La legislación, conocida como la Ley de Dosimetría, había sido impulsada por sectores conservadores del Parlamento y beneficiaba no solo a Bolsonaro sino también a otros implicados en los hechos violentos del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes del exmandatario asaltaron y vandalizaron los edificios de los tres poderes del Estado en Brasilia, en lo que se ha descrito como un intento de golpe de Estado.
La propuesta —respaldada con mayoría parlamentaria en diciembre de 2025— buscaba modificar el cálculo de penas acumuladas, de modo que delitos cometidos en un mismo contexto se sumaran con menor impacto en la condena final. De aprobarse, Bolsonaro, actualmente condenado a 27 años y tres meses de prisión, habría podido reducir su tiempo efectivo de cárcel a poco más de dos años y medio, abriendo la puerta a un posible régimen de semi-libertad o arresto domiciliario mucho antes de lo anticipado por la sentencia original.
El veto de Lula fue explícito y argumentado públicamente. En el Palacio de Planalto, durante la ceremonia conmemorativa por el tercer aniversario de los disturbios, el mandatario afirmó que “no hay perdón para quienes atentan contra la democracia” y defendió la integridad de las decisiones judiciales como un pilar del estado democrático de derecho. Para el gobierno, rebajar penas por este tipo de delitos equivaldría a minar el valor de las instituciones y legitimar la violencia política como herramienta de cambio.
No obstante, la controvertida iniciativa parlamentaria no nació de cero. Su aprobación en el Congreso refleja las tensiones crecientes entre el Ejecutivo y un Parlamento fragmentado y parcialmente permeable a las demandas de la derecha. Sectores del llamado Centrão y aliados de Bolsonaro argumentaron que las penas impuestas —consideradas entre las más altas por delitos políticos en la historia reciente del país— eran “desproporcionadas” y clamaban por una reinterpretación técnica de la ley penal.
El telón de fondo internacional que dejó en soledad a Bolsonaro
La polarización interna en Brasil no se limitó al terreno nacional. A mediados de diciembre de 2025, el gobierno de EEUU levantó las sanciones impuestas contra el magistrado brasileño Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal que lideró el juicio contra Bolsonaro por el intento de golpe. Estas sanciones formaban parte de las medidas contempladas bajo la Global Magnitsky Act, que permiten sancionar a funcionarios externos por presuntas violaciones de derechos humanos o corrupción.
La imposición original de sanciones, en julio de 2025, había sido una movida sin precedentes que generó un fuerte choque diplomático entre Brasil y Washington y fue interpretada por muchos analistas como un intento de presionar judicialmente el proceso que culminó con la condena de Bolsonaro. Lula y su gobierno rechazaron enérgicamente esas sanciones, calificándolas de injerencia inaceptable en la soberanía judicial brasileña.
El posterior levantamiento de esas medidas por parte de la administración estadounidense —tras negociaciones diplomáticas con Brasil— tuvo un efecto político profundo. Dejó a Bolsonaro y su apoyo internacional en una posición más aislada, dado que contaba con un respaldo externo que ahora se diluía en medio de una reinterpretación de las prioridades estratégicas de Washington. La retirada de dichas sanciones fue vista por muchos como una victoria para la posición de Lula en el escenario internacional, y fue interpretada por algunos sectores como un símbolo de que incluso aliados conservadores de Bolsonaro en el extranjero no estaban dispuestos a sostener su causa si ello afectaba la relación bilateral con Brasil y sus intereses comerciales y geopolíticos.
Sin embargo, el conflicto está lejos de cerrarse. El Congreso tiene la posibilidad de anular el veto con una mayoría calificada en ambas cámaras, lo que pondría a prueba la fortaleza política del Ejecutivo y la cohesión de sus aliados. En paralelo, sectores conservadores han sugerido que un fracaso del veto podría dinamizar su base de apoyo de cara a las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2026, en las que lo electoral y lo judicial están cada vez más entrelazados.
Mientras tanto, Bolsonaro —que permanece en una prisión en Brasilia cumpliendo condena y rechazando las imputaciones— utiliza su situación como elemento de campaña indirecta, impulsando a sus seguidores a persistir en la denuncia contra lo que él califica de “persecución política”. A pesar de su aislamiento cada vez más marcado en el plano internacional —como lo demuestra el retroceso de patrocinadores externos como el propio apoyo diplomático que esperaba recibir en Washington—, sigue siendo una figura que moviliza a una parte considerable del electorado.
