Las Fuerzas Armadas de Brasil condenan restricciones a los derechos de los ciudadanos

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Los mandos de las tres Fuerzas Armadas (Aeronáutica, Ejército y Armada) difundieron hoy 11 de noviembre una nota en la que condenan tanto lo que califican como “posibles restricciones a los derechos” de quienes critican a los agentes públicos, como “posibles excesos cometidos” por manifestantes.

Las notas están firmadas por el Almirante Almir Garnier Santos (Marina); por el General Marco Antônio Freire Gomes (Ejército) y por el Teniente Brigadier Carlos de Almeida Baptista Júnior (Aeronáutica).

“No es delito […] criticar los poderes constitucionales o la actividad periodística o reclamar derechos y garantías constitucionales, mediante marchas, mítines, paros, aglomeraciones o cualquier otra forma de manifestación política con fines sociales”, sostienen los comandantes al señalar que las Fuerzas Armadas están comprometidas con la democracia y la concordia política y social.

“La solución de posibles controversias en el seno de la sociedad debe hacer uso de los instrumentos jurídicos del Estado democrático de derecho”, agrega, destacando la importancia de la independencia entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con especial énfasis en el Congreso Nacional, que los mandos afirman ser los principales responsables de, según las “angustias y reclamos de la población”, “corregir las posibles arbitrariedades o desvíos autocráticos que puedan poner en peligro el bien mayor de nuestra sociedad, que es su Libertad”.

“Como vía esencial para el restablecimiento y mantenimiento de la paz social, corresponde a las autoridades de la República, instituidas por el pueblo, en ejercicio del poder que “De Él” emana, atender de inmediato todas las demandas legales y legítimas de la población, así como la estricta observancia de las atribuciones y límites de sus competencias, en los términos de la Constitución Federal y de la legislación”, sostienen los comandantes, aludiendo nuevamente al artículo 142 de la Constitución Federal para clasificar a las Fuerzas Armadas como instituciones “moderadoras”.

El referido artículo constitucional establece que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea son instituciones nacionales que tienen por objeto la defensa de la Patria y la garantía de los poderes constitucionales, por lo que, en caso de ser activados por cualquiera de los tres poderes federales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), debe actuar para mantener la ley y el orden.

“Así, hemos priorizado la legalidad, la legitimidad y la estabilidad, transmitiendo a nuestros subordinados serenidad, confianza en la cadena de mando, cohesión y patriotismo”, aseguran los comandantes, subrayando que todos los brasileños son responsables de que las instituciones públicas garanticen el cumplimiento de los derechos y deberes de todo ciudadano brasileño, “especialmente en lo que se refiere a la libre expresión del pensamiento, la libertad de reunión pacífica y la libertad de circulación dentro del territorio nacional”.

“Así, son condenables las restricciones a los derechos por parte de los agentes públicos, así como los excesos cometidos en las manifestaciones que puedan restringir los derechos individuales y colectivos o poner en riesgo la seguridad pública; así como toda actuación, por parte de personas o entidades, públicas o privadas, que alimente la desarmonía en la sociedad”, dicen los militares.

Tribunal Supremo Electoral también emite una nota

El Tribunal Superior Electoral (TSE) también emitió una nota esta mañana. Según el tribunal, 17 misiones de observadores nacionales e internacionales que siguieron las elecciones generales de este año ya presentaron sus informes, destacando la seguridad y transparencia del sistema electoral brasileño.

Uno de los documentos entregados al TSE es el informe preliminar que la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó el 1 de noviembre, en el que señala que no encontró irregularidades en las pruebas y auditorías que siguieron sus observadores.

Aunque presentó sugerencias que los observadores creen que, de adoptarse, servirán para mejorar el proceso electoral brasileño, la misión encabezada por el ex canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, destacó las iniciativas ya implementadas por la Justicia Electoral para aumentar la transparencia de la votación y el escrutinio, como la creación de la Comisión para la Transparencia de las Elecciones (CTE) – en la que participaron representantes de la sociedad civil e instituciones y organismos públicos, incluidas las Fuerzas Armadas. Para la OEA, esto permitió que, aunque se llevó a cabo en un “contexto complejo, marcado por la polarización, la desinformación y los ataques a las instituciones electorales”, el proceso de votación se completó con éxito.