El presidente Donald Trump abrió el lunes un nuevo frente de polémica al atacar públicamente a las comunidades estadounidenses que se oponen a la construcción de grandes centros de datos. En un mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó que “la única razón” por la que una comunidad estadounidense no debería querer centros de datos sería porque desea terminar siendo “atrasada y pobre”. En contraposición, sostuvo que las localidades que acepten estas instalaciones pueden convertirse en comunidades “exitosas y ricas”, con impuestos más bajos y empleos, y cerró su mensaje con la consigna: “Let Data Reign” —“Que reine el dato”—.
La afirmación constituye una de las formulaciones más contundentes de Trump en defensa de la infraestructura necesaria para la expansión de la inteligencia artificial. Para el presidente, los centros de datos no son simplemente grandes edificios llenos de servidores: forman parte de una infraestructura estratégica vinculada a la competencia tecnológica y económica entre EEUU s y China. Trump viene sosteniendo que el país debe ampliar rápidamente su capacidad de procesamiento para conservar su liderazgo en inteligencia artificial y evitar que Pekín gane terreno.
En su mismo mensaje, Trump fue todavía más lejos y afirmó que China “no podría estar más feliz” con el movimiento contrario a los centros de datos. Su argumento es que las restricciones locales podrían ralentizar la expansión de la infraestructura estadounidense precisamente cuando las empresas chinas están desarrollando modelos de inteligencia artificial cada vez más competitivos. El presidente también advirtió que las comunidades que rechacen estos proyectos podrían terminar “matando a la gallina de los huevos de oro”.
¿Por qué Trump considera tan importantes a los centros de datos?
La razón fundamental está en la transformación de la economía digital. Los sistemas modernos de inteligencia artificial necesitan enormes cantidades de capacidad computacional. Esa capacidad se concentra en instalaciones especializadas que contienen miles o incluso cientos de miles de procesadores, sistemas de almacenamiento, redes de alta velocidad y equipos de refrigeración.
La expansión de ChatGPT y de otros sistemas de IA desde 2022 disparó la inversión de las grandes compañías tecnológicas. Amazon, Google, Microsoft, Meta, Oracle, OpenAI y otras empresas están destinando cientos de miles de millones de dólares a infraestructura relacionada con la IA. Según Associated Press, las grandes compañías tecnológicas han comprometido más de 700.000 millones de dólares en centros de datos en EEUU durante 2026.
Desde la perspectiva de Trump, atraer estas instalaciones significa atraer capital, infraestructura eléctrica, construcción, empleos y actividad económica. También significa asegurarse de que los servidores que sostendrán la próxima generación de inteligencia artificial estén físicamente instalados dentro de EEUU.
Por eso su argumento no se limita a la economía local. Trump presenta la construcción de centros de datos como parte de una competencia geopolítica. En esta interpretación, una comunidad que bloquea un centro de datos no solamente está rechazando una inversión privada: potencialmente está contribuyendo a reducir la velocidad con la que EEUU desarrolla su capacidad de inteligencia artificial frente a China.
El problema del consumo de enormes cantidades de recursos
La oposición local tiene, sin embargo, razones que van mucho más allá de una supuesta resistencia al progreso tecnológico.
Los centros de datos de gran escala requieren cantidades extraordinarias de electricidad. Además, dependiendo de la tecnología de refrigeración utilizada, pueden consumir grandes cantidades de agua. También necesitan líneas de transmisión, subestaciones eléctricas, generadores de respaldo y grandes superficies de terreno.
Este aspecto está generando una paradoja: EEUU quiere convertirse en líder mundial de la inteligencia artificial, pero esa carrera tecnológica está creando una demanda energética que obliga a construir nueva infraestructura eléctrica.
Un análisis reciente de Global Energy Monitor encontró que EEUU está construyendo actualmente mucha más capacidad de generación eléctrica a gas que China, y que aproximadamente la mitad de la nueva capacidad estadounidense está relacionada con la creciente demanda de los centros de datos de inteligencia artificial.
Para las comunidades locales, por lo tanto, la pregunta no es necesariamente “¿queremos inteligencia artificial?”. La pregunta puede ser mucho más concreta: ¿Quién pagará la electricidad adicional?, ¿Quién pagará las nuevas líneas eléctricas?, ¿Qué ocurrirá con el agua?, ¿Qué superficie de tierra será ocupada?, ¿Cuántos empleos permanentes generará realmente el proyecto?, ¿Qué sucederá con los impuestos locales y con el valor de las propiedades?.
El temor a que la factura termine recayendo sobre los ciudadanos
Los centros de datos pueden consumir cantidades de energía comparables a las de pequeñas ciudades. Cuando una instalación de enormes dimensiones llega a una región, las empresas eléctricas pueden necesitar ampliar la generación y construir nuevas líneas de transmisión y subestaciones.
La cuestión política consiste en determinar quién paga esas inversiones.
Trump ha intentado adelantarse a esta crítica mediante el llamado Ratepayer Protection Pledge, un compromiso impulsado por la Casa Blanca para que las grandes compañías tecnológicas paguen por la nueva generación eléctrica y por las mejoras de infraestructura necesarias para abastecer sus centros de datos, evitando que esos costos sean transferidos a los hogares. Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle y xAI fueron inicialmente algunas de las compañías que firmaron el compromiso.
En julio, la administración amplió el acuerdo y afirmó que el compromiso ya cubría aproximadamente el 80% de la electricidad suministrada a hogares y empresas estadounidenses.
Pero existe un problema importante: el mecanismo es fundamentalmente voluntario. Eso significa que sus críticos cuestionan hasta qué punto constituye una garantía efectiva y qué ocurrirá cuando los intereses de las empresas, las compañías eléctricas y los consumidores entren en conflicto. Associated Press señaló precisamente que no estaba claro si el compromiso produciría realmente ahorros para los consumidores.
Una oposición que atraviesa la división entre republicanos y demócratas
La oposición a los centros de datos no está siguiendo las divisiones tradicionales entre izquierda y derecha. En distintos estados están apareciendo alianzas entre agricultores conservadores, residentes rurales, ambientalistas, organizaciones comunitarias y políticos de ambos partidos.
En Nebraska, por ejemplo, agricultores conservadores y ambientalistas se han unido para intentar frenar proyectos debido al consumo de agua, la utilización de tierras agrícolas y la demanda eléctrica. En otros estados también han surgido restricciones, moratorias o intentos de modificar los incentivos fiscales concedidos a los desarrolladores.
Esto resulta especialmente incómodo para Trump porque muchas de las comunidades que protestan se encuentran precisamente en áreas rurales y conservadoras donde el Partido Republicano tiene una enorme influencia.
Y las encuestas muestran que la resistencia no es marginal. Una encuesta de Economist/YouGov realizada entre el 21 y el 24 de agosto encontró que el 61% de los estadounidenses se oponía a la construcción de un centro de datos en su propia comunidad, incluyendo el 47% de los republicanos. Además, el 51% discrepaba con la afirmación de Trump de que rechazar estas instalaciones conduciría a las comunidades a quedarse atrás.
Es decir, existe una diferencia bastante importante entre apoyar la inteligencia artificial como concepto y querer tener una gigantesca instalación industrial de IA al lado de la propia casa.
Kentucky se convierte en un ejemplo particularmente significativo
La reacción en Kentucky demuestra hasta qué punto el asunto puede convertirse en un problema interno para el Partido Republicano.
En el estado se han multiplicado las propuestas de centros de datos, especialmente en comunidades rurales. Algunos funcionarios locales los consideran una oportunidad para incrementar los ingresos fiscales y financiar escuelas y servicios públicos.
Pero también existe una fuerte oposición. Los habitantes temen que grandes extensiones de tierras agrícolas sean transformadas, que aumente la presión sobre la infraestructura eléctrica y que los beneficios prometidos no compensen los costos.
La declaración de Trump provocó incluso una respuesta de una legisladora republicana de Kentucky, Savannah Maddox, quien afirmó que los habitantes rurales no son “estúpidos” por querer proteger su forma de vida. Maddox cuestionó si realmente se trata de una carrera tecnológica contra China o de un proceso mediante el cual empresas privadas, utilizando influencia gubernamental, pueden obtener grandes beneficios.
Otra activista de Mercer County, Dana Hanson, resumió el argumento de los opositores señalando que una comunidad rural no es “atrasada y pobre” simplemente porque se niegue a entregar cientos o miles de acres de tierras agrícolas sin hacer preguntas sobre las consecuencias del proyecto.
El conflicto tiene además una dimensión fiscal peculiar. Kentucky aprobó incentivos tributarios muy importantes para atraer centros de datos, incluyendo exenciones durante décadas sobre determinados equipos. Un informe citado por Kentucky Public Radio estimó que el estado podría perder más de 2.000 millones de dólares en ingresos por impuestos a las ventas si solamente cuatro de los proyectos propuestos llegaran a construirse.
Así, la discusión deja de ser simplemente “empleos versus ambientalismo”. También pasa a ser una cuestión de qué obtiene realmente una comunidad a cambio de conceder grandes beneficios fiscales a empresas tecnológicas.
El problema de los empleos
Otro punto controvertido es la cantidad y naturaleza de los puestos de trabajo.
La construcción de un centro de datos puede generar una enorme cantidad de actividad durante varios años: obreros, electricistas, ingenieros, transportistas, especialistas en infraestructura y contratistas. Pero una vez terminado el complejo, la cantidad de trabajadores necesarios para operar una instalación altamente automatizada puede ser considerablemente menor.
Esto ha llevado a algunos críticos a cuestionar el argumento de que un centro de datos constituye necesariamente una fuente masiva de empleo permanente. La industria responde que el impacto económico no se limita a los empleados directos: incluye construcción, proveedores, servicios, infraestructura, impuestos y efectos indirectos sobre la economía regional.
La discusión es, por tanto, sobre la relación entre la magnitud de la inversión y el beneficio económico que permanece en la comunidad.
Una batalla que puede llegar a las elecciones de medio mandato
El momento en que se produce la declaración de Trump tampoco es casual.
EEUU se encuentra entrando en la campaña para las elecciones legislativas de noviembre, y los centros de datos están comenzando a convertirse en un asunto electoral inesperadamente importante.
Políticos que inicialmente apoyaban estas instalaciones están empezando a moderar sus posiciones ante la reacción de los electores. En algunos estados republicanos se han impulsado moratorias, auditorías o nuevas regulaciones.
La situación coloca a los políticos frente a un dilema bastante incómodo: por un lado, la construcción de infraestructura de IA puede representar inversiones multimillonarias y reforzar la posición estadounidense frente a China; por otro, los ciudadanos pueden experimentar los costos de esa expansión de manera mucho más directa que sus beneficios.
Una persona puede no ver ningún beneficio inmediato de que una empresa de inteligencia artificial invierta 10.000 millones de dólares en su condado, pero sí puede notar una nueva línea eléctrica, una subestación, el tráfico de camiones durante la construcción, el ruido de los sistemas de refrigeración o una posible modificación de su factura eléctrica.
