Paul, médico de profesión y figura prominente dentro del ala más crítica del Partido Republicano, hizo estas declaraciones durante una aparición en el popular podcast “The Joe Rogan Experience”, donde expresó su frustración porque sus solicitudes —varias referencias penales presentadas al Departamento de Justicia— no han generado ninguna investigación formal ni cargos por las presuntas irregularidades vinculadas a su gestión durante la pandemia de COVID-19.
El senador detalló que presentó dos referidos criminales originalmente durante la administración de Joe Biden, argumentando que Fauci habría mentido ante el Congreso —lo que en su visión constituiría un delito— y que incluso habría destruido comunicaciones oficiales, contraviniendo las leyes federales de retención de registros. Según Paul, la evidencia incluida en esos documentos sugiere que Fauci ordenó a colegas eliminar correos electrónicos relevantes.
A pesar de que estas referencias fueron enviadas tanto al ex fiscal general Merrick Garland (durante la presidencia de Biden) como posteriormente a la administración Trump, Paul afirmó que el DOJ no ha “hecho nada”, ni siquiera iniciado una investigación preliminar. También cuestionó la validez de la amnistía general (pardon) preventiva que el ex presidente Biden concedió a Fauci al final de su mandato, sugiriendo que no está claro si un perdón emitido por autopen y con cobertura retroactiva de varios años podría ser jurídicamente defendible si se llegase a un juicio, presumiblemente para protegerlo de posibles acciones de la administración entrante —algo que fue parte de la discusión pública y que también alimentó la narrativa crítica de sectores republicanos.
Contexto y polémica política
La disputa entre Paul y Fauci se remonta a los años más intensos de la pandemia, cuando el senador acusó repetidamente al doctor de mentir al Congreso sobre la financiación de investigaciones de “gain of function” en el laboratorio de Wuhan, China —una teoría sobre el origen del COVID-19 que ha sido objeto de debate y controversia durante años. Fauci ha negado estas acusaciones, incluidos sus testimonios ante comités del Senado.
Las acusaciones se remontan principalmente a su testimonio del 11 de mayo de 2021 ante el Comité de Salud del Senado de EEUU. En esa audiencia, Fauci afirmó bajo juramento que los Institutos Nacionales de Salud (NIH) “nunca financiaron investigación de gain-of-function en el Instituto de Virología de Wuhan”, el laboratorio chino que quedó bajo sospecha por el posible origen del COVID-19.
La declaración generó un fuerte choque político con el senador republicano Rand Paul, quien acusó a Fauci de haber mentido deliberadamente. Paul sostuvo que fondos estadounidenses canalizados a través de la organización EcoHealth Alliance sí habrían apoyado investigaciones en Wuhan que, según definiciones más amplias, podían considerarse gain-of-function, es decir, estudios destinados a aumentar la transmisibilidad o virulencia de virus. El senador incluso llegó a plantear que Fauci podría haber incurrido en perjurio, un delito federal en EEUU.
Desde la vereda opuesta, Fauci y el NIH defendieron su postura argumentando que la afirmación fue técnicamente correcta, ya que se basó en la definición regulatoria específica de gain-of-function utilizada por el gobierno estadounidense. Según esa interpretación, los experimentos financiados no cumplían con los criterios formales que activarían restricciones legales, aun cuando implicaran modificaciones genéticas de virus. Este punto técnico se convirtió en el eje central de la controversia.
Investigaciones posteriores y análisis de organismos oficiales no concluyeron de manera definitiva que Fauci haya mentido de forma intencional. Sin embargo, distintos informes y periodistas especializados señalaron que su testimonio podría haber sido engañoso para el público y para los propios legisladores, al apoyarse en una definición estrecha que no reflejaba el sentido más amplio con el que el término gain-of-function es entendido en la comunidad científica y en el debate público.
La falta de acción del DOJ ha generado críticas tanto dentro como fuera del Partido Republicano. Para Paul y sus aliados, la inacción refuerza la percepción de que el sistema de justicia federal no actúa contra figuras poderosas por razones políticas. Sus declaraciones avivan un debate sobre si las referencias penales de un senador al DOJ deberían traducirse en investigaciones reales o si, por el contrario, estas deben ser remitidas a tribunales para ser resueltas fuera de la esfera política.
El Departamento de Justicia no emitió una respuesta inmediata al respecto, y desde la oficina de Paul no hubo comentarios adicionales más allá de lo expresado en el podcast. Mientras tanto, los partidarios de Fauci han señalado que no existe consenso científico de que las acciones del ex funcionario sean criminales y que las evidencias presentadas hasta ahora no han probado culpabilidad ante un tribunal.
La controversia actual se produce en medio de un ambiente político altamente polarizado en EEUU, en el que cuestiones relativas a la pandemia, las agencias de salud pública y el papel del gobierno federal continúan siendo temas centrales en la discusión pública y electoral. Las afirmaciones de Paul mantienen vivo un debate que, aunque proviene de hechos ocurridos años atrás, vuelve al centro de atención mediática al no traducirse en acciones legales concretas.
En 2022, el Rand Paul prometió que, si los republicanos recuperaban el control del Senado, buscaría la comparecencia de Fauci y posibles investigaciones sobre su gestión durante la pandemia.
La cuestión de investigar a Fauci se convirtió en un símbolo para muchos sectores conservadores que se oponen a la gestión federal de la pandemia, a las medidas como cierres de escuelas o mandatos de vacunas, y a la percepción de influencia de expertos científicos en la política. Esto llevó a que la retórica de “rendición de cuentas” hacia Fauci apareciera en discursos políticos, audiencias legislativas e incluso en amenazas de acciones legales por parte de algunos legisladores.
