 millones de acres)[11] para 2030, bajo el pretexto de que solo el 12% de la superficie de Estados Unidos bajo propiedad y administración federal[12] y, dado que es un relato fatuo por la administración que las prácticas de agricultura y ganadería están asolando al clima global, deben eliminarse los usos adicionales para garantizar que esta tierra se gestione en su “estado natural”. Dicho proyecto toma como marco teórico la discusión en torno al área natural que debiera de resguardarse a fin de preservar las especies en peligro de extinción y las áreas naturales.
El plan 30X30 de la administración Biden no puede comprenderse como un programa autónomo. Por el contrario, es cuando se comprende en un marco global que cobra sentido. Una medida dispuesta por Estados independientes entre sí, pero replegados a los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En este sentido, resulta preciso comprender que la resolución del Senado es parte de una iniciativa global más amplia[13]: “La meta de conservar el 30 por ciento de las tierras y aguas para 2030 se hace eco de las recomendaciones de científicos que animan a los líderes mundiales a trabajar juntos para conservar o restaurar una parte sustancial parte de nuestro planeta para detener la crisis de extinción, salvaguardar el suministro de agua y alimentos, absorber contaminación por carbono y reducir los riesgos de futuras pandemias y otras emergencias sanitarias mundiales. Como líder mundial en conservación desde hace mucho tiempo, EE. UU. se encuentra entre los cuatro primeros países en el mundo en la cantidad de tierras naturales intactas que quedan, ya ha establecido áreas marinas protegidas áreas en aproximadamente una cuarta parte de las aguas de los EE. UU., tiene una fuerte tradición de administración de tierras de trabajo entre ganaderos, agricultores y propietarios de bosques, y ha sido pionera en la gestión de peces y vida silvestre.”[14].
El origen de la iniciativa 30×30 en los Estados Unidos proviene tanto de las iniciativas de biodiversidad global como de los grupos de reflexión sobre políticas nacionales en los Estados Unidos, pues tiene como inspiración a la propuesta Meta 30X30, elaborada por el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) de la ONU[15], y discutida en la Cumbre sobre Biodiversidad de Naciones Unidas perpetrada el 30 de septiembre de 2020, en el marco del 75 período de sesiones ordinarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo objetivo sería garantizar el sostenimiento de la vida de todas las especies de la Tierra. Si bien su redacción como programa político se dio a través del trabajo preliminar de las resoluciones del Congreso 30X30 presentadas por la representante Deb Haaland y el exsenador de Nuevo México, Tom Udall, durante los últimos tres años, y su objetivo también formó parte de la plataforma climática de la campaña de Joe Biden, vale desatacar que ya en agosto de 2019, el Center for American Progress convenció a los formuladores de políticas acerca de adoptar e implementar una meta de proteger el 30 % de las tierras y aguas de la Nación para 2030. Dicha organización afirmó que EE. UU. “carece de una visión común clara de cuánto naturaleza que desea conservar, en qué forma, a qué costo y para quién”[16] y, por lo tanto, ha subutilizado enormemente su capacidad para conservar la naturaleza. Mientras tanto, la Orden Ejecutiva enviada por Biden parece transparente en la intención de ayudar a remediar eso al emprender un “proceso con un amplio compromiso, que incluye propietarios de tierras agrícolas y forestales, pescadores, entusiastas del aire libre, naciones tribales soberanas, estados, territorios, funcionarios locales y otros para identificar estrategias que reflejen las prioridades de todas las comunidades”.
En su sentido más ameno, el Plan 30 X 30 de Biden “se refiere a proteger el 30 por ciento de la tierra y las aguas de la nación, incluidos los océanos, para el año 2030. El objetivo de 30×30 es proteger esas tierras y aguas para que puedan ayudar a mitigar el impacto del cambio climático. No es un concepto nuevo, pero recibió atención renovada con la publicación del informe, titulado Conservando y Restaurando la Belleza de Estados Unidos[17], exigido por la Orden Ejecutiva de Cambio Climático de Biden (EO14008). Dicho informe es un esfuerzo conjunto de los Departamentos del Interior, Agricultura y Comercio y el Consejo de Calidad Ambiental de la Casa Blanca.”[18]. Según la Orden Ejecutiva de Biden, la solución al cambio climático demanda que el Gobierno Federal se haga de más tierras privadas para retirarlas de la producción y eliminar así todo uso de tierras federales por parte de agricultores, ganaderos y productores[19]. Según la misma, solo el 12% de los aproximadamente 563 millones de acres de tierra federal en los Estados Unidos se administra para “la preservación de la biodiversidad”. Expresado en otros términos, el plan de Biden es que el gobierno Federal adquiera 440 millones de acres adicionales para el 2030. En este sentido, para darnos una idea de lo que ello significa, la misma representa un área de tierra con más del doble del volumen que el Estado de Texas[20], 17 millones de acres más que en todo el estado de Alaska, que es más del 18% de la superficie terrestre de los 48 Estados de la Nación norteamericana.
El objetivo de la administración se incluyó en una orden ejecutiva emitida en enero con escasos detalles. Meses después, en su informe preliminar “Conservar y restaurar la belleza de Estados Unidos”, publicado el 6 de mayo por el Departamento del Interior, el Grupo de trabajo nacional sobre el clima describió los principios para lograr el objetivo, pero no mucho sobre cómo se cumpliría con ellos. El plan llevaría la gestión de la tierra en una nueva dirección. El informe señala que se ofrecerán incentivos a los propietarios privados, lo que podría no ser diferente de las innumerables formas en que el Departamento de Agricultura de EE. UU. ofrece subsidios o subsidios a agricultores y ganaderos para productos y prácticas de uso de la tierra. No obstante, lo que no se remarcó fue el hecho de que, en el futuro, la administración podría reservar una gran cantidad de tierra y océanos solo a través de los poderes ejecutivos, utilizando la Ley de Antigüedades para designar nuevos monumentos, por ejemplo. Pero proteger el 30% de la tierra requerirá un esfuerzo más integral.
Ahora bien, a pesar del -a menudo- vago y ambiguo vocabulario utilizado en programas ambientales tanto por Estados como por organizaciones internacionales, este informe en particular especifica una definición esclarecedora. El informe aporta algo de claridad sobre cómo piensa la administración sobre la conservación cuando afirma que: “En particular, el desafío del presidente enfatiza específicamente la noción de ‘conservación’ de los recursos naturales de la nación (en lugar de los relacionados pero diferentes concepto de ‘protección’ o ‘preservación’) reconociendo que muchos usos de nuestras tierras y aguas, incluidas las tierras de trabajo, puede ser coherente con la salud y la sostenibilidad a largo plazo de los recursos naturales. La meta del 30 por ciento también refleja la necesidad de apoyar los esfuerzos de conservación y restauración en todas las tierras y aguas, no solo en tierras públicas, incluso al incentivar la participación voluntaria esfuerzos de administración en tierras privadas y apoyando los esfuerzos y visiones de los estados y las tribus nacionales.”[21]. No obstante, si bien el programa hace un guiño a los derechos de propiedad privada, no establece una línea de base de las prácticas de conservación existentes ni a las medidas del éxito, sino que “la Orden Ejecutiva 14008 establece el objetivo de conservar el 30 por ciento de las tierras y aguas de EE. UU. para 2030 y ordena al DOI, en coordinación con otras agencias, establecer mecanismos para medir el progreso” y, a pesar de titularse “Conservar y restaurar la belleza de Estados Unidos”[22], paradójicamente, no define lo que significa “conservación”.
Como explica Katie Tubb, analista sénior de políticas para temas energéticos y ambientales en el Instituto Thomas A. Roe de Estudios de Política Económica: “La ‘recomendación central’ del informe es presentar ocho principios fundamentales para la iniciativa ‘30×30’. A primera vista, se muestran prometedores: ‘1. Seguir un enfoque colaborativo e inclusivo para la conservación. 2. Conservar las tierras y aguas de América para el beneficio de todas las personas. 3. Apoyar los esfuerzos de conservación dirigidos y diseñados localmente. 4. Honrar la soberanía tribal y apoyar las prioridades de las naciones tribales. 5. Buscar enfoques de conservación y restauración que creen empleos y apoyen comunidades saludables. 6. Honrar los derechos de propiedad privada y apoyar los esfuerzos de administración voluntaria de propietarios privados y pescadores. 7. Usa la ciencia como guía. 8. Aproveche las herramientas y estrategias existentes con énfasis en la flexibilidad y los enfoques adaptativos’. […] Las políticas de gestión de la tierra que son específicas para el sitio y la situación y que respetan el papel de los propietarios privados empoderan a los estados y las comunidades para trabajar con incentivos para lograr una administración duradera. Una y otra vez, los derechos de propiedad han convertido los recursos ambientales en activos en lugar de pasivos, y los mercados han llevado a soluciones más creativas y deseables. Los estadounidenses han logrado compromisos creativos confiando en las personas que se beneficiarán directamente de las decisiones gerenciales sabias o serán marginadas por las malas. Tanto para las cosas prometedoras. Queda mucho por ver, y las acciones hablan mucho más que las palabras en una declaración de visión. Todo el mundo se preocupa por las tierras, pero el proceso es importante. Tome el Parque Nacional de Yosemite, por ejemplo. Fueron necesarias tres administraciones (los presidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama), varios viajes a la sala del tribunal y más de 3000 páginas de evaluaciones ambientales para permitir que los planes de restauración avanzaran después de que las inundaciones destruyeran senderos, carreteras, puentes y campamentos, e infraestructura de agua y alcantarillado. Yosemite ilustra el punto de que la declaración de visión de la administración es buena, pero no está nada claro cómo se desarrollará. Ahí es donde la goma se pone en marcha cuando la administración aplica esos ocho principios. ¿Estará dispuesta la administración a abordar los problemas regulatorios que son problemas de raíz? Como lamentablemente subraya el ejemplo de Yosemite, conservar el 30% de las tierras estadounidenses para 2030 no significa nada si no reconocemos que las herramientas para administrarlas están rotas. […] No todas las tierras tienen que ser de propiedad y administración federal para ser “conservadas”, pero esa es una idea a la que la extrema izquierda se muestra escéptica, si no totalmente resistente. ¿Cómo se incorporará esto en la línea de base que define cuánta tierra la administración ya considera ‘conservada’? Diferentes administraciones han implementado las mismas leyes que guían la gestión de formas drásticamente diferentes. La gestión de las tierras federales es inconexa y se distribuye entre varios departamentos y oficinas regidos por una miríada de leyes, misiones y reglamentos superpuestos y, a menudo, en conflicto, así como por usos y arreglos históricos anteriores a ciertas leyes federales. Los grupos de intereses especiales aprovechan esas complejidades para presionar a los líderes electos y burócratas para que promulguen políticas que beneficien a poderosos electores. Todos estos son temas en los que la política federal de gestión de tierras da en el blanco, y hay muchas herramientas disponibles para el Congreso y la administración. Todavía queda mucho por ver en la iniciativa ‘30×30’ del presidente, y los estadounidenses deberían responsabilizar a la administración por los principios que estableció inicialmente. América no será “la bella” si no es también libre.”[23].
Por otro lado, como explica Gabriella Hoffman, administradora de comunicaciones con CFACT y presentadora del podcast del Distrito de Conservación: “Tras la primera revisión, la iniciativa, derivada de la primera orden ejecutiva del presidente Biden, ‘Abordar la crisis climática en el hogar y en el extranjero’, parece inofensiva. Eso es lo que se pretende. Promete un ‘enfoque colaborativo e inclusivo para la conservación’, ‘apoyar los esfuerzos de conservación dirigidos y diseñados localmente’ y ‘conservar las tierras y aguas de Estados Unidos para el beneficio de todas las personas’. […] Pero los detalles contenidos en ‘America the Beautiful’ intencionalmente engañan al público sobre el estado actual de las tierras y aguas de nuestra nación. Al examinar las cifras del propio gobierno federal, la cifra del 12 %, muy citada, subestima severamente la cantidad de tierras y aguas que ya están protegidas. Según el Proyecto de análisis de brechas del Servicio Geológico de EE. UU. en la base de datos de áreas protegidas de EE. UU., la cantidad total de tierra en EE. UU. asciende a 622,630,476 acres, de los cuales 252,758,091 ya están protegidos de la actividad humana. Cuando se calcula, ese número se redondea a la friolera de 40,6%, no 12%, de tierras cerradas para usos múltiples. Con la meta del 30% ya alcanzada, la iniciativa ‘America the Beautiful’ no refleja con precisión ni busca promover una verdadera conservación que fomente los usos múltiples en las tierras públicas. Al igual que sus patrocinadores ecologistas extremistas, la administración Biden está utilizando 30 por 30 para confundir engañosamente la conservación (uso racional de los recursos naturales) con sus propios objetivos de preservación (no uso). Hacen esto no tanto para mejorar el mundo natural, sino para adquirir más tierra por lo que el gobierno y sus aliados en el movimiento verde tendrán más autoridad sobre la gestión de los recursos naturales.”[24].
En los EE. UU., alrededor del 12% de la tierra y una cuarta parte de los océanos se encuentran dentro de áreas protegidas permanentemente, incluidos parques nacionales, refugios de vida silvestre y áreas marinas protegidas. Lo que esa cifra no incluye son otras áreas ya gestionadas teniendo en cuenta la sostenibilidad, como las tierras agrícolas inscritas en programas de conservación, o las tierras tribales. “Actualmente, el gobierno federal posee alrededor de 640 millones de acres de tierra, alrededor del 28 por ciento de toda la tierra en los EE. UU. Pero la mayor parte no se administra de una manera que cumpla con el estándar de 30 por 30, en parte porque los recursos se extraen regularmente de mucho de eso. Los combustibles fósiles extraídos de tierras federales y aguas estadounidenses contribuyen con casi una cuarta parte de las emisiones de dióxido de carbono del país.”[25]. De ser efectiva la ejecución del programa, el área total administrada por el gobierno Federal finalmente será mayor a la propuesta desde un principio, pues el mismo parte de una base de datos tergiversada acerca de la cantidad total de tierras en que ya se encuentran bajo dominio federal, por lo cual la propuesta a expropiar resulta inferior al número de acres de tierra que se podrán llegar a obtener por parte del Gobierno Federal. Después de todo, el ecologismo, desde su concepción, siempre ha buscado una mayor regulación. El ecologismo no existe sin la intervención del Estado, por lo cual el ecologismo no existe sin estatismo. Esto es así en tanto que, parafraseando a Alain Lipietz, todas las cuestiones ambientales significativas son políticas, pues: “La particularidad de la ecología de la especie humana es que sus relaciones con la naturaleza están mediatizadas por formas de organización social, que reposan en dispositivos políticos para asegurar su consenso y su reproducción”[26]. El ecologismo, por su propia naturaleza, se convertido en la causa mediante la cual se legitima la regulación más grande de la historia.
Así pues, con las cifras del total de tierra a expropiar definidas, una pregunta crucial que surge es: ¿Qué áreas serán? Pues, como explica el medio The Washington Post: “El nuevo informe no identifica lugares específicos para una mayor protección, define qué nivel de conservación se requeriría para que un área cuente para la meta del 30 por ciento de la administración o indica cuántos fondos federales se necesitarían para hacer realidad la visión de Biden. Esta ambigüedad es en parte por diseño. Algunos ambientalistas dijeron que sería poco práctico hacer esa evaluación en este momento, y que tomará tiempo reunir el tipo de apoyo de base necesario para lograr un objetivo de conservación tan amplio. ‘Lo veo como un punto de partida que nos dice que esta es la dirección en la que queremos ir, y así es como queremos hacer este trabajo para asegurarnos de obtener los mejores resultados’, dijo Ali Chase, director principal de políticas. analista del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales. ‘En términos de tratar de llevar al país a una ética de conservación, creo que es bastante significativo’. El informe es menos una hoja de ruta que una declaración de visión, pintando un cuadro de parques accesibles, ranchos que se duplican como corredores de vida silvestre y granjas que también podrían almacenar carbono en lugar de liberarlo a la atmósfera. Establece los principios rectores del programa (utilizar la investigación científica, buscar proyectos que creen empleos) y exige un enfoque de conservación ‘voluntario y dirigido localmente’, en el que el gobierno federal brinda apoyo y orientación a los esfuerzos dirigidos por propietarios de tierras, ciudades, estados y tribus.”[27].
En este marco, como expuso Peter Kareiva, profesor adjunto del Instituto de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Universidad de California en Los Ángeles: “Una cosa es segura: la conservación de las tierras privadas debe ser parte del plan. Un gran número de especies amenazadas y en peligro de extinción en los Estados Unidos tienen la mayor parte de su hábitat solo en terrenos privados. Un nuevo estudio que realicé con un equipo de investigadores, publicado en Conservation Science and Practice, proporciona evidencia convincente de la promesa de un enfoque para la protección de la biodiversidad utilizando tierras privadas: servidumbres de conservación. Las servidumbres de conservación son restricciones permanentes sobre el uso de la tierra asociadas con un título de propiedad. Las servidumbres pueden prohibir el desarrollo; pueden limitar la extensión de la tala o la ganadería; pueden prohibir la minería o pueden limitar la huella total de construcción en una propiedad. La idea es que estas restricciones preserven el hábitat crítico, al tiempo que permiten a los propietarios privados poseer, usar, vender y legar la tierra sujeta a restricciones de servidumbre. Por lo tanto, las servidumbres permiten que la tierra permanezca privada, pero también protegida a perpetuidad para la biodiversidad.”[28]. Esto podría resultar perjudicial para los modestos ganaderos, al tiempo en que potencialmente significaría un privilegio para grandes poseedores de tierras que no tengan vínculo con la ganadería tradicional. Pues bien, esto podría llegar a beneficiar, en última instancia, a algún gran propietario de hectáreas de tierra, y que sea un importante personaje económico de la agroindustria. En este sentido, comenta una nota del medio Forbes publicada en abril del presente año: “Hace un par de semanas, se conoció que el multimillonario [Bill Gates] reunió de manera silenciosa más de 242.000 acres (unas 90.000 hectáreas) de tierra para cultivo por todo Estados Unidos, terreno suficiente para ser considerado el principal dueño privado de este tipo de tierra en ese país. Sus más grandes pertenencias en este campo están en Louisiana (69.071 acres), Arkansas (47.927 acres) y Nebraska (20,588 acres). A esto se suma, tierra en Phoenix (25.750 acres de tierra) y Arizona, donde se desarrolló un suburbio”[29]. Desde abril, la NBC estima[30] que la cantidad de acres de tierra de Gates haya ascendido a junio a casi 269.000. De esta forma, y “con un patrimonio neto de 121.7 mil millones de dólares, Bill Gates se ha convertido ahora en el rey de las tierras agrícolas. Se calcula que sus tierras, diseminadas por 18 estados, ocuparían un área similar a siete veces Manhattan”[31]. Así es que Gates, al ser un promotor de la carne sintética y detractor de la industria ganadera podría, entre otros grandes poseedores de tierras, podría disponer de parte de su patrimonio al gobierno federal para obtener extensiones de impuestos.
En este sentido, el problema radica en que, como señalaron Arthur Middleton y Justin Brashares profesores en el departamento de ciencia, política y gestión ambiental de la Universidad de Berkeley: “El camino más rápido para que Estados Unidos alcance su objetivo del 30 por ciento de tierras dependería de los poderes ejecutivos de Biden para aumentar la protección de las tierras federales al designar nuevos monumentos nacionales y prohibir la perforación, la minería y la extracción de madera. Pero la mayor parte de la biodiversidad y el potencial del país para almacenar carbono no se encuentran en tierras federales. Alrededor de dos tercios de las especies en la Lista de especies en peligro de extinción existen principalmente en tierras privadas. Más de la mitad de los bosques del país (sumideros de carbono críticos, lugares que absorben más dióxido de carbono del que liberan) son de propiedad privada. Las tierras privadas también conectan nuestras tierras públicas, brindando un hábitat estacional para una amplia variedad de vida silvestre y agua potable limpia, polinización de cultivos y control de inundaciones.”[32].
No obstante, sucede que es justamente cuando la tierra es privada, cuando mejor se conserva. Un proceso vernáculo del globalismo es la promoción de medidas de carácter global hacia Estados nacionales que comprenden, a su vez, soluciones locales. Después de todo, un problema global, requiere una solución global, pero no hay gobierno global que sea capaz de imponer soluciones a cualquier parte del mundo siguiendo las mismas recetas. La idea de una gestión global de los recursos no tiene sentido desde una autoridad central, pues la misma se vuelve imposible en la práctica. Más bien la gestión global de los recursos se torna política cuando los mismos son gestionados desde el plano local. En este sentido, se ha hablado de “conservación de recursos naturales y especies animales”. Lo cierto es que los Estados Unidos tienen experiencia en dichos campos: Un sistema bien desarrollado de derechos de propiedad privada aplicado a través de un sistema legal efectivo, proporciona una mejor administración de los recursos naturales que la que proporciona un lugar donde la propiedad gubernamental resulta abrumadora o un sistema caracterizado por derechos de propiedad difusos. Es cierto que varios recursos naturales se han agotado en el pasado, pero en cada caso particular, la razón no ha sido la “avaricia capitalista” sino, por el contrario, la incapacidad de comprender de forma asaz la lógica de los derechos de la propiedad. La conservación de los recursos naturales podrá llevarse a cabo basada en el cálculo económico que permite el sistema de precios, que aumenta a su vez los incentivos para mejorar y conservar la propiedad.
A fines de la década de 1980, comenzó a popularizarse la equivocada idea del “desarrollo sostenible”[33], así como el “uso sostenible de los recursos naturales”, que no son sino la justificación de que deberían existir regulaciones gubernamentales, mediante la creación de nuevas medidas legislativas y agencias burocráticas, para satisfacer “las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”[34]. Lo que se tiene es sino la arrogancia de creer que millones de personas, a las que no conoce ni jamás se ha visto, con hábitos y modos de pensamiento que se desconocen, actuarán como se prevé y cumplirán los fines que agencias burocráticas desean. Pues se parte del supuesto de que, “en esencia, el capitalismo sostenible es una serie de principios que tienen como objetivo abordar los problemas estructurales que enfrenta el capitalismo. Estos incluyen una dependencia excesiva de la toma de decisiones a corto plazo a costa del valor a largo plazo, la falta de alineación de los incentivos y la falta de una contabilidad adecuada de las externalidades. El capitalismo sostenible busca resolver estos problemas fomentando la creación de valor económico a largo plazo y al mismo tiempo integra las externalidades ambientales, sociales y de gobernabilidad en sus métricas”[35]. Pero como bien remarcó el Premio Nobel de Economía Milton Friedman, el mérito de Adam Smith en “La riqueza de las Naciones” estribó en “reconocer que los precios que se establecían en las transacciones voluntarias entre compradores y vendedores […] podían coordinar la actividad de millones de personas, buscando cada una de ellas su propio interés, de tal modo que todas se beneficien”[36]. Lo que se ignora en este sentido es que, justamente, la relación entre consumo presente y el consumo futuro es la tarea que desarrolla el mercado mediante el mecanismo de precios, mientras que las agencias reguladoras no poseen la información para decidir acerca de los recursos disponibles[37]. La información cambia con aprisa y se halla dispersa, guiada mediante la acción de millones de agentes alrededor del mundo. En este sentido, la farsa del “desarrollo sustentable” es el caballo de Troya hacia las regulaciones, privilegios y oligopolios que, en nombre de la “transición hacia una economía verde”, resulta perjudicial para el verdadero cuidado del medio ambiente.
Un propietario de la tierra privado verá que el valor de la misma aumentará seguidamente de haber dispuesto de una inversión considerable sobre la misma, porque el valor refleja los beneficios y costos futuros derivados de su acción. Pero no existe tal “valor capitalizado” en el entorno gubernamental, por lo que los funcionarios del gobierno están más interesados en maximizar el poder y accionar político que el valor económico. Y es precisamente por ser de propiedad estatal, que el gobierno es el responsable de la desvalorización y agotamiento de los recursos. Deberíamos ahora entablar esta discusión en torno a los resultados objetivos, dado que los sentimientos, nada productivo aportan al tema. Todos los males que conocemos en economía y que tienen su inicio en la intervención del Estado, están cargados, en principio, de buenas intenciones.
Por otra parte, como explica el Doctor en Economía Alberto Benegas Lynch: “La extinción de especies animales se pretende contrarresta con intervenciones gubernamentales cuando la asignación de derechos de propiedad resuelve el problema, tal como fue puesto de manifiesto en África al dar manadas en propiedad lo cual hizo que se cuidaran y reprodujeran los elefantes en lugar de ametrallarlos para sacarles el marfil. Lo mismo ocurrió en Sud América en la época de la colonia con el ganado que se mataba para sacarle el cuero o para comer un asado y estaba en vías de extinción hasta que aparecieron las revoluciones tecnológicas del momento: la marca y el alambrado”[38].
De hecho, como recuerda el economista con Maestría en administración de recursos naturales, Michael Malin: “Una de las pocas historias de tragedias convertidas en éxito de especies en peligro de extinción involucró al bisonte americano (búfalo). La tragedia ocurrió cuando las poblaciones de búfalos pasaron de estimaciones de decenas de millones antes de 1800 a solo unos pocos cientos unos 80 años después. Este rápido declive y casi extinción generalmente se atribuye a una ‘tragedia de los comunes’ (es decir, la falta de derechos de propiedad privada). A medida que aumentaba la demanda de productos de búfalo, comenzaron a ser cazados en exceso ya que estaban ubicados en tierras que no eran de propiedad blanca y, por lo tanto, se los consideraba presa justa para que cualquiera pudiera cazarlos. Los ferrocarriles solían pagar la matanza indiscriminada de búfalos para evitar retrasos y, dado que los retrasos costarían dinero a las empresas ferroviarias, no había ningún incentivo financiero para proteger al bisonte. Según Benjamin Wiegold en su artículo ‘Especies en peligro de extinción, propiedad privada y el bisonte americano’, el ejército estadounidense bajo el mando del general William Sherman incluso ‘adoptó una política de tierra quemada que incluía intentos de erradicar las manadas de bisontes de las llanuras’. Los esfuerzos del gobierno para proteger a estos búfalos no tuvieron éxito. En 1872 se inauguró el Parque Nacional Yellowstone como refugio seguro, pero la caza furtiva seguía siendo un problema sustancial. Henry Yount, recordado por su tiempo en Yellowstone como el primer guardaparque nacional, ‘renunció después de solo 14 meses en el trabajo porque sabía que sus esfuerzos por sí solos eran inútiles’. Afortunadamente, una solución de libre mercado proporcionó un futuro mucho más brillante para el bisonte. Al ver el declive como una oportunidad, varios ganaderos comenzaron a arrear búfalos salvajes en sus ranchos y tuvieron mucho más éxito en protegerlos. Mientras que las poblaciones en Yellowstone pasaron de 25 a 23 de 1884 a 1902, las poblaciones de búfalos de propiedad privada pudieron crecer a un estimado de 700. ‘Esta tendencia ha continuado durante más de un siglo, ya que en la década de 1990 la proporción era de 25.000 de propiedad pública a 250.000 bisontes de propiedad privada’”[39].
Como fuera dicho, un sistema bien desarrollado de derechos de propiedad privada aplicado a través de un sistema legal efectivo, proporciona una mejor administración de los recursos naturales o la fauna que la que proporciona cualquier lugar donde la propiedad gubernamental resulte abrumadora, o no se respeta derecho de propiedad alguno, por cuanto “lo que es de todos, no es de nadie”, ya que la propiedad “colectiva” no permite maximizar los incentivos para proteger las especies, ni mejorar la propiedad. No obstante, un propietario de la tierra privado verá que el valor de la misma aumentará inmediatamente después de una inversión considerable, entendida esta consecuencia como una reacción que refleja los beneficios y costos futuros derivados de su acción.
Por otro lado, como observa Hoffman: “Otro aspecto preocupante del plan de Biden es que tiene la intención de crear algo llamado ‘Atlas’ de conservación y administración estadounidense. Si bien los detalles son escasos, parece ser un esfuerzo por crear una especie de base de datos que pueda usarse como una ‘herramienta integral a través de la cual medir el progreso de los esfuerzos de conservación, administración y restauración en los Estados Unidos’. ¿Por qué es esto preocupante? Porque, sin duda, la creación de un Atlas de este tipo implicaría que los funcionarios federales trotaran en terrenos privados para obtener la información necesaria, y esto abre la puerta a graves abusos de datos y problemas de privacidad. De hecho, si la historia sirve de ejemplo, dicho Atlas expondría a todos los agricultores, ganaderos, silvicultores y terratenientes a posibles hostigamientos e investigaciones por parte de burócratas federales ansiosos por encontrar cualquier especie en peligro de extinción, humedal o ecosistema sensible que exista en él. La Administración Biden haría bien en recordar la Décima Enmienda a la Constitución de los EE. UU.: ‘Los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ella a los Estados, están reservados a los Estados respectivamente, o al pueblo’. Si el gobierno federal ya está ‘conservando’ el 40% de las tierras y las aguas, entonces, ¿qué es el plan 30 por 30 sino una toma de poder federal? De hecho, el vago lenguaje que apunta a ‘tierras privadas, estatales, locales, tribales y territoriales’ y la creación del Atlas masivo amenazan con pisotear el concepto mismo de federalismo, derechos de propiedad privada y privacidad. Si la administración de Biden deseara avanzar en los verdaderos esfuerzos de conservación, no simplemente encerrar tierras públicas para usos múltiples, se concentraría en soluciones reales a los problemas de conservación. […] Los esfuerzos para “modernizar” las prácticas efectivas de administración como el plan 30 por 30 de Biden alterarían negativamente el panorama de conservación de Estados Unidos y pondrían en serio peligro los derechos de propiedad privada. Debe oponerse por estos motivos.”[40].
Más tierra para… ¿Parques renovables?
Los procedimientos de Biden para expandir la energía renovable, que requiere una gran expansión a gran escala de infraestructura de parques solares y eólicos en tierra, que a gran escala ocupan una cantidad significativa de espacio en comparación con una planta de energía nuclear o de gas, además de la energía eólica marina, también podrían representar un desafío para su objetivo de conservación. Un estudio de la Universidad de Princeton estima que los proyectos eólicos y solares ocuparán aproximadamente 230,000 millas cuadradas para mediados de siglo[41], es decir, unos 147,200,000 de acres de tierra, un terreno mayor al de los estados de Arizona y Colorado juntos. Al mismo tiempo, de ser efectiva la ejecución del programa, el área total administrada por el gobierno Federal finalmente será mayor a la propuesta desde un principio, pues el mismo parte de una base de datos tergiversada acerca de la cantidad total de tierras en que ya se encuentran bajo dominio federal, por lo cual la propuesta a expropiar resulta inferior al número de acres de tierra que se podrán llegar a obtener por parte del Gobierno Federal. Este es un dato no menor, en tanto que, por sus propias promesas de revolucionar el sistema energético estadounidense, es probable que la cantidad disponible de tierras destinadas a la colocación de turbinas eólicas, paneles solares y otras energías renovables, sea abrumador. Por otra parte, ningún tipo de energía es verdaderamente “limpia”. La energía eólica, por ejemplo, no genera emisiones durante su funcionamiento, pero sí su ciclo de vida: Desde la extracción de materias primas hasta la fabricación y construcción hasta la eliminación al final de su vida útil. Hasta el 86% de las emisiones de la energía eólica en su ciclo de vida corresponden a la extracción de materias primas y la producción de aerogeneradores. Esto incluye el uso de metales como acero, cobre y aluminio. El 14% restante proviene del transporte, la instalación, las operaciones y el mantenimiento, el posterior desmantelamiento y la eliminación. De esta forma, las nuevas emisiones globales del ciclo de vida de la energía eólica alcanzarán las 55 millones de toneladas de CO2 entre 2020 y 2050 debido al incremento en su producción[42]. A menudo se suele sostener que esta energía es la más limpia entre las verdes y, sin embargo, poco se dice acerca de lo problemáticos que resultan sus desechos: Al no poder ser reutilizadas sus turbinas ni astas, las mismas son abandonadas en los albores de los parques eólicos. Al mismo tiempo, vale recordar la contaminación visual y sonora que estos gigantes efectúan durante su funcionamiento, hechos que han hecho bajar ostensiblemente su popularidad nada menos que en Alemania, estándar en lo que a energías renovables se refiere.
Como explica Fritz Vahrenholt, Doctorado en Química por la Universidad de Münster, profesor honorario en el Departamento de Química de la Universidad de Hamburgo desde 2009 y Director de Deutsche Wildtier Stiftung (Fundación Alemana de Vida Silvestre): “Nuestra política energética y de protección del clima se está convirtiendo en la principal amenaza para la biodiversidad. […] Cada vez más ciudadanos sienten cómo la transición energética está poniendo bajo presión la protección de la naturaleza y el medio ambiente en Alemania. […] De las 115 especies de aves reproductoras alemanas más comunes, 51 han disminuido significativamente en los últimos 20 años. […] De las 30 especies más comunes, solo hay cuatro que aún pueden mantener sus poblaciones, todas las demás han estado disminuyendo desde 2007 a más tardar’. […] Para colocar un aerogenerador cada 500 metros en el bosque, se deben cortar pasillos pavimentados de seis metros de ancho en el bosque para poder transportar los aerogeneradores de 100 toneladas y poder darles servicio posteriormente. Se debe crear un campo abierto de cinco hectáreas alrededor de cada turbina para que el ala se pueda izar con enormes grúas. […] Incluso hoy en día, cada año se encuentran 200.000 murciélagos muertos debajo de las turbinas eólicas. Según una investigación del Instituto Ornitológico del Estado de Brandeburgo, la población de milanos reales en este estado con 3200 aerogeneradores ya no está asegurada. Más de 300 cometas rojas mueren por los rotores solo en Brandeburgo. La disminución en el número de milanos rojos en Alemania Occidental desde 2005 también es notable, como advierte Klaus Richarz, exjefe del santuario de aves del estado de Hesse, Renania-Palatinado y Sarre. Para él, también, las turbinas de viento en el hábitat de la cometa son potencialmente mortales para las aves. […] Incluso 50.000 aerogeneradores solo generan excedentes masivos cuando sopla el viento. Aritméticamente, las plantas de energía eólica tienen alrededor de 2500 horas a plena carga, pero el año tiene 8760 horas. En tiempos de calma no fluye electricidad, incluso si se multiplica el número de sistemas. Cero por x es cero. La volatilidad de las energías renovables eólica y solar requiere plantas de energía fósil en la sombra o almacenamiento. Las tecnologías de almacenamiento solo pueden realizar esta tarea a costos inaceptablemente altos. Sin plantas de energía de equilibrio fósil, no habrá un suministro eléctrico seguro en Alemania, con consecuencias fatales para la competitividad de la industria alemana ni sector manufacturero”[43].
Conclusiones
A modo de conclusión, si hay una característica vernácula del globalismo es la promoción de políticas idénticas entre disímiles países. En este sentido, el Plan 30X30 impulsado por la administración Biden, que posee como marco teórico la propuesta Meta 30X30, elaborada por el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) de la ONU, no puede comprenderse como un programa autónomo. Por el contrario, es cuando se comprende en un marco global que cobra sentido, como medida dispuesta por Estados independientes entre sí, pero replegados a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de naciones unidad, pues la gobernanza global de los recursos no resulta posible desde una autoridad central, sino cuando los mismos son administrados desde los propios gobiernos locales junto a organizaciones, ONG’s, tribus e individuos locales, pero plegados a los intereses de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Al mismo tiempo, a pesar de esgrimir que posee respeto por la propiedad privada y las formas de conservación de las comunidades originarias, rompe prácticamente por completo la tradición conservacionista estadounidense de propiedad de privada, pues parte del supuesto que el resguardo federal es una medida más efectiva de resguardo de flora y fauna, ignorando por completo las exitosas políticas administrativas de su propia nación. Dicho programa administrativo, resulta contradictorio con muchos puntos de la Constitución Norteamericana. Este dato no resulta extraño, en tanto responde a objetivos del Nuevo Contrato Social ecologista, el cual plantea que, ante la amenaza global ante la que nos encontramos, nuestras viejas Constituciones resultan arcaicas y exiguas, por lo que es preciso replantear el Contrato Social a través de “una visión holística de la transformación social y económica”, que comprenda que “que todas nuestras crisis -desigualdad económica, violencia contra las mujeres, supremacía blanca, guerras interminables, desmoronamiento ecológico- están estrictamente unidas”[44].
Al mismo tiempo, de ser efectiva la ejecución del programa, el área total administrada por el gobierno Federal finalmente será mayor a la propuesta desde un principio, pues el mismo parte de una base de datos tergiversada acerca de la cantidad total de tierras en que ya se encuentran bajo dominio federal, por lo cual la propuesta a expropiar resulta inferior al número de acres de tierra que se podrán llegar a obtener por parte del Gobierno Federal. Este es un dato no menor, en tanto que, por sus propias promesas de revolucionar el sistema energético estadounidense, es probable que la cantidad disponible de tierras destinadas a la colocación de turbinas eólicas, paneles solares y otras energías renovables sea abrumador, al tiempo en que todos estos tipos de energía, por su extensión y dimensión de infraestructura necesaria, afectan ostensiblemente a la fauna local, a la vez que las turbinas eólicas afectan negativamente a las especies autóctonas.
Se ha dicho que el éxito del Plan 30X30 se medirá en base a la cantidad de tierras que la administración Biden logre “conservar”. Lo problemático de esta afirmación es que el programa no define qué entiende por conservación, por lo que la tenencia ineficiente de grandes territorios federales en desuso podría ser considerada una opción, al mismo tiempo en que, si nos guiáramos por cuáles medidas han implementado los Estados Unidos para brindar una solución positiva a sus problemas en áreas naturales y de especies en peligro, sin duda la posesión federal de vastas áreas naturales no ha sido una.
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Bibliografía:
[1] “Desde un punto de vista analítico, la existencia y desarrollo de estas instituciones nacionales pueden ser observados como resultado de un proceso de «expropiación» social. Es decir, su creación y expansión implican la conversión de intereses «comunes» de la sociedad civil en objeto de interés general y, por lo tanto, en objeto de la acción de ese estado en formación. A medida que ello ocurre, la sociedad existente va perdiendo competencias, ámbitos de actuación, en los que hasta entonces había resuelto -a través de diferentes instancias y mecanismos- las cuestiones que requieren decisiones colectivas de la comunidad. O sea, el estado subroga -transformándolos en «públicos» y «generales»- intereses y funciones propios de los particulares, de las instituciones intermedias (como la Iglesia) o de los gobiernos locales. En ese mismo proceso, la sociedad va alterando sus referentes institucionales y el marco habitual para el desarrollo de la actividad social. Esta enajenación de facultades por el estado en ciernes adopta diversas modalidades. En parte, consiste en adquirir el monopolio de ciertas formas de intervención social reservadas a la jurisdicción de los gobiernos locales. En parte, también, en una invasión por el estado nacional de ámbitos de acción propios de los «particulares». En parte, finalmente, en la delimitación de nuevos ámbitos operativos que ningún otro sector de la sociedad está en condiciones de atender, sea por la naturaleza de la actividad o la magnitud de los recursos involucrados. Esta última modalidad no implica estrictamente una expropiación funcional, sino más bien la apertura de nuevos espacios de actuación que hace posible, por su formidable concentración de poder y recursos materiales, la existencia del estado nacional. Esta existencia, entonces, exige replantear los arreglos institucionales vigentes desplazando el marco de referencia de la actividad social de un ámbito local-privado a un ámbito nacional-público; y crea la posibilidad de resolver, mediante novedosas formas de intervención, algunos de los desafíos que plantea el paralelo desarrollo de la sociedad.”. Oszlak, O. REFLEXIONES SOBRE LA FORMACIÓN DEL ESTADO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA SOCIEDAD ARGENTINA. Desarrollo Económico Revista de Ciencias Sociales, Vol. XXI, 1982, Enero-Marzo: Buenos Aires, Argentina.
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[3] Estenssoro Saavedra, F. “Historia de debate ambiental en la política mundial, 1945-1992: la perspectiva latinoamericana”. 1ª ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Biblos, 2020. Pp. 21-22
[4] Estenssoro Saavedra, F. Ob. Cit. Pp. 96
[5] Estenssoro Saavedra, F. Ob. Cit. Pp. 96
[6] Vossler, I. (13 de noviembre de 2021). ¿Qué significa exactamente el “Desarrollo sustentable”?. La Resistencia Radio. Recuperado de: https://laresistenciaradio.com/que-significa-exactamente-el-desarrollo-sustentable/
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[8] NRDC. (Febrero 2021). POR QUÉ EL MUNDO DEBE COMPROMETERSE A PROTEGER EL 30 POR CIENTO DEL PLANETA PARA EL AÑO 2030 (30X30). Pp. 1. Recuperado de: https://www.nrdc.org/sites/default/files/30×30-why-commit-spanish-fs.pdf
[9] Las definiciones de protección total y protección alta se desarrollaron para los océanos y provienen de la Universidad Estatal de Oregón, la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN, Conservation Institute, National Geographic Society y UNEP World Conservation Monitoring Centre. Consulte Planeta protegido, “Introducción a la guía de AMP”, 2019, https://www.protectedplanet.net/c/mpa-guide. Las definiciones se pueden aplicar en gran medida a las zonas terrestres y también a las aguas interiores.
[10] The White House. (27 de enero de 2021). FACT SHEET: President Biden Takes Executive Actions to Tackle the Climate Crisis at Home and Abroad, Create Jobs, and Restore Scientific Integrity Across Federal Government. STATEMENTS AND RELEASES. Recuperado de: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/27/fact-sheet-president-biden-takes-executive-actions-to-tackle-the-climate-crisis-at-home-and-abroad-create-jobs-and-restore-scientific-integrity-across-federal-government/
[11] “Estados Unidos debería tomar, trabajando con los gobiernos estatales, locales, tribales y territoriales, propietarios agrícolas y forestales, pescadores y otras partes interesadas clave, para lograr la meta de conservar al menos el 30 por ciento de nuestras tierras y aguas para 2030.”. The White House. (27 de enero de 2021). Executive Order on Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad. Recuperado de: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/27/executive-order-on-tackling-the-climate-crisis-at-home-and-abroad/
[12] Lee-Ashley, M. (6 de agosto de 2019). ¿Cuánta naturaleza debería conservar Estados Unidos?. Center For American Progress. Recuperado de: https://www.americanprogress.org/issues/green/reports/2019/08/06/473242/much-nature-america-keep/
[13] Ver: https://www.campaignfornature.org/home
[14] Report: Conserving and Restoring America the Beautiful 2021: https://www.doi.gov/sites/doi.gov/files/report-conserving-and-restoring-america-the-beautiful-2021.pdf
[15] GRUPO DE TRABAJO DE COMPOSICIÓN ABIERTA SOBRE EL MARCO MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA POSTERIOR A 2020 Segunda reunión Kunming (China), 24 a 29 de febrero de 2020. BORRADOR PRELIMINAR DEL MARCO MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA POSTERIOR A 2020. Recuperado de: https://www.cbd.int/doc/c/3e98/dbbf/dd9cfd9c78f329da386d750e/wg2020-02-03-es.pdf
[16] Lee-Ashley, M. (6 de agosto de 2019). ¿Cuánta naturaleza debería conservar Estados Unidos?. Center For American Progress. Recuperado de: https://www.americanprogress.org/article/much-nature-america-keep/
[17] Report: Conserving and Restoring America the Beautiful 2021: https://www.doi.gov/sites/doi.gov/files/report-conserving-and-restoring-america-the-beautiful-2021.pdf
[18] Sadler, T; Wilkinson, T. (7 de junio de 2021). 30 X 30: Biden’s Bureaucratic Bogeyman Or A Real Plan To Curb Climate Change?. Mountain Journal. Recuperado de: https://mountainjournal.org/biden-30-x-30-plan-could-benefit-wildlife-rich-yellowstone-region
[19] “Es política de mi Administración poner a trabajar a una nueva generación de estadounidenses para conservar nuestras tierras y aguas públicas. El gobierno federal debe proteger los tesoros naturales de los Estados Unidos, aumentar la reforestación, mejorar el acceso a la recreación y aumentar la resistencia a los incendios forestales y las tormentas, al tiempo que crea empleos sindicales bien remunerados para más estadounidenses, lo que incluye más oportunidades para las mujeres y las personas de color en las ocupaciones en las que se encuentran. subrepresentado Los agricultores, ganaderos y propietarios de bosques de los Estados Unidos tienen un papel importante que desempeñar en la lucha contra la crisis climática y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el secuestro de carbono en suelos, pastos, árboles y otra vegetación y el abastecimiento de bioproductos y combustibles sostenibles. Las comunidades costeras tienen un papel esencial que desempeñar en la mitigación del cambio climático y el fortalecimiento de la resiliencia al proteger y restaurar los ecosistemas costeros, como los humedales, los pastos marinos, los arrecifes de coral y ostras, y los manglares y los bosques de algas, para proteger las costas vulnerables, secuestrar carbono y apoyar la biodiversidad y pesca. Segundo. 215. Cuerpo Climático Civil. En cumplimiento de la política establecida en la sección 214 de esta orden, el Secretario del Interior, en colaboración con el Secretario de Agricultura y los jefes de otras agencias relevantes, deberá presentar una estrategia al Grupo de Trabajo dentro de los 90 días a partir de la fecha de esta orden para crear una Iniciativa del Cuerpo Climático Civil, dentro de las asignaciones existentes, para movilizar a la próxima generación de trabajadores de conservación y resiliencia y maximizar la creación de oportunidades de capacitación accesibles y buenos empleos. La iniciativa tendrá como objetivo conservar y restaurar tierras y aguas públicas, reforzar la resiliencia de la comunidad, aumentar la reforestación, aumentar el secuestro de carbono en el sector agrícola, proteger la biodiversidad, mejorar el acceso a la recreación y abordar el cambio climático. Segundo. 216. Conservación de las tierras y aguas de nuestra nación. (a) El Secretario del Interior, en consulta con el Secretario de Agricultura, el Secretario de Comercio, el Presidente del Consejo de Calidad Ambiental y los jefes de otras agencias relevantes, presentará un informe al Grupo de Trabajo dentro de los 90 días. de la fecha de esta orden que recomienda los pasos que los Estados Unidos deben tomar, trabajando con los gobiernos estatales, locales, tribales y territoriales, propietarios de tierras agrícolas y forestales, pescadores y otras partes interesadas clave, para lograr la meta de conservar al menos el 30 por ciento de nuestras tierras y aguas para 2030. (i) El Secretario del Interior, el Secretario de Agricultura, el Secretario de Comercio, a través del Administrador de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, y el Presidente del Consejo de Calidad Ambiental deberán, según corresponda, solicitar aportes de los , funcionarios tribales y territoriales, propietarios de tierras agrícolas y forestales, pescadores y otras partes interesadas clave en la identificación de estrategias que fomenten una amplia participación en el objetivo de conservar el 30 por ciento de nuestras tierras y aguas para 2030. (ii) El informe propondrá lineamientos para determinar si las tierras y aguas califican para la conservación, y también establecerá mecanismos para medir el progreso hacia la meta del 30 por ciento. Posteriormente, el Secretario del Interior presentará informes anuales al Grupo de Trabajo para monitorear el progreso. (b) El Secretario de Agricultura deberá: (i) iniciar esfuerzos en los primeros 60 días a partir de la fecha de esta orden para recopilar información de las tribus, agricultores, ganaderos, propietarios de bosques, grupos conservacionistas, bomberos y otras partes interesadas sobre cómo utilizar mejor los programas, fondos y financiación del Departamento de Agricultura capacidades y otras autoridades, y cómo alentar la adopción voluntaria de prácticas agrícolas y forestales climáticamente inteligentes que disminuyan el riesgo de incendios forestales alimentado por el cambio climático y resulten en reducciones y secuestros de carbono adicionales, medibles y verificables y que generen bioproductos y combustibles sostenibles; y (ii) presentar al Grupo de Trabajo dentro de los 90 días siguientes a la fecha de esta orden un informe con recomendaciones para una estrategia climática agrícola y forestal.”. JANUARY 27, 2021. The White House. Executive Order on Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad. Recuperado de: Executive Order on Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad.
[20] The New York Times. (21 de diciembre de 2020). More Than Twice the Size of Texas That’s how much land Biden wants to conserve over the next decade. But is it possible?. Recuperado de: https://www.nytimes.com/2020/12/21/opinion/biden-climate-change-conservation.html
[21] Report: Conserving and Restoring America the Beautiful 2021: https://www.doi.gov/sites/doi.gov/files/report-conserving-and-restoring-america-the-beautiful-2021.pdf
[22] Ibid.
[23] Tubb, K. (10 de mayo de 2021). Devil’s in Details in Biden’s «30×30» Plan de Conservación. Heritage Foundation. Recuoerado de: https://www.heritage.org/environment/commentary/devils-details-bidens-3030-conservation-plan
[24] Hoffmann, G. (8 de febrero de 2022). La iniciativa 30 por 30 de Biden erosionaría la verdadera conservación en Estados Unidos. The Washington Times. Recuperado de: https://m.washingtontimes.com/news/2022/feb/8/bidens-30-by-30-initiative-would-erode-true-conser/
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[33] Sustainable development es un concepto expuesto en el Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland) titulado “Nuestro futuro común” en el año 1987, indistintamente traducido al castellano como desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, y que la Asamblea General de la ONU aceptó en su sesión plenaria del 11 de diciembre del mismo año. A su vez, este concepto ha sido blanco de varias controversias debido a su ambigüedad, ya que su definición no corresponde a un concepto científico, sino político. “De hecho, la presidenta de la CMMAD, Brundtland, si bien se había desempeñado como ministra del Medio Ambiente de Noruega entre 1974 y 1979, no se caracterizaba por ser una experta en ciencias de la Tierra o en ecología, sino por ser una […] política socialdemócrata (miembro del Partido Laborista), fogueada en complejas negociaciones y que entre febrero y octubre de 1981 se había desempeñado como primera ministra de Noruega”. Ver en Estenssoro Saavedra, F. “Historia de debate ambiental en la política mundial, 1945-1992: la perspectiva latinoamericana”. Ob. Cit. Pp. 173-174.
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