Tras una maratónica jornada de casi 12 horas de intenso debate, el Senado aprobó el corazón del proyecto económico y tributario impulsado por el Gobierno del presidente José Antonio Kast. La iniciativa, denominada oficialmente «Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico Social», logró avanzar en la Cámara Alta con un margen mínimo, reflejando el tenso clima político que atraviesa el país.
La votación se definió con 26 respaldos provenientes del oficialismo y las bancadas de derecha, frente a 24 votos en contra de la oposición de izquierda. Este triunfo legislativo representa el primer gran paso para la principal apuesta de la administración de Kast: un plan diseñado para reactivar el crecimiento económico, reducir el desempleo y seducir a los mercados internacionales a través de beneficios fiscales.
El paquete legislativo, compuesto por unas 40 medidas, busca reestructurar el modelo de recaudación y fomento a la inversión. Durante la sesión, tres puntos concentraron el fuego cruzado entre los parlamentarios:
- Alivio a las grandes empresas: El artículo más debatido establece una reducción progresiva del impuesto corporativo, que bajará del 27% actual a un 23%. El Ejecutivo defiende que esta medida es vital para devolver la competitividad al sector privado.
- Blindaje a los capitales: Se introduce la figura de «invariabilidad tributaria», la cual garantiza a las nuevas inversiones millonarias que sus condiciones fiscales no serán alteradas a futuro, otorgando certidumbre legal a largo plazo.
- Beneficio a la tercera edad: En un guiño directo a la clase media y sectores vulnerables, la reforma elimina el pago de contribuciones (impuestos territoriales) sobre la primera vivienda para todas las personas mayores de 65 años.
Aunque el oficialismo celebra haber superado este punto clave, la «Megarreforma» aún tiene un largo camino antes de ser promulgada. En los próximos días, el proyecto aterrizará en la Cámara de Diputados.
Por su parte, la oposición ya anunció su contraofensiva fuera de los pasillos del Congreso. Las bancadas de izquierda confirmaron que acudirán al Tribunal Constitucional para intentar frenar la iniciativa. Argumentan que los profundos recortes a los impuestos corporativos provocarán una grave desfinanciación del Estado, limitando su capacidad para garantizar derechos sociales elementales y convirtiendo a la reforma en un proyecto «regresivo e inconstitucional».
Las próximas semanas serán determinantes para el Gobierno.
