81 republicanos votaron a favor de financiar la NED. Lo mismo hicieron todos los demócratas. Si los republicanos votaran en bloque como los demócratas, la NED ya no recibiría fondos.
Aunque la votación pasó relativamente desapercibida en el debate público general, el tema estalló tras las declaraciones del congresista republicano Thomas Massie, quien denunció que la partida fue incorporada de forma discreta dentro de un megaproyecto presupuestario, obligando a legisladores de ambos partidos a aprobarla si querían evitar el cierre del gobierno federal.
Massie fue contundente al señalar que “este es un programa del Estado profundo que interfiere en otros países”, y reclamó que el presidente utilice el poder de veto para bloquear la ley. Sus palabras reabrieron una discusión histórica que atraviesa tanto a demócratas como a republicanos: el rol real de la NED como instrumento de política exterior estadounidense.
🚨 MASSIE WARNS: GOP LEADERS SNUCK $350M FOR GLOBAL PROPAGANDA – @POTUS MUST VETO
In an exclusive interview with @EmeraldRobinson, @RepThomasMassie reveals that @SpeakerJohnson quietly slipped $350 MILLION into a funding bill for the National Endowment for Democracy (NED) – an… pic.twitter.com/Tv4z3Fy838
— LindellTV (@RealLindellTV) January 15, 2026
I tried to blow the whistle before this vote happened. But now the deep-state is baked into the spending bill thanks to 81 republicans. https://t.co/DgAvfmQJRh
— Thomas Massie (@RepThomasMassie) January 15, 2026
«Intenté denunciarlo antes de esta votación. Pero ahora, gracias a 81 republicanos, el Estado profundo está incluido en el presupuesto», publicó Massie en su cuenta de X.
Qué es la NED y por qué genera controversia
La National Endowment for Democracy fue creada en 1983, durante el gobierno del presidente Ronald Reagan, en pleno contexto de la Guerra Fría. Formalmente, se presenta como una fundación privada dedicada a promover la democracia, los derechos humanos y el pluralismo político en el mundo. Sin embargo, su financiación proviene casi en su totalidad del Congreso de EEUU, lo que la convierte, en los hechos, en una herramienta estatal con fachada civil.
La controversia no radica únicamente en el monto asignado, sino en la naturaleza de sus operaciones. La NED financia partidos políticos, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y movimientos sociales en otros países, interviniendo activamente en procesos políticos internos. Para muchos gobiernos y analistas internacionales, estas acciones constituyen una forma indirecta de injerencia en la soberanía nacional.
En 1982, un año antes de la creación formal de la National Endowment for Democracy (1983), el entonces director de la CIA, William J. Casey, mantuvo intercambios con altos funcionarios del gobierno, incluido el Departamento de Justicia, en el marco de los debates internos sobre cómo reorganizar la proyección política exterior de EEUU tras los escándalos de los años 70.
Documentos y testimonios posteriores indican que Casey presionó al Departamento de Justicia para que respaldara la arquitectura legal necesaria para la creación de la NED, al tiempo que advertía sobre la importancia de mantener en segundo plano cualquier vínculo directo con la Agencia.
La preocupación central no era abandonar las operaciones de influencia política en el exterior, sino evitar que la CIA volviera a quedar expuesta como actor visible en ese tipo de acciones. Tras las investigaciones del Congreso en los años setenta, cualquier intervención encubierta asociada a la inteligencia estadounidense se había vuelto legalmente riesgosa y políticamente insostenible. La solución que comenzó a tomar forma fue trasladar esas funciones a un marco institucional civil, financiado por el Congreso y formalmente independiente de los servicios de inteligencia.
En ese esquema, la NED surgió como una respuesta estructural a la crisis de legitimidad de la inteligencia estadounidense, no como una ruptura con el pasado, sino como su reformulación. El diseño buscó deliberadamente eliminar la trazabilidad directa con la CIA: sin control operativo, sin fondos secretos y sin dependencia formal de la comunidad de inteligencia. Sin embargo, el impulso estratégico provenía del mismo entramado de seguridad nacional que había conducido la política de intervención durante la Guerra Fría.
Esa continuidad fue reconocida años después por uno de los propios arquitectos del proyecto. Allen Weinstein, uno de los fundadores de la NED, afirmó sin eufemismos que “mucho de lo que hacemos hoy, la CIA lo hacía encubiertamente hace 25 años”, una declaración que se convirtió en una referencia ineludible para quienes cuestionan el rol real de la organización. La frase no niega el carácter legal y público de la NED, pero confirma que su función responde a una lógica histórica de largo plazo.
El antecedente clave: de la CIA a la “democracia” financiada
El origen de la NED está directamente vinculado a los escándalos de la CIA en las décadas de 1960 y 1970, cuando investigaciones del propio Congreso estadounidense —como la Comisión Church— revelaron operaciones encubiertas de la agencia en Irán, Guatemala, Chile, Brasil y otros países, incluyendo financiamiento secreto a partidos políticos, campañas de propaganda y golpes de Estado.
Tras esa crisis de legitimidad, Washington decidió no abandonar la intervención política internacional, sino transformarla. La solución fue trasladar esas actividades a un marco legal, público y “democrático”. Uno de los fundadores de la NED, Allen Weinstein, lo admitió sin ambigüedades en una frase que hoy se cita con frecuencia:
“Mucho de lo que hacemos hoy, la CIA lo hacía encubiertamente hace 25 años.”
Desde entonces, la NED se consolidó como una pieza central del poder blando estadounidense, actuando allí donde la intervención militar resulta costosa o políticamente inviable.
El financiamiento internacional de la National Endowment for Democracy se canaliza principalmente por cuatro grandes brazos operativos, más una red de ONG locales y regionales.
Los cuatro institutos “satélite”:
La NED no actúa sola. Distribuye fondos a través de:
-NDI (National Democratic Institute) – vinculado al Partido Demócrata
-IRI (International Republican Institute) – vinculado al Partido Republicano
-CIPE (Center for International Private Enterprise) – ligado a cámaras empresariales
-Solidarity Center – ligado a sindicatos estadounidenses (AFL-CIO)
Estos organismos operan en decenas de países y luego redistribuyen fondos a actores locales.
El dinero no se entrega “en efectivo” a gobiernos, sino que financia:
-ONGs políticas y sociales
-Medios de comunicación y plataformas digitales
-Capacitación de activistas y dirigentes
-Observación electoral
-Reformas judiciales y constitucionales
-Programas de “fortalecimiento institucional”
Muchos de estos proyectos son legales y públicos, pero su impacto es directamente político.
Euromaidán 2014
Uno de los interrogantes más sensibles en torno al rol de la National Endowment for Democracy es su posible vinculación indirecta con los acontecimientos del Euromaidán en Ucrania (2013–2014). Si bien no existen pruebas de que la NED haya organizado o dirigido las protestas que culminaron con la caída del presidente Viktor Yanukóvich, sí está documentado que, durante los años previos, financió y apoyó a organizaciones de la sociedad civil, medios independientes y programas de capacitación cívica en el país.
Ese respaldo contribuyó a la consolidación de un ecosistema político y mediático prooccidental, capaz de movilizarse rápidamente cuando estalló la crisis interna. En ese sentido, el papel de la NED no puede entenderse como una causa directa del levantamiento, sino como un factor estructural que influyó en la capacidad organizativa, comunicacional y política de ciertos actores clave durante el proceso.
Intervenciones, doble vara y efectos internos
A lo largo de las últimas décadas, la NED ha financiado programas en países como Ucrania, Venezuela, Nicaragua, Georgia, Bolivia, Serbia, Hong Kong y Rusia, entre otros. En varios de estos casos, los gobiernos locales denunciaron intentos de desestabilización política, apoyo a oposiciones alineadas con intereses occidentales y condicionamiento de procesos electorales.
Esta práctica alimenta una de las críticas más recurrentes: la doble vara de EEUU. Mientras Washington condena la injerencia extranjera en sus propios asuntos, mantiene un sistema institucionalizado para influir activamente en la política interna de otros Estados.
Además, aunque la NED no opera formalmente dentro de EEUU, sus críticos sostienen que parte de las narrativas, redes mediáticas y agendas políticas que financia en el exterior terminan regresando al debate interno, influyendo indirectamente en la opinión pública estadounidense. Es este punto el que Massie define como “dinero que se filtra de vuelta de forma negativa”.
Por qué los republicanos también votaron a favor
Uno de los aspectos más llamativos del debate es que 81 legisladores republicanos votaron junto a los demócratas para mantener la financiación de la NED. Esto se explica por varios factores.
En primer lugar, la NED no es una política partidaria, sino una política de Estado. Fue creada bajo un gobierno republicano, sostenida por administraciones republicanas y demócratas, y forma parte del consenso estratégico de Washington sobre cómo ejercer influencia global sin recurrir al uso directo de la fuerza.
En segundo lugar, la financiación de la NED viene incluida en grandes paquetes de asignaciones presupuestarias, que combinan defensa, salarios públicos, programas sociales y funcionamiento básico del Estado. Votar en contra de estos paquetes implica arriesgar un cierre del gobierno, un costo político que la mayoría de los legisladores evita.
Finalmente, muchos republicanos mantienen una postura ambigua: critican retóricamente al “Estado profundo”, pero no rompen con las estructuras que sostienen la proyección global del poder estadounidense, especialmente cuando estas herramientas son vistas como más baratas y menos visibles que las guerras.
Massie y la minoría disidente
El caso de Thomas Massie representa una minoría ideológica coherente, cercana al libertarismo y al constitucionalismo estricto. Para este sector, no hay justificación para financiar programas que consideran inconstitucionales, inmorales o contrarios al derecho internacional, aun cuando estén incluidos en leyes más amplias.
Por eso, Massie insiste en que la única salida real es el veto presidencial, ya que el Congreso, según su visión, ha cedido frente a los intereses permanentes del aparato estatal.
La polémica por la financiación de la NED expone una tensión de fondo: la distancia entre el discurso democrático y la práctica real del poder internacional. Más allá de los montos o de la coyuntura legislativa, el debate vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para Washington: ¿puede una democracia promover la democracia en otros países mediante mecanismos de presión política financiados por el Estado?.
Mientras esa pregunta siga sin respuesta, cada nueva asignación presupuestaria reavivará la sospecha de que, detrás del lenguaje institucional, el intervencionismo simplemente ha cambiado de forma, no de esencia.
