En un operativo interinstitucional desplegado a primera hora de la mañana, el Gobierno de Chile materializó el segundo vuelo de expulsión masiva del año. La medida, coordinada bajo la administración del Presidente José Antonio Kast, permitió la salida del territorio nacional de 40 ciudadanos extranjeros que mantenían órdenes de expulsión vigentes por razones judiciales y administrativas.
El operativo se llevó a cabo a bordo de una aeronave B-737 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y contó con un estricto despliegue de seguridad a cargo de 42 funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI). La ruta del vuelo contempló el despegue desde Santiago con una escala en Iquique, para luego continuar con rumbo internacional hacia Bogotá (Colombia), Puerto Príncipe (Haití) y Santo Domingo (República Dominicana).
Según informaron las autoridades, el grupo de deportados quedó conformado tras la consolidación de una nómina final en la que se incluyeron 21 expulsiones de carácter administrativo y 19 de origen judicial.
Respecto a las nacionalidades de los afectados, el desglose oficial detalla:
- 24 ciudadanos colombianos.
- 9 ciudadanos haitianos.
- 7 ciudadanos dominicanos.
Entre los motivos que gatillaron las órdenes de expulsión se encuentran el ingreso o egreso por pasos no habilitados al territorio chileno, así como la comisión de delitos de alta connotación social, tales como robos en distintas modalidades y tráfico ilícito de drogas, entre otros ilícitos.
El éxito de la operación requirió un trabajo articulado entre la Subsecretaría del Interior y el Servicio Nacional de Migraciones, sumado a las gestiones diplomáticas internacionales llevadas a cabo por el Ministerio de Relaciones Exteriores para coordinar la recepción de los ciudadanos en sus respectivos países de origen.
Desde el Ejecutivo destacaron que con este operativo se busca enviar una señal clara de fortalecimiento de la institucionalidad, avanzando firmemente en el cumplimiento de las resoluciones dictadas por los tribunales y los organismos administrativos del Estado en materia de ley migratoria.
