La relación diplomática y de seguridad entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más álgidos. El administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, lanzó severas acusaciones al asegurar que altos funcionarios mexicanos trabajan directamente con los cárteles de la droga, a los que calificó como una «conexión mortal» e inseparable del poder político.
Durante sus recientes intervenciones y cumbres enfocadas en el combate al tráfico de fentanilo, el titular de la agencia estadounidense advirtió que la estrategia de Washington ya no solo apunta a la captura de los grandes capos de la droga, sino que ha puesto bajo la lupa a los políticos, facilitadores, lavadores de dinero y servidores públicos que protegen o lucran con las actividades del crimen organizado.
Las declaraciones de Cole se enmarcan en una escalada de presión de Estados Unidos hacia las redes de complicidad institucional en México. En los últimos meses, el Departamento de Justicia estadounidense ha incrementado las acciones legales y solicitudes de captura contra exfuncionarios y figuras políticas de alto nivel vinculadas a organizaciones como el Cártel de Sinaloa, así como recientes señalamientos que apuntan a redes de protección ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A pesar de que el director de la DEA ha matizado en ocasiones anteriores la relación institucional con mandos específicos de seguridad, el discurso general de la agencia mantiene el foco en la corrupción estructural que permite operar a los cárteles con impunidad desde las esferas del poder.
Por su parte, el Gobierno de México ha rechazado de manera categórica y enérgica los señalamientos de la agencia antidrogas, calificándolos de infundados y ajenos a la realidad de los operativos implementados en el país.
