Los opositores al proyecto de ley dicen que ampliar el programa para incluir a los inmigrantes ilegales supondría una mayor carga financiera para los contribuyentes respetuosos de la ley.
El Proyecto de Ley de la Asamblea (AB) 1840, que fue aprobado en el Comité de Asignaciones Presupuestarias del Senado la semana pasada, enfrenta una votación en el pleno del Senado estatal y posiblemente la firma del gobernador Gavin Newsom para convertirse en ley.
El asambleísta Joaquín Arámbula (demócrata) presentó el proyecto de ley en enero. Amplía la definición de comprador de vivienda por primera vez para incluir a una “persona indocumentada”.
La AB 1840 impediría que el programa California Dream For All Shared Appreciation Loan niegue préstamos a personas en función de su estatus migratorio. Según el Pew Research Center, en California viven aproximadamente 2 millones de inmigrantes ilegales.
El programa de préstamos se lanzó en 2023 y ofrece a los compradores de vivienda por primera vez un préstamo de hasta el 20% del precio de compra de la vivienda para el pago inicial o asistencia con los costos de cierre.
Cuando el propietario calificado vende o transfiere la vivienda, reembolsa el pago inicial, así como una parte de la apreciación de la vivienda, según la Agencia de Financiamiento de Vivienda de California.
“Cuando las personas indocumentadas son excluidas de dichos programas, pierden un método crucial para garantizar la seguridad financiera y la estabilidad personal para ellos y sus familias”, dijo Arambula en una declaración a The Center Square.
Los opositores al proyecto de ley dicen que ampliar el programa para incluir a los inmigrantes ilegales supondría una carga financiera para los contribuyentes respetuosos de la ley en un momento en que California está experimentando un enorme déficit presupuestario.
“El déficit presupuestario de California sigue creciendo y los legisladores demócratas están tan desconectados de los californianos comunes que literalmente están quitándole dinero a los ciudadanos respetuosos de la ley, sus propios electores, y entregándoselo como un regalo gratuito a personas que violaron la ley federal para cruzar la frontera ilegalmente”, dijo el senador estatal Brian Dahle en una declaración.
“Una vez más, California ha optado por priorizar la inmigración ilegal y la irresponsabilidad fiscal por sobre las necesidades de sus ciudadanos, todo ello mientras enfrenta un déficit de U$S 60 mil millones que finalmente recaerá sobre los contribuyentes”, añadió el supervisor del condado de San Diego, Jim Desmond.
Cuando se abrieron las solicitudes en mayo de 2023 para el programa de U$S 300 millones—que ofrecía préstamos sin intereses a unos 2.300 compradores de ingresos medios y bajos— el fondo se agotó en menos de dos semanas, informó Los Angeles Times.