La regla general, conocida como derecho del suelo o ius soli, aplica a casi todas las personas nacidas dentro de los 50 estados y los territorios de EEUU (como Puerto Rico o Guam). Esto incluye a los hijos de padres indocumentados o con visas temporales.
Esa interpretación existe desde el histórico fallo de 1898 en el caso United States v. Wong Kim Ark. Considerado uno de los pilares del derecho constitucional estadounidense. La sentencia definió, de manera casi definitiva, cómo debía interpretarse la Decimocuarta Enmienda respecto a la ciudadanía por nacimiento, y durante más de un siglo ha servido como el principal precedente para todos los debates sobre este tema.
La historia comenzó con Wong Kim Ark, quien nació en San Francisco en 1873. Sus padres eran inmigrantes chinos que residían legalmente en EEUU, pero no podían obtener la ciudadanía debido a las leyes discriminatorias de la época. En aquellos años existía un fuerte sentimiento antichino en la costa oeste, alimentado por la competencia laboral y por prejuicios raciales, lo que llevó al Congreso a aprobar la Chinese Exclusion Act, la primera ley federal que prohibió prácticamente toda inmigración procedente de un grupo étnico específico.
En 1895, Wong Kim Ark regresó de una visita familiar a China. Al desembarcar en el puerto de San Francisco, las autoridades migratorias le negaron el ingreso. Argumentaban que, al ser hijo de ciudadanos chinos, él también era chino y no estadounidense. Si esa interpretación prosperaba, miles de personas nacidas en territorio estadounidense podían perder el reconocimiento de su ciudadanía simplemente por el origen de sus padres.
El caso llegó hasta la Corte Suprema, que en 1898 emitió una decisión histórica por seis votos contra dos. La mayoría sostuvo que la frase de la Decimocuarta Enmienda según la cual «todas las personas nacidas o naturalizadas en EEUU, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos» debía interpretarse conforme al antiguo principio del jus soli («derecho del suelo»), heredado del derecho inglés. En otras palabras, el lugar de nacimiento era el criterio fundamental para adquirir la ciudadanía, salvo excepciones muy limitadas.
La Corte explicó que esas excepciones eran únicamente los hijos de diplomáticos extranjeros acreditados en EEUU, los hijos de fuerzas militares enemigas que ocuparan territorio estadounidense y, en aquella época, algunos miembros de tribus indígenas que aún no estaban plenamente sometidas a la jurisdicción federal. Fuera de esos supuestos excepcionales, cualquier niño nacido en territorio estadounidense era ciudadano desde el momento de su nacimiento.
El fallo actual
Con seis votos a favor y tres en contra, el Supremo consideró inconstitucional un decreto con el que el presidente de EEUU pretendía acabar con ese derecho, parte de la Constitución desde hace más de 150 años.
La Corte determinó de forma categórica que un presidente no puede modificar o anular un derecho constitucional mediante un decreto u orden ejecutiva.
Este caso llega un año después de que la misma Corte, en 2025, limitara el uso de las órdenes judiciales de alcance nacional (nationwide injunctions), pero sin pronunciarse entonces sobre el fondo de la ciudadanía por nacimiento, estableciendo que, como regla general, los jueces federales deben conceder remedios solo a las partes que están litigando y no bloquear automáticamente una política para todo el país. Esto no significa que desaparezcan por completo, pero sí que serán mucho más difíciles de obtener y deberán justificarse en circunstancias excepcionales. El fallo conocido hoy sí aborda directamente la cuestión constitucional y confirma que el derecho permanece protegido.
“La ciudadanía, tanto entonces como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores [de esa enmienda] ampliaron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’. Hoy seguimos cumpliendo esa promesa”, escribió el presidente del tribunal, John Roberts, en la opinión mayoritaria de una sentencia de 194 páginas.
John Roberts, desdeñó el argumento de que la globalización contemporánea aconseja cambiar las reglas sobre la ciudadanía por nacimiento. “Es un mundo nuevo, pero la Constitución sigue siendo la misma”, zanjó Roberts.
Las tres juezas de tendencia liberal (Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanjie Browk Jackson) se unieron a tres jueces de tendencia conservadora: John Roberts (presidente de la Corte),Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh.
Los jueces conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch se mostraron en desacuerdo. Brett Kavanaugh se sumó, por su parte, a la mayoría, aunque puntualizó que no compartía toda su argumentación.
Las dos opiniones discordantes, firmadas por Thomas y por Alito, en la que el primero escribe en la suya, dice: “No estoy seguro de que la sentencia de hoy [por este martes] resista la prueba del tiempo. [La enmienda] añadió gran valor a la dignidad y a la gloria de la ciudadanía estadounidense. La opinión de hoy devalúa dicha ciudadanía”.
Las críticas a la decisión
Donald Trump calificó el fallo como «demasiado malo para nuestro país». Pidió al Congreso actuar de inmediato para restringir la ciudadanía por nacimiento. Prometió respaldar cualquier legislación que persiga ese objetivo.
“Somos el único país del mundo lo suficientemente estúpido como para permitir el derecho de ciudadanía por nacimiento”, escribió Trump.
El Asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, fue uno de los más duros. Escribió que la sentencia era «una de las decisiones más destructivas e indignantes de la historia».
El senador republicano Rand Paul reaccionó pocas horas después del fallo. Paul sostuvo que, si la Corte no iba a reinterpretar la Constitución, el camino correcto es modificarla mediante una enmienda constitucional. Declaró:
«Si queremos un cambio real y duradero, tiene que venir mediante el proceso de enmienda constitucional».
Paul recordó que ya había presentado una propuesta de enmienda meses antes del fallo y pidió a quienes están en desacuerdo con la decisión que apoyen esa iniciativa.
En X, publicó lo siguiente: En abril, presenté mi enmienda constitucional sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento. Algunos colegas pensaron que era prematuro. Ahora, entienden por qué no lo era. La 14ª Enmienda debe ser aclarada para reflejar lo que sus autores realmente pretendían. La cláusula de ciudadanía fue escrita para los esclavos liberados después de la Guerra Civil, no para incentivar la inmigración ilegal o el turismo de nacimiento.
In April, I introduced my constitutional amendment on birthright citizenship. Some colleagues thought it was premature. Now, they understand why it wasn’t.
The 14th Amendment must be clarified to reflect what its authors actually intended. The citizenship clause was written for…
— Rand Paul (@RandPaul) July 1, 2026
Las consecuencias políticas del fallo también son enormes. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, lo definió como “muy decepcionante”. Argumentó ante los periodistas en el Congreso que la Decimocuarta se promulgó con un “noble propósito”, pero que muchos de los que se benefician de ella lo hacen desde el “abuso”. Johnson dijo también que no descartaba tratar de enmendar la Constitución para cambiar las cosas. Es altamente improbable que lo logre, dado que el sistema estadounidense requiriere de un consenso para lograrlo del que ninguno de los partidos goza.
En su mensaje en Truth, Trump desautorizó a Johnson. “¡No hace falta una enmienda constitucional larga y engorrosa!“, dijo, ”el Congreso debería empezar HOY MISMO a trabajar para poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento, una práctica costosa e injusta para nuestro país. ¡Contarán con mi apoyo total y absoluto!“.
