Esta iniciativa solicita la creación de un mecanismo que permitiría a cualquier persona residente en la Unión Europea, que no tenga acceso a un aborto seguro y legal en su país, trasladarse a otro Estado miembro, con la financiación de la Unión Europea y de los ciudadanos de los Estados miembros “sobre la base del voluntariado”.[1] El proyecto «My Voice, My Choice» transforma una práctica inmoral en un objeto de financiación pública. Esto presupone, implícitamente, que la vida embrionaria carece de valor moral equivalente al de seres humanos ya nacidos, lo cual contradice una comprensión realista de la persona como sujeto con dignidad ontológica desde la concepción. Además, la idea de financiar un derecho que no está consagrado en los tratados ni en la mayoría de legislaciones nacionales introduce incertidumbre jurídica y una forma de ingeniería social que desplaza la responsabilidad moral individual hacia estructuras supranacionales.
En ese sentido, la Federación europea One of Us denunció que esta votación “representa un grave abuso ideológico y un preocupante desprecio de los tratados de la UE, que establecen claramente que la política en materia de aborto compete exclusivamente a los Estados miembros”. Lejos se está la política de respetar la estructura legal e institucional fundada en hechos objetivos, siendo que ahora imperan ideologías subjetivas. La denuncia de One of Us pone de manifiesto que se pretende reconfigurar competencias estatales sin base normativa clara, imponiendo una visión ideológica uniforme. Esto contradice el principio de subsidiariedad y la noción realista de que las políticas éticas fundamentales (como las que involucran vida y muerte) deben ser tratadas localmente en orden al derecho natural.
Las decisiones que afectan aspectos profundamente humanos deben tratarse en niveles más cercanos a la comunidad humana real y concreta. La imposición de una estructura supranacional para temas de moral pública transforma la política en una abstracción tecnocrática, desvinculada de las comunidades reales que experimentan las consecuencias de esas políticas, dando lugar así a un globalismo que ejerce de manera cruenta el control de natalidad.
Vale recordar que la mayoría cuantitativa no se traduce necesariamente en legitimidad jurídica. Ciertamente que lo Verdadero y Bueno no son aspectos que puedan ser moldeados por mayorías momentáneas. La inclusión de una iniciativa como el actual “derecho al aborto” refleja un desplazamiento del orden natural hacia un positivismo normativo. El Parlamento Europeo con sus iniciativas legales muestra cómo se reduce la vida humana a un bien intercambiable dentro de un mercado de políticas públicas. Esta visión mercantilizada de la existencia humana contradice la idea de que la vida es un valor ontológicamente anterior a cualquier diseño o mecanismo político. Financiar prácticas que deliberadamente terminan con vidas embrionarias con recursos públicos implica una inversión ética que desdibuja la distinción entre bien común y utilitarismo social.
[1] Fuente: https://fsspx.news/es/news/el-parlamento-europeo-aprueba-la-financiacion-del-turismo-abortivo-56191
