El desafío legal, presentado en el tribunal federal de Manhattan, tiene como objetivo bloquear la publicación de los archivos de una demanda civil por difamación de hace una década presentada por Virginia Giuffre contra Maxwell en 2015.
Los abogados de Maxwell sostienen que la «Ley de Transparencia de Archivos Epstein» viola la doctrina de separación de poderes de la Constitución, afirmando que el Congreso no puede anular el poder del poder judicial para proteger sus archivos. El Departamento de Justicia solicitó recientemente a un juez que levantara el secreto de los archivos.
“El Congreso no puede, por ley, despojar a este Tribunal de la facultad ni eximirlo de la responsabilidad de proteger sus archivos del uso indebido. Hacerlo viola la separación de poderes”, escribieron los abogados Laura Menninger y Jeffrey Pagliuca sobre la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein.
“Según la separación de poderes establecida en la Constitución, ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo pueden interferir en el poder judicial. Esta facultad incluye la de resolver de forma definitiva los casos y las controversias”, añadieron los abogados.
Afirman que los documentos, que incluyen más de 30 transcripciones de declaraciones, contienen información financiera y sexual privada perteneciente a Maxwell y otros.
Los abogados de Maxwell afirmaron que el Departamento de Justicia obtuvo los documentos —que de otro modo estarían sujetos a órdenes de confidencialidad— de forma indebida durante su investigación penal.
Algunos registros del intercambio de pruebas que duró un año en la batalla judicial ya se hicieron públicos en respuesta a una orden de un tribunal de apelaciones federal.
Giuffre dijo que Epstein la había traficado con otros hombres, incluido el ex príncipe Andrew, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, que fue detenido unas 12 hs. días atrás al ser investigado por su conexión con Epstein y bajo sospecha de mala conducta al haber compartido información comercial confidencial.
En unas memorias publicadas después de morir el año pasado, Giuffre escribió que los fiscales le dijeron que no la incluyeron en el proceso de tráfico sexual de Maxwell porque no querían que sus acusaciones distrajeran al jurado.
La medida se produce en medio de continuas publicaciones de documentos relacionados con Epstein, que han revelado nuevos detalles sobre su abuso y han dado lugar a quejas de las víctimas cuya información personal fue divulgada.
El tribunal federal de Manhattan tendrá que decidir si la ley de divulgación forzada es constitucional y si puede aplicarse a estos documentos específicos, o si los archivos deben permanecer sellados o con restricciones de acceso.
Los miembros del Congreso se han quejado de que sólo alrededor de la mitad de los documentos existentes, muchos de ellos con tachaduras, se han hecho públicos, aunque funcionarios del Departamento de Justicia han dicho que todo se ha publicado, a excepción de algunos archivos que no pueden hacerse públicos hasta que un juez dé el visto bueno.
Maxwell, de 64 años, fue declarada culpable en diciembre de 2021 y sentenciada a 20 años de prisión. Fue trasladada de una prisión federal en Florida a un centro penitenciario de baja seguridad en Texas el verano pasado, tras participar en dos días de entrevistas con el fiscal general adjunto Todd Blanche.
Hace dos semanas, se negó a responder preguntas de los legisladores del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en una declaración realizada en una videollamada a su campo de prisioneros federales, aunque indicó a través de una declaración de su abogado que estaba «preparada para hablar completa y honestamente» si se le concedía el indulto.
