En los últimos años, multimillonarios globales han apostado fuerte por Groenlandia, capitalizando su potencial de recursos naturales y su valor geoestratégico, justo en momentos en que el presidente de EEUU, Donald Trump, ha reavivado declaraciones sobre la posibilidad de que su país pueda, de alguna forma, tomar el control del territorio —una idea que ha reconfigurado percepciones y mercados.
La cuestión se remonta a finales de 2018, cuando el exasesor de Seguridad Nacional estadounidense John Bolton relató que Trump comenzó a considerar seriamente si EEUU podría “comprar” Groenlandia —una región autónoma dentro del Reino de Dinamarca. Según Bolton, la sugerencia provino de Ronald Lauder, heredero de la fortuna Estée Lauder, que tenía ideas propias sobre la región. Esta propuesta provocó controversia internacional y una respuesta inmediata: la primera ministra danesa calificó la idea de “absurda” y groelandesa afirmó que la isla no estaba en venta.
Si bien la idea de compra directa fue recibida con rechazo, la administración Trump —especialmente durante su tercera campaña y desde finales de 2024— incrementó el discurso sobre Groenlandia como cuestión de “seguridad nacional”, argumentando que la isla debía ser parte esencial de la estrategia estadounidense en el Ártico ante rivales globales como Rusia y China.
Esta retórica influyó en mercados y empresas. Actores económicos globales comenzaron a ver oportunidades en Groenlandia que iban más allá de una mera curiosidad geográfica.
El ‘Efecto Trump’ y la Ola de Inversiones
Ronald Lauder, pionero de esta narrativa, no solo influyó en el interés de Trump, sino que luego dirigió inversiones propias en Groenlandia. Según informes daneses, Lauder invirtió en una compañía local dedicada al embotellado de agua dulce que estaba pasando por dificultades, Greenland Water Bank, que tiene licencia para extraer agua mineral de Lyngmarkskilden, co-propiedad de figuras políticas groenlandesas, lo que levantó cuestionamientos sobre posibles vínculos entre dinero extranjero y decisiones políticas locales.
Lauder también está involucrado en los esfuerzos para desarrollar energía hidroeléctrica en el lago más grande de la isla, a través de un consorcio con sede en Delaware que posee una participación en Greenland Investment Group, presidido por la ex vicepresidenta del WEF y ex subsecretaria de Estado de la Secretaria de Estado Condoleezza Rice, Josette Sheeran.
El Banco de Agua de Groenlandia es copropiedad de Jørgen Wæver Johansen, presidente local del partido gobernante Siumut en Nuuk y esposo de la ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt. Josette Sheeran preside tanto el Banco de Agua de Groenlandia como el Grupo de Inversión de Groenlandia.
Además, Lauder ha promovido la construcción de infraestructura energética, como plantas hidroeléctricas, a través de consorcios con sede en EEUU, lo que sugiere un interés estratégico en el desarrollo económico del territorio, no sólo en la extracción de recursos minerales.
A Ronald Lauder, heredero de la fortuna de Estée Lauder, se le atribuye haber despertado el interés de Trump, según el exasesor de seguridad nacional John Bolton. Lauder es un antiguo colaborador de Trump desde su época en Wharton y un importante donante conservador; supuestamente sugirió que EEUU adquiriera Groenlandia a finales de 2018.
Una de las apuestas más destacadas ha sido la inversión en KoBold Metals, una empresa que utiliza inteligencia artificial para explorar minerales críticos en Groenlandia —especialmente tierras raras, metales esenciales para la producción de baterías, semiconductores y tecnologías de energías limpias.
Los principales inversores incluyen:
-Jeff Bezos (fundador de Amazon)
-Bill Gates (cofundador de Microsoft y líder de Breakthrough Energy)
-Michael Bloomberg (empresario y exalcalde de New York)
–Sam Altman (CEO de OpenAI)
Estas inversiones comenzaron en 2019, justo después de que Trump hiciera públicos sus primeros comentarios sobre Groenlandia, y se expandieron en rondas posteriores —como la Serie C de KoBold en diciembre de 2024, que valoró a la compañía en casi 3 mil millones de dólares con participación de Breakthrough Energy, fondo liderado por Gates centrado en tecnologías de energía limpia.
La apuesta se basa en la creencia de que Groenlandia —a medida que el hielo se retrae por el cambio climático— puede albergar depósitos de minerales que serán cruciales para la transición energética global y para asegurar cadenas de suministro fuera de China, que actualmente domina muchas de estas materias primas.
Más allá de la minería, otro inversionista importante es Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, que financió a principios de 2021 la startup Praxis. Esta empresa combina capital de riesgo con una visión ideológica: crear una “ciudad tecnológicamente avanzada” o “freedom city” en Groenlandia, una urbe con mínima regulación estatal y alta dependencia tecnológica, una ciudad-estado teórica con el objetivo de «restaurar la civilización occidental».
Praxis es parte de Pronomos Capital, una empresa que se ha convertido en un centro de financiación de ciudades experimentales, fundada por Patri Friedman, nieto de Milton Friedman.
Sam Altman contribuyó por su parte, a través de su fondo de capital riesgo Apollo Projects en 2022, con enfoque en “moonshots” o apuestas tecnológicas de alto impacto que ha participado indirectamente en el desarrollo de proyectos ligados a Groenlandia. La contribución específica en relación con Groenlandia está ligada a su participación en la financiación de KoBold Metals (participó en la ronda de financiación que totalizó unos US$ 192,5 millones para la empresa).
Aunque algunos observadores la ven como una idea futurista, esta iniciativa ha generado debates sobre el tipo de desarrollo que puede imponerse en territorios con poblaciones pequeñas y sistemas sociales propios. Las críticas señalan el riesgo de imponer modelos económicos y sociales que no necesariamente reflejan las prioridades locales pero sí las de una élite tecnocrática que opera más allá de la soberanía democrática.
Se trata de una colonización silenciosa, impulsada por capital privado, tecnología avanzada y decisiones técnicas que escapan al control democrático local. Bajo la lógica de la eficiencia, la seguridad energética o la transición verde, actores económicos externos comienzan a condicionar el uso del territorio, definir qué recursos se exploran y establecer prioridades que no surgen del debate político groenlandés, sino de necesidades globales ajenas a la población de la isla.
Intereses Cruzados: Geopolítica, Recursos, Tecnología y el uso de la fuerza
La razón detrás de estas inversiones no es exclusivamente económica, sino también geoestratégica.
Groenlandia es rica no solo en minerales, sino en ubicación. Su proximidad al Ártico la hace esencial para rutas marítimas emergentes, misiones militares y control de recursos en un mundo donde la competencia entre potencias globales por el Ártico se intensifica.
El periódico británico Daily Mail informa que Trump ha dado instrucciones a las fuerzas especiales, concretamente al Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC), para que elaboren planes de contingencia ante una posible invasión de Groenlandia. Esta política está liderada por el asesor político Stephen Miller, quien busca actuar con rapidez antes de que Rusia o China incursionen en el Ártico.
Se dice que el liderazgo militar estadounidense se opone al plan por considerarlo «ilegal» y carecer de respaldo del Congreso.
Esto que plantean como supuesta amenaza rusa y china, explica por qué Trump y varios actores políticos estadounidenses han insistido en que Groenlandia es un activo estratégico, más allá de consideraciones comerciales. Aunque Dinamarca y Groenlandia han rechazado terminantemente la idea de venta o anexión, el interés persistente de Washington ha creado un ambiente donde las inversiones internacionales se perciben como movimientos anticipados a posibles cambios políticos o económicos.
Mientras las grandes sumas fluyen, la sociedad groenlandesa enfrenta un debate intenso. Por un lado, las inversiones podrían traer empleo y desarrollo. Por otro, hay preocupaciones legítimas sobre injerencia extranjera, control de recursos y soberanía.
Voces dentro de Groenlandia han rechazado cualquier noción de que la isla pueda “pertenecer” a EEUU, y el gobierno de Nuuk ha catalogado algunas acciones como injerencia externa en asuntos domésticos.
Lo que ocurre hoy en Groenlandia dialoga de manera muy clara con la vieja idea del Technate of America de los años 1920–30, aunque actualizada y globalizada pero cuyo rasgo más inquietante no era su utopismo tecnológico, sino su desprecio explícito por la democracia representativa. Para los tecnócratas de aquella época, el voto era un obstáculo, la política una ineficiencia y la soberanía un residuo del pasado. Lo que en los años 30 se llamó Technate of America hoy no se proclama: se ejecuta.
El reciente endurecimiento del discurso de Donald Trump respecto de Groenlandia no puede leerse como una simple provocación electoral. Al insistir en que EEUU no debería “arrendar” la isla, sino poseerla directamente, Trump rompe deliberadamente con décadas de lenguaje diplomático basado en cooperación, alianzas y respeto formal por la soberanía. En su lugar, introduce una lógica de apropiación directa, propia del poder duro, donde el territorio vuelve a concebirse como un activo estratégico que puede —y debe— ser controlado si así lo exige el interés nacional estadounidense.
El comisionado de Trump para el Ártico, Thomas Dans, afirma que el deseo de Trump de anexar Groenlandia no se verá frustrado y que la acción podría tomarse en «semanas o meses». Dans también dijo que la administración busca mover este asunto “a alta velocidad”, y describió el proceso como un “ruta de tren con múltiples paradas” que podría saltar pasos formales y avanzar directamente a la estación principal si el presidente así lo desea. Reduce la importancia de la participación democráticamente legítima de Groenlandia o de los procesos multilaterales con Dinamarca, sustituyéndolos por una lógica de gestión transaccional y acelerada, priorizando la velocidad sobre la deliberación.
Los tecnócratas de los años 1930 consideraban que la democracia era incompatible con la gestión racional de los recursos. Trump, desde otro lugar ideológico, llega a una conclusión funcionalmente similar: la soberanía democrática es un obstáculo cuando se trata de territorios estratégicos. En ambos casos, el territorio deja de ser un espacio de ciudadanía y se transforma en un sistema a administrar, ya sea por ingenieros o por una superpotencia que se arroga el derecho de decidir unilateralmente.
