Rusia abre causa penal contra el fiscal y los jueces de la Corte Penal Internacional

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Los jueces de ese tribunal «dictaron ilegalmente órdenes de detención» contra el presidente ruso, según el Comité de Investigación de Rusia.

El Comité de Investigación señaló que cree que «no hay motivos para la responsabilidad penal» del mandatario ruso y que es una persona «inocente».

Los involucrados son: el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Ahmad Khan y los jueces Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y Sergio Gerardo Ugalde Godínez, que la semana pasada emitieron una orden de detención contra el presidente ruso Vladímir Putin citando su responsabilidad en presuntos crímenes de guerra cometidos en Ucrania.

De acuerdo con el comunicado oficial del organismo, sobre la base de la solicitud de orden de arresto contra ciudadanos rusos presentada por el fiscal, los jueces de la CPI «dictaron ilegalmente órdenes de detención» contra el presidente ruso y la comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, María Lvova-Belova.

El Comité de Investigación acusa a la corte de «preparar un ataque contra un representante de un Estado extranjero que goza de protección internacional, con el objetivo de complicar las relaciones internacionales».

El proceso penal iniciado por la CPI es «intencionadamente ilegal, ya que no existen motivos de responsabilidad penal», así como se subraya que en virtud de la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, firmada en 1973, los jefes de Estado gozan de inmunidad absoluta frente a la jurisdicción de Estados extranjeros.

El Comité de Investigación considera también que las acciones del fiscal y los jueces contienen elementos de delitos previstos en el Código Penal de Rusia, concretamente «la persecución penal de una persona que se sabe inocente, combinada con la condena ilegal de una persona por un delito grave o particularmente grave, así como la preparación de un ataque contra un representante de un Estado extranjero que goza de protección internacional, con la intención de agravar las relaciones internacionales».

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que la orden de detención contra el presidente ruso es «inaceptable» y que Moscú no reconoce la jurisdicción de ese tribunal. «Consideramos que la misma formulación del caso es escandalosa e inaceptable. Rusia, al igual que varios países, no reconoce la jurisdicción de este tribunal, y para Moscú cualquier decisión de este tipo desde el punto de vista legal es insignificante», señaló.

El Estatuto de Roma de 1998, ha sido ratificado por 123 países, que no incluyen a Rusia, Ucrania, EE.UU., China, Israel, entre otros.

Mientras que algunos diplomáticos y expertos, contrariamente y a pesar de no reconocer la jurisdicción, indican que el tribunal con sede en la Haya no reconoce la inmunidad de un presidente en casos relacionados con crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio.

Para bien o para mal, la investigación de la Corte Penal Internacional puede afectar el espacio diplomático para las negociaciones en el marco del conflicto en Ucrania, ya que Putin y otros rusos podrían no querer correr el riesgo de ser arrestados si viajan fuera del país.

La orden de captura contra Putin fue expedida por ser considerado el principal responsable del «secuestro de niños» ucranianos que durante el conflicto en curso han sido trasladados a Rusia para reeducarlos y convertirlos en ciudadanos rusos.

también pesa una orden de arresto contra la comisionada rusa de derechos del niño, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, la cara visible de ese programa del Kremlin y que promueve en la televisión local las adopciones de esos menores.

De acuerdo con un informe de la Universidad de Yale y el programa del Observatorio de Conflictos del Departamento de Estado de EEUU publicado el pasado febrero, al menos 6.000 menores han sido sacados de Ucrania y llevados en un total de 43 campamentos en Rusia.

Tal vez, y finalmente como conclusión, lo que hace la Corte Penal Internacional es considerar un crimen de guerra quitar a los niños de una zona de conflicto, brindándoles una oportunidad de tener una vida alejada de las bombas.