La extradición del empresario colombiano Alex Saab, señalado por EEUU como presunto testaferro del líder chavista, se ha concretado. Medios de Cabo Verde, donde estaba detenido desde el 12 de junio de 2020, informaron que Saab había despegado en un avión estadounidense de la isla de Sal, donde gozaba desde enero una medida de prisión domiciliaria, rumbo a Florida.
En Florida le espera un juicio por presunto lavado de dinero relacionado con el Gobierno de Venezuela. Fuentes del despacho que defiende a Saab y que lidera el español Baltasar Garzón confirmaron a EL PAÍS en la tarde del sábado que su cliente había sido “trasladado a EEUU sin notificación del Tribunal Constitucional a la defensa”. “Estamos evaluando este atropello al proceso legal y emitiremos un comunicado oficial en el menor tiempo posible”, añadieron.
El Gobierno de Nicolás Maduro emitió un comunicado en el que denunció el “secuestro” de Saab “por parte del Gobierno de EEUU en complicidad con las autoridades de Cabo Verde, quienes lo torturaron y mantuvieron prisionero arbitrariamente durante 491 días, sin orden de captura ni debido proceso”, una información que atribuyeron a la familia del empresario.
En una rueda de prensa, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado que la delegación del Gobierno venezolano que participa en el proceso de diálogo con la oposición en México suspendía su participación en las conversaciones, que debían retomarse este domingo. En el último encuentro entre la oposición y el chavismo, en el marco de esas negociaciones, el Gobierno había pedido la incorporación de Saab a la mesa y realizó una protesta en rechazo a su detención.
En 2019 fue incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro junto con socios y familiares que forman parte de la estructura de corrupción. Ese mismo año, en su país le imputaron delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada y desde 2018 es prófugo de la justicia colombiana, con una orden de captura firme, por no atender a ninguna diligencia judicial.