En nuestra querida Latinoamérica el Progresismo ha ganado cada vez más espacio en las políticas públicas. El caso de Argentina es de los más significativos dado que prácticamente no hay área (ya sea a nivel nación, provincia o municipio) que no cuente con una agencia de género.
Desde la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada, la agenda progresista se ha radicalizado con la designación de Victoria Donda en el INADI y especialmente con la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades (MMGyD) a cargo de la abogada feminista Elizabeth Gómez Alcorta.
¿La Justificación? Empoderar a las mujeres y al colectivo LGBTIQ+ y erradicar la “violencia de género”.
Y como era de esperar el feminismo fracasó desde un comienzo. El primer grave error fue querer amoldar la realidad acorde a la mirada ideológica colectivista facultando al Estado para intervenir, regular, sancionar, adoctrinar y, en definitiva, aumentar su poder de control sobre los individuos. Concretamente, el Estado no puede “empoderar” a nadie dado que cada persona posee valor por el mero hecho de ser humano. Esto implica que los derechos no difieren dependiendo quién los ejerce. ¿Acaso el derecho a transitar de los hombres es distinto al derecho a transitar de las mujeres o de un miembro del colectivo LGBTIQ+? Más aún, si eventualmente el Estado te da algo por encima de los demás miembros de una sociedad (ej: el cupo trans en la administración pública) entonces no es un derecho, es un privilegio.
En segundo lugar, no se puede erradicar algo que no existe. Dado que plantear que la violencia es pura y exclusivamente unidireccional (ejercida por el hombre hacia una mujer por el mero hecho de ser mujer) es un reduccionismo grave que puede derivar en un costo mayor de vidas. Como sabemos, la violencia puede deberse a múltiples causas desde alcoholismo, drogadicción, problemas económicos, hasta patologías psiquiátricas (entre otras). El punto central radica en que cuando se parte de un mal análisis, la conclusión es errónea, las medidas son inefectivas y, en consecuencia, los resultados son negativos.
Lamentablemente hemos naturalizado escuchar sobre los asesinatos de personas inocentes como algo más de todos los días.
Es aquí donde desembarca el Progresismo en la administración pública, con su mirada de feminismo radical, para “mejorar” la calidad de vida de (según ellos) “todas, todes y todos”.
El MMGyD finalmente existe. Pero ¿cuánto nos cuesta?
Para el año 2020, el MMGyD tuvo un presupuesto de $272.742.641 y para el corriente año (2021) se destinó la suma estratosférica de $6.204.800.623 según datos oficiales.
Actualmente está compuesto por: 3 secretarías, 6 subsecretarías, 7 direcciones nacionales, 13 direcciones generales, 29 direcciones y 8 coordinaciones.
Si bien, todo el presupuesto es escandaloso (no solo por las cifras sino por las “tareas” que desempeña) veremos algunos gastos penosos para comprender la inmoralidad y la farsa que representa el MMGyD.
Por ejemplo: los gastos de personal equivales a $709.253.575. Lo segundo llamativo y peculiar son los gastos denominados “Otros Bienes de Consumo” (no se aclaran cuáles son, aunque deberían hacerlo) equivalentes a $8.578.707. Respecto a la limpieza se destinan $5.319.136 (en un país donde prácticamente la mitad de la población es pobre). Y con respecto a los pasajes y viáticos $11.950.178.
Vale la pena nuevamente mencionar que, si bien todos los números allí reflejados son escandalosos, solo son algunos. Pero bastan para dar cuenta de la mentira de los políticos tradicionales cuando afirman que no se puede reducir el gasto público porque es “vital”.
La siguiente pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué hacen? Puesto que manejan tantas cantidades de dinero, se supone que sus tareas y labores son, por lo menos, claves. Veamos algunas de sus acciones y costos. Por ejemplo:
- La Secretaría de Políticas contra la violencia por razones de género destina $59.195.687 para “Acciones de fortalecimiento de la línea 144”. Lo curioso es que esta línea, que supone brindar una ayuda a la mujer que es víctima de violencia, tiene múltiples quejas de que solo atiende una máquina con respuesta automática. Sin ninguna clase de asesoramiento o acompañamiento. Lo mismo sucede con la app donde las víctimas de violencia cargan los datos solicitados para asentar la denuncia como un mero trámite burocrático.
- La Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad gasta $13.938.000 en políticas de igualdad y diversidad para promocionar y difundir las agendas estratégicas para la población LGBTI+. Bastante ambiguo y poco claro respecto a cuáles acciones concretas se realizan.
- La Subsecretaría de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad destina $9.200.000 en el fortalecimiento de escuelas populares en temáticas de género. Dicho de otra manera, inversión en adoctrinamiento.
- Editorial Mingeneros. Una colección de documentos oficiales feministas destinados al adoctrinamiento y deconstrucción de los valores. Allí se pueden encontrar cuestiones tan absurdas como el combate de la “violencia” en las palabras. Y cuando decimos absurdas es porque realmente son absurdas:
Estos extractos solo son algunos ejemplos tomados del documento “(Re) Nombrar”. En síntesis, si algo nos queda en claro es la clara “vocación” de servicio del MMGyD para erradicar la violencia contra las mujeres y LGBTIQ+… a través del lenguaje.
Sin embargo, parece que las medidas no estarían dando resultados puesto que en el 2020 se registraron 298 femicidios (el término puede ser discutible pero lo utilizamos a fines prácticos de este artículo) y en lo que va del corriente año (2021) se registraron 176 femicidios hasta el 30 de septiembre (último dato disponible).
Tal vez poco tenga que ver el hecho de la liberación de más de 10.000 presos (ladrones, violadores y asesinos) durante el 2020. No, seguro la culpa es del “patriarcado” y de la cultura “heterocis, machista, racista y xenófoba”.
Es curioso como el Kirchnerismo se jacta de ser un espacio feminista que lucha por las mujeres, pero avaló la liberación de más de estos convictos. O como diría Ofelia Fernández: “No es libertad. Es prisión domiciliaria”. O la ex ministra de seguridad, Sabrina Frederic: “Suiza es más tranquilo, pero más aburrido”. O Myriam Bregman, una típica política de izquierda que vive desde hace años del Estado, que se jacta de ser feminista pero que votó en contra de la prisión efectiva para violadores y que sistemáticamente ha rechazado la propuesta de que las fuerzas de seguridad utilicen la pistola Teaser dado que representa un arma de “tortura”.
Los ejemplos de ineficiencia e hipocresía de los funcionarios públicos sobran y nunca faltan para tuitear #NiUnaMenos.
Sería interesante ver si alguna de estas políticas feministas se animaría a decirle a una víctima de violencia que sus problemas se están solucionando porque sacaron un manual donde nos “educan” para hablar con la “e”. Porque claro, las letras oprimen.
El MMGyD ha fracasado. El feminismo fracasó. No solo en su labor de proteger a las mujeres de la violencia física sino hasta incluso por fomentar la violencia abogando por el asesinato de las niñas por nacer. Aquí hay una responsabilidad tanto por acción como por omisión.
Pero ¡tranquilos! El Estado nos cuida… o mejor dicho, el Estado nos descuida.