En junio de 2020, Larry Fink, actual presidente de BlackRock, lanzaba un emotivo mensaje: “Tengo 68 años y siete nietos. Quiero dejar un planeta mejor para ellos”.
Ese planeta es en el cual donde BlackRock opera como principal inversor en las ocho mayores empresas petroleras y controla acciones en compañías fósiles por un valor de 87.300 millones de dólares. Quizás su sincericidio se dio cuando al final dijo: “Quiero dejar un planeta mejor para mis nietos, pero no lo hago por razones ambientales: soy responsable del dinero de otras personas, y el cambio climático está afectando a sus inversiones”. En una carta a sus consejeros, tiempo después, Larry Fink afirmó que el riesgo climático es riesgo de inversión, pero la transición climática es una oportunidad de inversión histórica.
El portal Critic expone: “No cabe duda sobre cuál puede ser la opción ganadora: eliminar ese riesgo para el sector privado a través de transferirlo al balance del Estado, es decir, aumentando la deuda pública. BlackRock ya trabaja en esa opción con los Climate Finance Partnership, una forma de “colaboración público-privada” ligada a la inversión de infraestructuras de energía renovable en Asia, América Latina y África.
Efectivamente, son estrategias que facilitan el beneficio privado a través del endeudamiento público impulsadas por la agenda del Banco Mundial y las directrices del G20 para convertir las infraestructuras en activos financieros. No son una rareza, sino que forman parte del paradigma dominante en la financiación del desarrollo para facilitar que el capital privado explote al Sur global. El mayor accionista en compañías fósiles se postula como comisario y mediador financiero de la transición a renovables. Es el mismo que financia la guerra y se ofrece para reconstruir Ucrania. Al capital le da igual uno o lo contrario mientras suene a beneficio”.
Tal como se ve, el metacapital sostiene la agenda verde para que los más ricos sigan siendo los más ricos a través de la propaganda verde y la protección política.
El portal Critic remarca: “Estos movimientos de BlackRock no son campañas de greenwashing, sino parte de su misión fundacional: comprar barato para vender caro y garantizar beneficios a sus clientes. Puede ser carbón, petróleo, litio, viviendas, frentes litorales o parques eólicos. El mandato del beneficio no entiende de usos o necesidades: solo de dinero dotado de poder para hacer más dinero. Si la operación de compra o inversión supone riesgos, la misión de los soldados de las finanzas es aminorarlos por la vía que sea. Si para ello deben negociar estratégicamente con el marco del desarrollo sostenible o con la transición justa, pues juegan sus cartas y lo integran en su bolsa de servicios. Se pueden permitir el lujo de ser ecologistas convencidos o negacionistas. En realidad, es indiferente. Su posición y su peso político en las negociaciones no están marcados por la ética, sino por el grueso de sus activos y sus expectativas de beneficio”.
Según explican expertos en el área económica, se especula que las 10 mayores empresas de gestión de activos controlan en su conjunto 44 billones de dólares, que es la suma de los PIB anuales de Estados Unidos, China, Japón y Alemania. El poder económico puede generar nuevos patrones de trabajo, evasión fiscal y estrategias para absorber fondos públicos o para desplazar el riego privado al Estado.
Daniela Gabor, experta en macrofinanzas, denomina Consenso de Wall Street al paradigma de eliminación de riesgos conducido por alianzas público-privadas ligadas a la transición a economías bajas en carbono. Tanto las infraestructuras como la naturaleza pasan a ser modeladas como activos financieros siguiendo los criterios de de la agenda 2030 de la ONU. Así pues, en la posmodernidad las líneas entre lo público y lo privado se desdibujan para dar lugar a un paradigma global de control a través del ecologismo.
Senegal dispone de abundantes potenciales de recursos renovables como la energía solar y la eólica. Allí el Estado generó incentivos fiscales para la inversión y ha aplicado reformas en el sector energético para favorecer la apertura y liberalización del mercado. En un informe de 2017, la consultora Deloitte señalaba a Senegal como un territorio ideal para la inversión verde. Diversos promotores privados extranjeros han construido numerosas plantas fotovoltaicas y un parque eólico durante los últimos años. Todas estas operaciones incluyen instrumentos de mitigación de riesgos a través de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones del Banco Mundial tal como informa el portal Critic.
Bien marca Critic: “El dominio financiero colonial con la presencia de bancos extranjeros en Senegal, especialmente franceses y británicos, es clave para entender la financiación de las renovables. Si bien los instrumentos y los actores implicados han cambiado, no se trata de una dinámica del todo nueva.
La introducción de combustibles fósiles en Senegal, que recordemos que fue la colonia más antigua de Francia en África, no solo generó un enorme endeudamiento, sino mayor dependencia tecnológica, económica y política. La financiación de la infraestructura durante esa época fue a manos de empresas privadas que recibían subsidios públicos franceses o a través de empresas estatales francesas. La estructura financiera de las renovables en Senegal reproduce patrones coloniales, raciales y capitalistas de sus fases anteriores.
Visto a escala planetaria y tomando en cuenta las dinámicas extractivistas de minerales, la subordinación a las finanzas y el régimen neocolonial ya son rasgos distintivos de la transición”; es decir, el ecologismo y el progresismo simplemente reproducen aquello que supuestamente combaten.
Junto a las operaciones de subordinación financiera, este tipo de posiciones describen perfectamente el ecologismo de los ricos. Lo importante no es mitigar el cambio climático, sino eliminar el riesgo (privado) climático. La transición no es tanto un proceso ecológicamente necesario como un negocio que se debe acelerar.