La afirmación se produce en medio de intensas negociaciones diplomáticas y de un nuevo esquema de presiones ejercidas por EEUU y socios europeos, que buscan un avance concreto hacia un acuerdo de paz.
“Los ucranianos deben responder a esa pregunta. No es algo que pueda decidir solo el gobierno”, declaró Zelensky en una conferencia de prensa, al ser consultado por un posible mecanismo para legitimar concesiones territoriales. Sus palabras reabrieron un debate sensible y pusieron en primer plano la problemática constitucional, política y emocional que atraviesa cualquier cesión territorial.
Las declaraciones de Zelensky surgen luego de que Washington presentara una actualización de su plan de paz, que contempla —según fuentes diplomáticas citadas en medios estadounidenses y ucranianos— opciones como zonas desmilitarizadas en partes del este de Ucrania, la creación de una “zona económica especial” en sectores de Donetsk bajo un acuerdo bilateral supervisado internacionalmente y la evaluación de mecanismos temporales de administración civil en áreas recuperadas o aún disputadas.
Estos elementos, aunque tentativos, implican cambios en el control del territorio o en su régimen jurídico, lo que llevó a Kiev a insistir en que cualquier decisión de ese tipo deberá contar con respaldo popular.
EEUU, por su parte, busca mostrar avances diplomáticos concretos antes del próximo ciclo electoral en Washington, mientras que algunos socios europeos presionan para estabilizar la región ante el desgaste económico y militar generado por casi cuatro años de guerra.
Dentro de Ucrania, el tema es explosivo. La Constitución ucraniana establece de manera explícita que el territorio del país es indivisible y que ningún referéndum local o regional puede alterar las fronteras. Una consulta nacional, en cambio, podría considerarse legal siempre que se formule sin contradecir derechos fundamentales y con una supervisión plena de la Corte Constitucional.
Sin embargo, el debate no es solo jurídico. Es político, histórico y emocional.
Más del 50% de los ucranianos rechaza cualquier cesión territorial, según encuestas recientes del Instituto Internacional de Sociología de Kiev.
Para una parte significativa de la sociedad, aceptar concesiones significaría legitimar la ocupación rusa.
Al mismo tiempo, existe una minoría creciente —principalmente en áreas alejadas del frente— que considera que un acuerdo con renuncias limitadas podría salvar vidas y detener el desgaste económico del país.
Zelensky busca apoyarse en un mecanismo democrático para descomprimir tensiones internas y, al mismo tiempo, enviar un mensaje a los aliados occidentales: cualquier compromiso territorial debe surgir del pueblo, no de presiones externas.
Aceptar siquiera discutir un referéndum implica un enorme riesgo para el presidente. Desde el inicio de la invasión en 2022, tanto Zelensky como el Parlamento ucraniano han sostenido que no habrá concesiones territoriales. La sola mención de un plebiscito puede ser usada por sus opositores —y por Moscú— como señal de debilidad.
Además, los movimientos nacionalistas ucranianos ya advirtieron que no reconocerán ningún referéndum que implique renuncia a soberanía. Los partidos opositores acusan al gobierno de “abrir una puerta peligrosa”.
Zelensky enfrenta así una ecuación compleja: si niega la posibilidad de una consulta, pierde margen negociador; si la acepta, arriesga legitimidad política.
La discusión ocurre mientras Ucrania convive con centenares de miles de civiles desplazados, un frente militar que, aunque estabilizado, sigue siendo extremadamente volátil, regiones donde la infraestructura quedó devastada y la reconstrucción avanza a ritmo lento, y el agotamiento emocional de una población que ha vivido bajo ataques continuos durante años.
En ese marco, la idea de consultar a la ciudadanía aparece como un intento de recuperar la agencia política de un país que ha estado condicionado por decisiones militares y geopolíticas.
La incógnita: ¿es viable un referéndum en tiempos de guerra?
Organizar un referéndum en un país parcialmente ocupado, con millones de ciudadanos fuera de su región de origen —o en el extranjero—, plantea enormes desafíos:
-Logística electoral compleja.
-Dudas sobre la seguridad de los votantes.
-Riesgo de ataques rusos para deslegitimar el proceso.
-Problemas de participación en regiones cercanas al frente.
Y el terrible problema de las zonas ocupadas, ya que según el principio internacional de self-determination under occupation, el derecho a decidir corresponde a la población que vivía allí antes de que el territorio fuera ocupado por una fuerza extranjera.
A ello se suma la pregunta de fondo: ¿Debe un referéndum definir fronteras cuando la guerra no ha terminado?
Para muchos expertos en derecho internacional, un plebiscito solo sería viable después de un alto el fuego estable y con supervisión internacional. Esto implica, residentes originales de Donetsk, Luhansk, Crimea y zonas del sur antes de 2014 y 2022, desplazados internos que hoy viven en Kiev, Lviv u otras ciudades, los refugiados en Polonia, Alemania, España y otros países y personas que siguen en territorio ocupado, pero que viven bajo control militar ruso. Es decir, la mayoría de la población que debería votar está dispersa por todo el mundo.
Los antecedentes más recientes muestran que ni en Kosovo, ni en Timor Oriental, ni en Sudán del Sur se hicieron referéndums mientras una potencia extranjera militar ocupaba el territorio sin supervisión internacional.
Zelensky y el Parlamento ucraniano han dicho más de una vez que no habrá negociaciones sobre referéndum mientras Rusia mantenga tropas dentro del territorio y que el proceso solo puede ocurrir con autoridades ucranianas presentes, con seguridad garantizada y bajo supervisión internacional.
Hoy esto es políticamente irreal para Rusia, que no va a abandonar posiciones sin obtener garantías previas.
