Los hechos ocurrieron la mañana del sábado 24 de enero en la intersección de la calle 26 y la avenida Nicollet, en el vecindario de Whittier, donde agentes federales llevaban a cabo un operativo dirigido contra un individuo buscado para control migratorio.
Videos grabados por testigos, que han circulado ampliamente en redes y medios internacionales, muestran a Pretti filmando la actuación de los agentes con su teléfono móvil, sin evidencias claras de que portara o empuñara un arma en ese momento.
De acuerdo con varias reconstrucciones del suceso, Pretti no solo grababa, sino que también intentó ayudar a una mujer que había sido empujada y rociada con gas pimienta por agentes, colocándose en medio de ella y los oficiales en un gesto de protección.
Las autoridades federales, incluyendo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), sostuvieron públicamente que Pretti se acercó a los agentes con una pistola semiautomática de 9 mm y actuó de manera agresiva, justificando el uso de fuerza letal como un acto en defensa propia.
Sin embargo, los videos contradicen esta narrativa: muestran que Pretti tenía un teléfono en la mano y que su arma, aunque legalmente registrada y con permiso para portar, fue retirada primero por un agente tras haber sido reducido, antes de que otro agente abriera fuego.
En varios clips se ve cómo Pretti es derribado al suelo por un grupo de oficiales, inmovilizado y luego se escuchan al menos diez disparos en un lapso de pocos segundos, incluso después de haber sido desarmado, según análisis de múltiples fuentes periodísticas y judiciales.
Federal agents in Minneapolis wrestled Alex Pretti to the ground and secured the handgun he was carrying moments before shooting him multiple times, according to a Washington Post analysis of video footage.
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— The Washington Post (@washingtonpost) January 25, 2026
Perfil de la víctima y contexto del suceso
Pretti era ciudadano estadounidense, enfermero de cuidados intensivos en un hospital para veteranos, sin historial criminal significativo, conocido por su trabajo comunitario y su participación en protestas contra el despliegue de agentes federales en Minneapolis.
Sus familiares han declarado públicamente que él se oponía a las políticas migratorias estrictas y al uso excesivo de la fuerza por parte de ICE, pero que no tenía intenciones de violencia ni de confrontación antes del incidente.
Por qué se lo califica de crimen o ejecución
1. No existía amenaza inmediata verificable
Los estándares legales de uso de fuerza letal en EEUU (incluyendo jurisprudencia de la Corte Suprema) exigen una amenaza inmediata y real que justifique matar a una persona. El simple hecho de portar legalmente un arma no constituye por sí mismo tal amenaza.
2. Contradicción entre declaraciones oficiales y evidencia visual
Mientras el gobierno insistió en que Pretti representó peligro, los videos muestran lo contrario: *él estaba filmando y tratando de ayudar a una mujer, sin empuñar un arma visible ni hacer gesto hostil alguno.
3. Uso de fuerza tras desarme y reducción
Según múltiples análisis, Pretti ya estaba reducido y desarmado cuando se dispararon los tiros que acabaron con su vida, lo que rompe cualquier justificación de defensa propia bajo los criterios legales vigentes.
4. Falta de respuesta médica y obstáculos a la investigación
Testigos han indicado que no hubo atención médica inmediata y que autoridades federales habrían obstaculizado el acceso a pruebas y videos, lo que agrava las sospechas sobre un encubrimiento institucional.
El caso ha generado protestas en Minneapolis y críticas tanto a nivel estatal como nacional. El gobernador de Minnesota y legisladores de ambos partidos han exigido respuestas y transparencia, mientras un juez federal ordenó que se preserve toda la evidencia relacionada con el tiroteo para futuras investigaciones judiciales.
Organizaciones de derechos civiles y defensores legales sostienen que, si se confirma que no existió amenaza legítima y la fuerza fue injustificada, el acto podría constituir un homicidio por parte de un agente del Estado, lo que jurídicamente implicaría responsabilidad penal individual.
La familia de Pretti, por su parte, ha rechazado las versiones oficiales, denunciando lo que califican de “mentiras repugnantes” para justificar la muerte de un hombre que, según ellos, solo quería filmar y proteger a otros.
Can the FBI just enforce the law without adopting every leftist gun banner talking point?
🚫Carrying a gun = bad intentions.
🚫Loaded guns = bad guns.
🚫Spare magazines = extra bad.
🚫More than 10 rounds = bad.— Thomas Massie (@RepThomasMassie) January 25, 2026
Bloqueo inicial de la investigación: un obstáculo para la transparencia
Después de la muerte de Alex Pretti en Minneapolis, las autoridades federales asumieron el control de la escena inmediatamente, limitando el acceso de las fuerzas locales de la ciudad en las primeras horas posteriores al tiroteo. A pesar de que el incidente involucró a agentes federales del ICE, que ejecutaban un operativo en el lugar, la policía local no pudo realizar su labor investigativa de manera independiente, lo que generó serias dudas sobre la transparencia del proceso. Durante ese tiempo, las fuerzas federales retuvieron evidencia clave, incluyendo armas y otros registros relevantes.
Este tipo de intervención no es habitual cuando un civil estadounidense pierde la vida, especialmente en circunstancias tan controvertidas. De acuerdo con las normativas estándar, las investigaciones de homicidios que ocurren en áreas urbanas son habitualmente dirigidas por las autoridades locales, incluso cuando se trata de agentes federales. El control inmediato y exclusivo de la escena por parte de los agentes del ICE debilita la confianza pública en la imparcialidad de la investigación y alimenta las percepciones de encubrimiento o de manipulación de la verdad.
El hecho de que la fuerza responsable de la muerte de un civil haya sido también la encargada de controlar la escena del crimen y las pruebas plantea un conflicto de interés serio. Esto no solo afecta la imparcialidad de la investigación, sino que también da la sensación de que el poder estatal está por encima de las normas que deberían regular el accionar de las fuerzas de seguridad. La falta de intervención inmediata de las autoridades locales interrumpe el principio de control civil sobre las investigaciones y expone la fragilidad de las instituciones democráticas ante los abusos de poder.
Además, al restringir la intervención de la policía local y tomar el control exclusivo de la escena, se corre el riesgo de que la verdad sea manipulada o alterada antes de que la evidencia esté a disposición de los responsables de una investigación imparcial. Esto no solo socava la justicia para las víctimas, sino que también afecta la confianza pública en las instituciones encargadas de velar por los derechos civiles.
El control federal sobre la escena de los hechos, unido a la versión oficial difundida antes de que se conocieran los videos y testimonios de los testigos, coloca la actuación de los agentes del ICE bajo un foco crítico. La narrativa inicial, que apuntaba a que Pretti representaba una amenaza, fue desmentida por los registros visuales, que mostraron a Pretti desarmado y tratando de proteger a una mujer en el momento del tiroteo. A esto se suma que las fuerzas federales impidieron que las autoridades locales tuvieran acceso directo a la investigación, lo que deja una sensación de opacidad y potencial manipulación de los hechos.
La actuación federal no solo está bajo cuestionamiento por el uso desproporcionado de la fuerza, sino también por la gestión y control de la investigación, lo que aumenta aún más la tensión y desconfianza en el proceso. Este caso revela no solo las dificultades para obtener justicia cuando están involucradas las fuerzas federales, sino también los riesgos para la transparencia que surgen cuando el poder del Estado se centraliza sin mecanismos efectivos de supervisión.
La Segunda Enmienda y su sentido histórico
La Segunda Enmienda de la Constitución de los EEUU fue concebida a fines del siglo XVIII con un objetivo específico: evitar la concentración absoluta del poder armado en manos del Estado. Surgida del trauma histórico de la dominación británica, su finalidad no era promover la violencia individual ni la autodefensa irrestricta, sino garantizar que la ciudadanía organizada pudiera actuar como contrapeso frente a un gobierno potencialmente tiránico, a través de milicias civiles “bien reguladas”. En ese marco, el porte de armas se entendía como una función cívica vinculada a la libertad política, no como un privilegio condicionado a la conveniencia del poder.
Desde esa perspectiva histórica, resulta profundamente contradictorio sostener que un ciudadano no debería portar un arma legalmente durante una protesta. Las protestas son, precisamente, el espacio donde los derechos constitucionales —libertad de expresión, reunión y petición— existen para ser ejercidos frente al Estado. Limitar el derecho a portar armas únicamente en contextos de disenso político implicaría aceptar que los derechos solo rigen cuando no incomodan al poder, vaciando de contenido tanto a la Segunda como a la Primera Enmienda. En términos jurídicos, sería introducir una restricción basada no en la legalidad del acto, sino en su significado político.
El caso de Alex Pretti expone con crudeza esta paradoja. Pretti portaba un arma de manera legal, amparado por la Segunda Enmienda y la legislación del estado de Minnesota, mientras participaba en una protesta y grababa la actuación de agentes federales del ICE. Sin embargo, esa misma condición legal fue utilizada de facto como justificación implícita para tratarlo como una amenaza, aun cuando la evidencia visual disponible indica que no empuñó el arma ni representó un peligro inmediato. Así, el derecho constitucional que el Estado afirma defender se convirtió, en la práctica, en un factor de riesgo que habilitó el uso de fuerza letal.
Aceptar que el simple porte legal de un arma en una protesta justifica el uso de fuerza letal equivale a reemplazar el estándar constitucional de amenaza real e inmediata por la percepción subjetiva de temor de los agentes. Este desplazamiento es peligroso: transforma derechos en concesiones revocables y convierte el miedo estatal en criterio jurídico. Bajo esa lógica, el Estado no reacciona ante lo que un ciudadano hace, sino ante lo que podría hacer, habilitando una forma de violencia preventiva incompatible con el Estado de derecho.
En ese sentido, el debate sobre la Segunda Enmienda en el caso Pretti no es accesorio: es central. Si portar un arma legal durante una protesta se convierte en motivo suficiente para perder la protección constitucional —y eventualmente la vida—, entonces el problema ya no es el comportamiento de un individuo, sino la redefinición silenciosa de los límites del poder estatal. La pregunta que deja este caso es incómoda pero inevitable: ¿puede un derecho constitucional sobrevivir si su ejercicio, en determinados contextos políticos, se transforma en una condena?.
