“Después de una reunión muy productiva hoy con el Presidente Trump sobre una variedad de temas, dio luz verde al proyecto de ley bipartidista de sanciones a Rusia en el que he estado trabajando durante meses con el senador Blumenthal (Demócrata por Connecticut) y muchos otros”, escribió Graham en X.
“Esto llegará en el momento oportuno, ya que Ucrania está haciendo concesiones a cambio de la paz y Putin sólo habla y continúa matando a inocentes”, continuó el republicano de Carolina del Sur.
Graham dijo que la legislación permitirá a Trump «castigar a aquellos países que compran petróleo ruso barato alimentando la maquinaria de guerra de Putin».
«Espero que haya una fuerte votación bipartidista, ojalá tan pronto como la próxima semana», dijo Graham.
Las “sanciones del infierno” que impulsa el senador Lindsey Graham consisten en un paquete de medidas económicas excepcionalmente duras, diseñado no solo para aumentar la presión directa sobre Rusia, sino para castigar también a terceros países que continúen manteniendo relaciones comerciales clave con Moscú, especialmente en el sector energético. El objetivo explícito es cortar las fuentes de ingresos rusas vinculadas al petróleo, el gas y otros recursos estratégicos, elevando el costo económico y político de sostener la guerra en Ucrania.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la imposición de aranceles punitivos extremadamente altos —que podrían llegar hasta el 500 %— sobre productos importados desde países que compren petróleo, gas, carbón o uranio ruso. A diferencia de sanciones tradicionales, estas medidas no distinguen entre aliados, países neutrales o economías emergentes: cualquier Estado que mantenga ese comercio podría ser penalizado, lo que coloca en la mira a actores como China, India, Turquía o Brasil, entre otros.
El segundo componente clave son las sanciones secundarias ampliadas. Estas permitirían al gobierno estadounidense castigar a bancos, aseguradoras, navieras, intermediarios financieros y empresas que faciliten o financien operaciones comerciales con Rusia. En la práctica, esto significa exclusión del sistema financiero estadounidense, congelamiento de activos bajo jurisdicción de EE. UU. y prohibición de operar en dólares, una herramienta particularmente poderosa dado el peso del dólar en el comercio global.
Además, el esquema contempla restricciones tecnológicas y financieras adicionales, apuntando a sectores considerados estratégicos para el Estado ruso, como la energía avanzada, la infraestructura, la industria militar y el acceso a capital internacional. A diferencia de rondas previas de sanciones, el proyecto busca reducir al mínimo las exenciones presidenciales, limitando la capacidad de la Casa Blanca de suspender o modular las medidas por razones diplomáticas o humanitarias.
Pasan de castigar a un país en conflicto a reconfigurar coercitivamente el comportamiento del sistema internacional, obligando a terceros Estados a elegir entre mantener vínculos con Rusia o preservar su acceso al mercado estadounidense. Por eso son vistas no solo como una herramienta de presión, sino como una medida de alto riesgo diplomático, con potencial para cerrar canales de negociación y profundizar la fragmentación geopolítica global.
Un funcionario de la Casa Blanca dijo al New York Post que el presidente “apoya esta legislación”.
