En una escalada judicial y política sin precedentes recientes, la Fiscalía de Bolivia emitió este miércoles una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales. Las autoridades lo acusan formalmente de terrorismo, alzamiento armado y asociación delictuosa, vinculándolo como el principal impulsor de los masivos bloqueos que mantuvieron al país andino paralizado durante 53 días, dejando un saldo de 22 muertos, decenas de heridos y pérdidas económicas multimillonarias.
El documento, firmado por el fiscal anticorrupción Brayan Melgar, instruye a las fuerzas policiales a detener al exmandatario y trasladarlo a la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra la Corrupción. Esta medida responde a las denuncias promovidas por el Ministerio de Gobierno y el Comité Cívico Pro Santa Cruz.
La investigación penal apunta a Morales por la presunta comisión de seis graves delitos: alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
La denuncia penal que originó esta orden fue formalizada el 1 de julio por el líder cívico Stello Cochamanidis Garcés. Según el documento, Morales orquestó estratégicamente las protestas registradas entre mayo y junio, movilizando a sectores campesinos, agrupaciones afines y miembros de la Central Obrera Boliviana (COB).
Durante casi dos meses, los manifestantes instalaron más de 100 puntos de bloqueo, concentrándose fuertemente en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. La exigencia principal de la movilización era contundente: la renuncia inmediata del actual presidente de la nación, Rodrigo Paz. Morales, por su parte, ha negado haber promovido directamente la caída del mandatario, afirmando que las protestas fueron producto de la «presión social por demandas insatisfechas».
Las consecuencias de las más de siete semanas de conflicto fueron fatales para la sociedad y la economía boliviana. El desabastecimiento de alimentos de primera necesidad, combustibles y oxígeno medicinal llegó a puntos críticos.
De acuerdo con las cifras oficiales aportadas por la Defensoría del Pueblo y entidades cívicas, al menos 22 personas perdieron la vida debido a las interrupciones viales, a la imposibilidad de recibir asistencia médica oportuna y a los enfrentamientos, mientras que otras 88 resultaron heridas.
El impacto económico también es histórico. Se calcula que el país sufrió pérdidas superiores a los 3.000 millones de dólares. El sector productivo, especialmente en la pujante región de Santa Cruz, fue el más castigado al quedar las mercancías estancadas, imposibilitadas de llegar a los mercados nacionales e internacionales.
La situación forzó al presidente Rodrigo Paz a decretar el estado de excepción el pasado 20 de junio, ordenando finalmente el despliegue combinado de las Fuerzas Armadas y la Policía para liberar las rutas.
Evo Morales no es el único blanco de la justicia. La orden de aprehensión se extiende también a Mario Argollo, máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), y a Vicente Salazar, líder de la Federación de Campesinos Túpac Katari. Este último ya se encuentra bajo detención preventiva desde el 6 de julio en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
Actualmente, Evo Morales se encuentra atrincherado en el Trópico de Cochabamba, su histórico bastión sindical y político, fuertemente resguardado por sus seguidores.
El cerco legal sobre el expresidente se estrecha, dado que esta nueva acusación se suma a un expediente judicial previo por presunta trata agravada de personas, el cual ya le había valido una declaración de rebeldía y una orden de captura emitida en mayo por un tribunal de Tarija. La Policía Nacional ha indicado que se encuentra «evaluando el momento adecuado» para hacer efectivas las detenciones, lo que mantiene en vilo al país ante la posibilidad inminente de nuevos disturbios en las calles bolivianas.
