Por la vía fácil del decreto punitivo, la bancada oficialista en la Ciudad de México amenaza con despojar de su ingreso a más de 230 mil familias y asfixiar la movilidad de las zonas más marginadas de la capital.
En los discursos oficiales, la consigna repetida hasta el cansancio es “por el bien de todos, primero los pobres”. Sin embargo, en el Congreso de la Ciudad de México la realidad legislativa suele marchar en la dirección contraria. La iniciativa impulsada por Morena para vetar de tajo el transporte de pasajeros en moto contratado a través de plataformas digitales no solo exhibe una alarmante desconexión con la realidad económica, sino una vocación punitiva para con los trabajadores.
Alrededor de 230 mil familias en la capital dependen directamente de este ingreso para llevar comida a la mesa, cubrir rentas y sostener gastos básicos frente a un mercado laboral formal que no ofrece alternativas viables ni salarios competitivos.
Prohibir esta modalidad con sanciones y remisiones al corralón no es un acto de ordenamiento urbano; es arrojar de la noche a la mañana a un cuarto de millón de trabajadores al desempleo o a la clandestinidad total. Al cerrar la puerta al diálogo con los colectivos y conductores que hoy exigen ser escuchados, Morena da la espalda precisamente al sector trabajador e informal al que asegura defender.
Resulta paradójica la prisa legislativa por criminalizar las aplicaciones cuando el sistema tradicional de transporte concesionado (microbuses obsoletos que acumulan décadas de siniestralidad, impunidad y violencia vial) continúa operando con laxitud y complacencia política. Si el auténtico interés fuera salvaguardar la vida de los usuarios, la prioridad del Congreso sería una fiscalización rigurosa del transporte colectivo deficiente, no una cacería contra las alternativas digitales que los capitalinos eligen voluntariamente.
Legislar desde una banca climatizada ignorando la realidad del día a día de miles de trabajadores es un despropósito. La bancada mayoritaria aún tiene la oportunidad de rectificar: abrir mesas de trabajo con los conductores, escuchar las necesidades de movilidad de la periferia y crear un marco normativo moderno. De implementarse la prohibición, Morena no habrá mejorado la seguridad vial de la Ciudad de México; simplemente habrá empobrecido a más de 230 mil familias y condenado a los usuarios a un tráfico insostenible.
