El decreto fue publicado en el portal legal del gobierno ruso el 23 de mayo de 2024, cuando altos funcionarios de finanzas del Grupo de los Siete países industrializados iniciaron una reunión en la que la cuestión de qué hacer con los activos rusos congelados en Occidente, el principal tema de discusión en agenda.
El decreto permite a las empresas rusas, al banco central y a los particulares solicitar a los tribunales rusos que declaren injustificada la incautación de propiedades en EEUU. Si el tribunal está de acuerdo, una comisión gubernamental ofrecería activos en compensación que podrían incluir propiedades de ciudadanos estadounidenses o empresas en Rusia.
Esta medida se produce después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, promulgara la Ley de Reconstrucción de la Prosperidad Económica y las Oportunidades para los Ucranianos, que permite a la administración confiscar los aproximadamente U$S 5.000 millones en activos estatales rusos ubicados en los EEUU.
Sin embargo, no es probable que EEUU se apodere de los activos sin el acuerdo de otros miembros del Grupo de los Siete y de la Unión Europea.
El decreto ha suscitado reacciones encontradas en todo el mundo. Algunos lo ven como un paso necesario para proteger los intereses rusos, mientras que otros lo ven como una medida provocativa que podría aumentar las tensiones entre Rusia y EEUU.
Este acontecimiento es parte de las tensiones geopolíticas más amplias entre Rusia y Occidente, particularmente por el conflicto en Ucrania. Queda por ver cómo afectará esto a las relaciones internacionales y a la economía global.