La controversia ha adquirido una dimensión nacional y amenaza con convertirse en uno de los mayores enfrentamientos políticos del Reino Unido sobre la privacidad sanitaria, la soberanía tecnológica y los límites éticos de la contratación pública. El contrato, valorado en hasta 330 millones de libras esterlinas, está ahora bajo una presión creciente, mientras organizaciones civiles y parlamentarios reclaman que el Gobierno ponga fin a la relación con la empresa.
Una empresa militar en el corazón de la sanidad pública
El centro de la controversia es la denominada Federated Data Platform (FDP), una plataforma de gestión e integración de datos sanitarios adjudicada a Palantir por NHS England en noviembre de 2023. El acuerdo tiene una duración prevista de siete años y un valor potencial de 330 millones de libras. Su objetivo oficial es integrar información procedente de distintas áreas del sistema sanitario para mejorar la coordinación hospitalaria, la gestión de las listas de espera y la planificación de los recursos médicos.
En términos prácticos, la herramienta busca que los profesionales sanitarios puedan consultar información relevante de manera más eficiente, identificar necesidades asistenciales y coordinar mejor la atención a los pacientes. Las autoridades sanitarias sostienen que la plataforma puede contribuir a reducir retrasos y mejorar la utilización de los recursos disponibles. Sin embargo, los críticos cuestionan si esos posibles beneficios justifican entregar a una empresa privada estadounidense un papel tan importante en la infraestructura digital de uno de los servicios públicos más sensibles del país.
La cuestión no consiste únicamente en quién fabrica el software, sino también en quién puede acceder a los datos, bajo qué condiciones se procesan, qué controles existen y hasta qué punto el sistema sanitario puede prescindir de su proveedor si la relación se vuelve políticamente insostenible. En una institución como el NHS, donde millones de personas deben compartir información íntima para recibir atención médica, la confianza pública constituye un elemento esencial de su funcionamiento.
¿Por qué más de 44.000 personas se han opuesto al sistema?
La campaña de objeciones fue coordinada por la organización británica 38 Degrees y se apoya en el artículo 21 del Reglamento General de Protección de Datos del Reino Unido. Esta disposición contempla el derecho de las personas a oponerse, por motivos relacionados con su situación particular, a determinados tratamientos de sus datos personales.
Los participantes han solicitado que NHS England deje de compartir, almacenar o procesar sus datos médicos mediante la plataforma. También han reclamado que se suspenda el tratamiento de su información mientras se estudian sus objeciones. No se trata simplemente de una petición política para que se cancele el contrato: los participantes están invocando un mecanismo previsto en la legislación de protección de datos.
No obstante, existe una precisión jurídica importante: presentar una objeción no implica que el NHS esté obligado a eliminar inmediatamente los datos de la plataforma. La normativa contempla excepciones y permite que el responsable del tratamiento se oponga a la solicitud cuando pueda demostrar motivos legítimos imperiosos que prevalezcan sobre los derechos e intereses del afectado, entre otras circunstancias legalmente previstas. Por tanto, la eficacia de estas reclamaciones dependerá de cómo se examine cada caso y de las bases jurídicas del tratamiento.
La movilización tampoco se limita a estas 44.000 objeciones. Según la información publicada sobre la campaña, cerca de 180.000 personas han respaldado una petición que reclama cancelar los contratos públicos con Palantir. La magnitud de estas cifras refleja una preocupación que trasciende a los especialistas en tecnología: una parte de la sociedad británica cuestiona que una empresa con un historial tan controvertido en el ámbito militar y de la vigilancia participe en la gestión de información sanitaria.
Palantir no es israelí: es estadounidense, pero tiene vínculos estratégicos con Israel
Uno de los aspectos que conviene precisar es el origen de la compañía. Palantir es una empresa estadounidense fundada en 2003, no una compañía israelí. Desarrolla herramientas de análisis de datos, integración de información, inteligencia artificial y apoyo a la toma de decisiones que utilizan organismos gubernamentales, fuerzas de seguridad y organizaciones privadas.
Su trayectoria está estrechamente vinculada al sector de defensa estadounidense. La empresa ha desarrollado plataformas capaces de integrar grandes cantidades de información procedente de distintas fuentes, desde registros y bases de datos hasta imágenes, sensores e informes de inteligencia. Estas capacidades pueden utilizarse para tareas administrativas y logísticas, pero también para identificar patrones, evaluar amenazas y apoyar operaciones militares.
La controversia internacional se intensificó en enero de 2024, cuando Palantir anunció una asociación estratégica con el Ministerio de Defensa de Israel para proporcionar tecnología destinada a «misiones relacionadas con la guerra». El acuerdo se produjo durante la guerra de Gaza y consolidó públicamente la relación de la compañía con el aparato de defensa israelí. Esta colaboración constituye uno de los principales argumentos de las organizaciones que exigen que el NHS rompa su relación contractual con la empresa.
Para los activistas, la cuestión es ética y política: consideran incompatible que una institución sanitaria pública dependa de una compañía que proporciona tecnología a fuerzas armadas implicadas en conflictos objeto de graves denuncias sobre el trato a la población civil. Amnistía Internacional y otras organizaciones han reclamado que las instituciones públicas británicas revisen sus relaciones comerciales con Palantir debido a sus vínculos con operaciones militares y otras actividades controvertidas.
La objeción de fondo es que las decisiones de contratación pública no deberían evaluarse exclusivamente por su coste o eficiencia, sino también por las actividades de las empresas que reciben dinero público. Palantir, por su parte, defiende el valor de su tecnología y rechaza las críticas que considera ideológicas o contrarias a la evaluación objetiva de sus servicios.
El sistema Maven y la polémica por el ataque a una escuela en Irán
La controversia ha adquirido una dimensión todavía más delicada por la utilización de tecnología de Palantir en el aparato militar estadounidense. Uno de los sistemas más relevantes es Maven Smart System, una plataforma que integra información de inteligencia y datos operativos para ayudar a los militares a identificar, priorizar y coordinar objetivos en el campo de batalla.
Maven permite combinar distintas fuentes de información y presentar los resultados en una plataforma que facilita el trabajo de los analistas y los mandos militares. En operaciones complejas, este tipo de tecnología puede acelerar procesos que anteriormente exigían consultar múltiples sistemas y cruzar información de forma manual.
Sin embargo, la velocidad no elimina el riesgo de errores. Cuando una plataforma trabaja con información desactualizada, incompleta o incorrectamente interpretada, sus resultados pueden contribuir a decisiones con consecuencias irreversibles. La pregunta fundamental no es únicamente si la inteligencia artificial puede acelerar la identificación de objetivos, sino quién comprueba la información, cómo se detectan los errores y quién responde cuando una decisión militar provoca la muerte de civiles.
Esta discusión adquirió especial relevancia tras el ataque contra una escuela primaria en Minab, en el sur de Irán, el 28 de febrero de 2026. Las informaciones periodísticas posteriores señalaron que el establecimiento figuraba en una lista estadounidense de objetivos y que pudo haber sido confundido con una instalación militar. El ataque causó la muerte de más de un centenar de personas, entre ellas numerosos niños; distintas investigaciones periodísticas situaron la cifra de víctimas por encima de 160.
Informaciones posteriores de The Los Angeles Times y Bloomberg examinaron el papel de Maven en los procesos de inteligencia y selección de objetivos, y señalaron que algunos militares podrían haber confiado excesivamente en el sistema y en información desactualizada. Palantir, por su parte, ha sostenido que no es responsable de los datos de inteligencia introducidos en la plataforma y que no existen pruebas de que su software causara el error. Hasta la información pública disponible, no está demostrado que Maven seleccionara por sí solo la escuela ni que el sistema fuera la causa directa del ataque. La responsabilidad concreta y la secuencia de decisiones deben distinguirse de las preguntas legítimas sobre el uso militar de estas herramientas.
El caso de Minab ha reforzado las preocupaciones sobre la creciente automatización de los procesos militares. También ha puesto de relieve un problema más amplio: aunque las decisiones finales puedan seguir formalmente en manos humanas, los sistemas que organizan, clasifican y priorizan la información pueden influir de manera determinante en lo que los responsables militares ven y en la rapidez con la que actúan.
La relación entre Maven y la controversia del NHS no significa que la plataforma sanitaria se utilice para seleccionar objetivos militares ni que los datos médicos británicos estén siendo transferidos al ejército estadounidense. Son aplicaciones diferentes. El vínculo que preocupa a los detractores es la identidad del proveedor y su participación en sectores considerados incompatibles con los principios éticos de la sanidad pública.
El temor a perder el control sobre los datos médicos
Más allá de las asociaciones militares, el debate plantea interrogantes sobre la seguridad y la soberanía de la información sanitaria. Los historiales médicos pueden contener diagnósticos, tratamientos, antecedentes personales y otros datos extremadamente sensibles. Su utilización para coordinar la asistencia puede ofrecer beneficios reales, pero también exige garantías rigurosas sobre los accesos, la conservación, la supervisión y la prevención de usos no autorizados.
NHS England sostiene que los datos permanecen bajo el control del sistema sanitario y que Palantir actúa como proveedor tecnológico. Esta distinción es importante: contratar a una empresa para procesar información no significa automáticamente que la compañía se convierta en propietaria de los datos ni que pueda utilizarlos libremente para cualquier finalidad.
Sin embargo, los críticos advierten que la dependencia tecnológica puede crear problemas incluso cuando existen protecciones legales y contractuales. Si una plataforma se convierte en una pieza central de las operaciones hospitalarias, sustituirla puede resultar costoso y complejo. La organización puede terminar dependiendo de conocimientos técnicos, herramientas y procesos que controla un proveedor externo.
El riesgo que se debate es, por tanto, doble: proteger la confidencialidad de los pacientes y evitar que una infraestructura pública esencial quede excesivamente condicionada por una empresa privada. La cuestión adquiere especial relevancia cuando el proveedor pertenece a un país extranjero y mantiene una presencia importante en ámbitos estratégicos como la defensa, la inteligencia y la seguridad nacional.
El problema político: el Gobierno británico estudia cómo reducir su dependencia
La oposición a Palantir ha llegado al Parlamento británico. En junio de 2026, el Comité de Ciencia, Innovación y Tecnología de la Cámara de los Comunes pidió al Gobierno que pusiera fin al contrato del NHS, argumentando que las actividades y posiciones de la compañía planteaban problemas que no podían ignorarse en la contratación pública.
Además, el Gobierno ha tenido que afrontar la posibilidad de que el acuerdo resulte políticamente insostenible. En junio, el British Medical Journal informó de que se había indicado al NHS que se preparase ante la posibilidad de que Palantir dejara de ser el proveedor de la plataforma. El contrato incluye una cláusula de salida cuya próxima fecha decisiva está prevista para febrero de 2027.
La decisión no será sencilla. Romper el acuerdo exigiría evaluar las consecuencias financieras, operativas y técnicas de sustituir el sistema. Las autoridades tendrían que determinar si existen alternativas capaces de garantizar la continuidad del servicio, mantener la seguridad de la información y evitar que los hospitales sufran interrupciones.
Al mismo tiempo, el Gobierno debe valorar el coste político de mantener a una empresa tan controvertida en el corazón de la infraestructura sanitaria. La batalla ya no consiste únicamente en decidir si Palantir ofrece un software útil: también consiste en determinar si el Estado británico está dispuesto a asumir el coste de recuperar el control sobre una infraestructura digital que considera estratégica.
Palantir responde: los contratos no deben decidirse bajo presión política
La compañía también ha intensificado su defensa pública. El 9 de octubre de 2026, Tom Watson, antiguo dirigente adjunto del Partido Laborista y actual vicepresidente sénior de Palantir, advirtió contra lo que describió como el riesgo de que la «ley de la muchedumbre» influyera en la adjudicación de contratos gubernamentales.
Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente presión política sobre los negocios de la compañía en el Reino Unido, tanto en sanidad como en otros servicios públicos. Watson defendió que las decisiones de contratación deben regirse por la legalidad y los procedimientos correspondientes, en lugar de depender de campañas de presión.
La postura de Palantir plantea una cuestión legítima: los contratos públicos no deberían cancelarse arbitrariamente ni sin evaluar las consecuencias para los servicios que dependen de ellos. Pero sus críticos sostienen que la legalidad de un contrato no impide revisar su conveniencia, sus riesgos ni su compatibilidad con los valores y obligaciones de una institución pública.
La discusión enfrenta dos principios que no son necesariamente incompatibles: la necesidad de contratar tecnología eficaz y la obligación de garantizar que los proveedores de servicios públicos cumplan estándares adecuados de transparencia, responsabilidad y protección de derechos.
Un precedente que podría trascender al Reino Unido
Lo que sucede con Palantir podría convertirse en un precedente para otros países que están incorporando inteligencia artificial y plataformas privadas a sus sistemas sanitarios. Los gobiernos necesitan modernizar sus infraestructuras, gestionar volúmenes crecientes de información y mejorar la coordinación de sus servicios. Sin embargo, esa transformación también puede aumentar la dependencia de proveedores tecnológicos con intereses comerciales y estratégicos propios.
La cuestión resulta especialmente delicada cuando una misma compañía opera simultáneamente en hospitales, fuerzas policiales, organismos de inteligencia y fuerzas armadas. Aunque los sistemas sean distintos y existan barreras legales y técnicas entre ellos, la concentración de capacidades en unos pocos proveedores plantea interrogantes sobre la supervisión democrática y la autonomía de los Estados.
Si el Reino Unido decide cancelar el contrato, enviará una señal de que los antecedentes y las actividades de un proveedor pueden justificar la revisión de su presencia en servicios públicos esenciales. Si decide mantenerlo, tendrá que convencer a los ciudadanos de que las garantías de privacidad, seguridad y control son suficientes para preservar su confianza.
La respuesta no dependerá exclusivamente de la reputación de Palantir. También exigirá demostrar qué beneficios concretos aporta su plataforma, qué alternativas existen y qué mecanismos impiden que los datos sanitarios sean utilizados fuera de los fines autorizados.
La pregunta que el Gobierno ya no puede eludir
Más de 44.000 objeciones formales constituyen una señal política considerable, aunque no equivalen a una sentencia judicial ni obligan automáticamente a cancelar el contrato. El caso demuestra que una parte de la ciudadanía no considera suficiente que las autoridades garanticen formalmente la seguridad de sus datos: también quiere saber quién desarrolla la tecnología, qué otros usos tiene y qué valores representa la empresa que la suministra.
El NHS se construyó sobre la premisa de que las personas deben poder acceder a la atención sanitaria sin que el miedo o la desconfianza les impidan buscar ayuda. Cualquier infraestructura digital que procese sus datos debe preservar ese principio.
La paradoja de Palantir es que una tecnología presentada como instrumento para mejorar la eficiencia del Estado puede terminar poniendo a prueba la confianza que permite funcionar a ese mismo Estado. La compañía defiende su capacidad para resolver problemas complejos; sus detractores advierten de los riesgos de concentrar capacidades de análisis y gestión de información en una empresa vinculada a actividades militares y de vigilancia.
En febrero de 2027, el Reino Unido tendrá ante sí una decisión decisiva sobre el futuro del contrato. Pero el debate ya ha desbordado la cuestión económica. Lo que está en juego es hasta dónde deben llegar las empresas privadas en la gestión de información pública, qué límites éticos deben imponerse a la contratación tecnológica y si la modernización de los servicios esenciales puede realizarse sin sacrificar la confianza ciudadana.
