Costa Rica inició este viernes un nuevo capítulo en su historia política con la juramentación de Laura Fernández como presidente de la República para el periodo 2026-2030. Ante una audiencia de más de 20,000 personas congregadas en el Estadio Nacional, la nueva mandataria se comprometió a profundizar las reformas iniciadas por su antecesor, Rodrigo Chaves, y a sentar las bases de lo que denominó una «Tercera República».
La ceremonia estuvo marcada por un fuerte simbolismo de continuidad. Fernández, quien se desempeñó como ministra de la Presidencia y de Planificación durante la administración saliente, fue investida por la presidente de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez. En un movimiento político inédito, su primera decisión de peso fue nombrar al expresidente Rodrigo Chaves como su nuevo ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda, consolidando así la influencia del exmandatario en el núcleo del nuevo gobierno.
Durante su primer mensaje a la nación, la presidenta Fernández subrayó que su administración no se limitará a gestionar el legado de Chaves, sino que buscará expandirlo. «Estamos a las puertas de construir una Tercera República, una nueva Costa Rica que no tiene miedo al cambio, que moderniza sus instituciones sin destruir lo que funciona», afirmó con determinación.
Uno de los pilares de su discurso fue la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado. Fernández lanzó una advertencia directa al sistema judicial, señalando que la infraestructura no es suficiente si las leyes no se aplican con rigor. En este sentido, anunció la próxima inauguración de una «megacárcel» y de un centro de vigilancia policial de alta tecnología, herramientas que considera vitales para evitar que el narcotráfico penetre las estructuras estatales.
«Eso no servirá de nada si los jueces siguen soltando a los más peligrosos o si las leyes los protegen», fustigó la mandataria, haciendo un llamado a recuperar la confianza en la justicia.
En el plano del desarrollo nacional, la presidenta delineó una hoja de ruta centrada en proyectos de alto impacto económico y social. Entre sus prioridades inmediatas destacan:
- Infraestructura turística: La construcción de una marina en la provincia de Limón para potenciar la economía costera.
- Recursos naturales: La habilitación para la extracción de oro en Crucitas, en la zona norte del país.
- Movilidad urbana: El impulso al tren eléctrico de pasajeros, un proyecto ambicioso destinado a mitigar el congestionamiento vial que afecta al área metropolitana.
Con 39 años, Laura Fernández asume el mando de una nación que observa con atención este modelo de «co-gobernanza» con su predecesor, en un ambiente de optimismo por parte de sus seguidores y de expectativa ante las reformas institucionales prometidas.
