La propiedad se encuentra en una de las regiones de mayor valor ambiental de la Patagonia, próxima a San Carlos de Bariloche y cercana a áreas protegidas vinculadas al Parque Nacional Nahuel Huapi. Se trata de una zona de montaña con bosques nativos, nacientes de agua y una ubicación considerada estratégica por su cercanía a la frontera con Chile.
La operación comenzó a gestarse en 2017 mediante la sociedad Baguales Acquisitions S.A. y terminó de consolidarse en 2018 con la adquisición de aproximadamente 10.124 hectáreas. Desde entonces trascendió que el proyecto contempla un complejo turístico y residencial de lujo junto con tres microcentrales hidroeléctricas destinadas al abastecimiento energético del emprendimiento.
El comprador, Abdulhadi Mana Al-Hajri, no ocupa un cargo oficial dentro del Estado de Qatar ni es el emir del país. Sin embargo, su figura posee un fuerte peso político por su cercanía con la familia gobernante: es cuñado del emir Tamim bin Hamad Al Thani, ya que su hermana está casada con el jefe de Estado qatarí. Esa relación alimentó el interés público alrededor de una inversión que, de otro modo, probablemente habría pasado mucho más desapercibida.
Con el paso de los años comenzaron a surgir cuestionamientos sobre la forma en que se concretó la adquisición. Diversos dirigentes políticos, organizaciones y vecinos sostuvieron que debía investigarse si la compra respetó la legislación argentina sobre tierras rurales, especialmente por tratarse de una Zona de Seguridad de Frontera y de un área de enorme importancia hídrica y ambiental. También aparecieron denuncias relacionadas con presuntos intentos de restringir el acceso a sectores cercanos a nacientes de agua mediante alambrados, hechos que motivaron presentaciones judiciales.
La controversia no gira únicamente alrededor de la superficie adquirida. Uno de los principales interrogantes es si detrás de sociedades constituidas en Argentina existieron estructuras destinadas a ocultar a los verdaderos beneficiarios finales de la operación. Esa hipótesis forma parte de distintas investigaciones y pedidos de informes, aunque hasta el momento no existe una sentencia judicial firme que haya declarado ilegal la compra ni que haya anulado los derechos de propiedad sobre esos campos. Mientras ello no ocurra, los actuales titulares continúan siendo los propietarios legales de las tierras.
El caso adquirió una dimensión aún mayor cuando investigaciones periodísticas publicadas durante 2026 sostuvieron que podrían existir otras adquisiciones de grandes extensiones patagónicas vinculadas a capitales provenientes de Emiratos Árabes Unidos y Qatar mediante complejas estructuras societarias. Esas publicaciones mencionan superficies considerablemente superiores a las originalmente conocidas y describen presuntas maniobras para adquirir campos en zonas estratégicas. Sin embargo, esas afirmaciones forman parte de investigaciones periodísticas y judiciales que continúan abiertas y cuyos resultados definitivos aún no han sido establecidos por la Justicia.
Las denuncias a este hecho sostienen que la adquisición y el posterior desarrollo podrían haber vulnerado leyes como el régimen de Zonas de Seguridad de Frontera, la Ley 26.737 de Tierras Rurales y la Ley 26.331 de Bosques Nativos, todas las cuales están intentando ser modificadas por el actual gobierno de Javier Milei. Hasta el momento, esas presuntas infracciones forman parte de denuncias e investigaciones y no existe una sentencia firme que haya declarado ilegal la compra ni acreditado judicialmente la comisión de esas violaciones.
- Decreto-Ley 15.385 de Zonas de Seguridad: el texto legal efectivamente crea las Zonas de Seguridad de Frontera y establece que su ancho puede llegar hasta 150 km en la frontera terrestre y declara de conveniencia nacional que los inmuebles en esas zonas pertenezcan a argentinos nativos. Sin embargo, no prohíbe de manera absoluta que un extranjero compre tierras allí. La ley prevé que esas operaciones puedan realizarse con la autorización previa de la autoridad competente.
- Ley 26.737 de Tierras Rurales: sí impone límites a la propiedad extranjera y establece requisitos especiales para inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera. Además, contiene restricciones respecto de tierras con cuerpos de agua de determinada relevancia.
- Ley 26.331 de Bosques Nativos: protege los bosques clasificados en distintas categorías de conservación. Si en una zona catalogada como «roja» se realizaron desmontes, movimientos de suelo u obras sin autorización, ello podría constituir una infracción, pero esa es una cuestión que debe ser determinada por las autoridades ambientales y, eventualmente, por la Justicia.
Más allá de cuál sea el desenlace judicial, el episodio volvió a instalar una discusión de fondo sobre la extranjerización de la tierra en la Patagonia. La combinación de recursos hídricos, reservas naturales, proximidad a la frontera y proyectos energéticos privados convirtió una operación inmobiliaria en un asunto de interés geopolítico. Para numerosos especialistas y dirigentes, la cuestión trasciende el derecho de propiedad y abre interrogantes sobre el control de recursos considerados estratégicos para el futuro del país.
Cronología
2017
- Se constituye Baguales Acquisitions S.A. y comienzan las negociaciones para adquirir las tierras en la meseta Baguales.
2018
- Se formaliza la compra de unas 10.124 hectáreas en Río Negro vinculadas al empresario qatarí Abdulhadi Mana Al-Hajri.
2018-2025
- Se conocen los planes para desarrollar un complejo turístico de lujo y construir tres microcentrales hidroeléctricas.
- Surgen cuestionamientos por la cercanía a zonas protegidas, nacientes de agua y áreas de frontera.
Hasta la fecha, no existe una sentencia firme que haya declarado nula la adquisición de las tierras vinculadas a Abdulhadi Mana Al-Hajri.
