La suspensión fue una respuesta a una sentencia presupuestaria del Tribunal Constitucional Federal, que anteriormente había declarado inconstitucionales determinadas autorizaciones de crédito.
Implicaciones de la suspensión
La suspensión allana el camino para el presupuesto suplementario para 2023, que también aprobó el parlamento. De los 666 votos emitidos, la enmienda presupuestaria obtuvo el apoyo de 392 miembros. Este presupuesto suplementario aumenta la nueva deuda a la friolera de 70,61 mil millones de euros, superando el límite de endeudamiento permitido en 44,8 mil millones de euros. Una parte importante de este presupuesto, que asciende a 43.200 millones de euros, se destina a ayudas a los precios de la energía relacionadas con el gas, la calefacción urbana y la electricidad.
Reestructuración del Financiamiento Crediticio
La suspensión ha supuesto una importante reestructuración en la financiación crediticia de estas ayudas energéticas. La financiación pasó del fondo de crisis del FSM a una nueva base jurídica.
Justificando la suspensión
El gobierno federal justifica la suspensión del freno de la deuda citando una situación de emergencia excepcional debido a la guerra en Ucrania, tal como lo permite la Ley Fundamental. El presupuesto también incluye 1.600 millones de euros para un fondo de ayuda contra las inundaciones tras la catástrofe de las inundaciones del valle de Ahr en 2021. Una sentencia judicial sobre el Fondo para el Clima y la Transformación (KTF) había invalidado la financiación anterior procedente de antiguas autorizaciones de crédito.
El tribunal ordenó que los créditos tomados bajo el freno de deuda suspendido sólo puedan usarse dentro del año en que se declara la emergencia. Esto llevó a la retirada de 60 mil millones de euros del KTF que fueron transferidos de créditos COVID-19 por la coalición del semáforo.