La medida que hasta hace poco era impensable y que hoy divide profundamente al bloque debido a las consecuencias y la respuesta rusa se discute en un escenario dramático. Lo que está en juego no es solo un mecanismo financiero, sino el respeto al Estado de derecho europeo, la credibilidad internacional de la UE y el riesgo de una escalada económica con consecuencias geopolíticas imprevisibles.
El trasfondo de la cumbre es claro: Ucrania enfrenta una grave escasez de recursos, mientras que el apoyo financiero de EEUU se ha vuelto más incierto y los presupuestos europeos muestran señales de fatiga. En ese escenario, Bruselas busca garantizar a Kiev financiación estable para 2026 y 2027.
Sin financiación adicional de la UE, Ucrania podría quedarse sin dinero en abril del próximo año, un escenario que los funcionarios de la UE temen que conduciría a una derrota militar y aumentaría el riesgo de influencia rusa en Europa y temen una propagación del conflicto a través de las fronteras europeas.
La opción que concentra el debate es la más controvertida: utilizar los activos rusos congelados en Europa —estimados en más de 200.000 millones de euros— para respaldar préstamos o incluso avanzar hacia una apropiación directa.
Esto ocurre después de que la Comisión Europea presentara un plan de respaldo bajo el cual la UE recaudaría los fondos ella misma para prestar a Ucrania, con la opción archivada por ahora en medio de la oposición del Primer Ministro de Hungría, Viktor Orban, quien se espera que vote en contra de la medida, que requiere la aprobación unánime de los 27 estados miembros.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue tajante al llegar a la cumbre:
“No nos iremos de aquí sin un acuerdo para financiar a Ucrania en los próximos dos años.”
Von der Leyen sostuvo que el riesgo debe compartirse entre todos los Estados miembros, un mensaje dirigido especialmente a Bélgica, país donde se concentra la mayor parte de los activos rusos y que teme quedar expuesto a represalias legales y financieras.
En la misma línea, la Alta Representante para Política Exterior, Kaja Kallas, afirmó que el uso de los activos congelados es “la opción más viable en este momento”, subrayando que Europa no puede permitirse fallar ahora. Sin embargo, reconoció que sin consenso interno, el plan podría convertirse en un factor de división más que de fortaleza.
Desde Varsovia, el Primer Ministro polaco Donald Tusk planteó el dilema en términos dramáticos:
“La elección es simple: dinero hoy o sangre mañana. No hablo solo de Ucrania, hablo de Europa.”
El canciller alemán Friedrich Merz reforzó esa postura al declarar que no ve alternativas realistas al uso de los activos rusos, insistiendo en que la UE debe mostrar determinación estratégica, incluso si eso implica asumir riesgos jurídicos y económicos.
Estas declaraciones marcan un cambio de tono: el debate deja de ser técnico y pasa a ser abiertamente estratégico y existencial.
En el extremo opuesto se ubica Viktor Orbán, Primer Ministro de Hungría, quien advirtió que usar o apropiarse de activos rusos equivale a una ruptura del Estado de derecho europeo y a una escalada que puede interpretarse como una declaración de guerra económica.
Orbán dejó claro que Hungría no apoyará ninguna decisión de apropiación y que no considera legítimo siquiera negociar ese punto en esta cumbre.
Su postura no es solo ideológica: Hungría depende en gran medida de la energía rusa y se percibe como un país directamente expuesto a las consecuencias de una escalada mayor.
Por su parte, Zelensky advirtió que un fracaso en la financiación de Kiev envalentonaría a Rusia y aumentaría el riesgo de nuevas guerras, incluso en suelo europeo.
La fractura interna y el temor a un precedente global
Más allá del debate político, varios Estados miembros expresan inquietud por el precedente jurídico que podría sentar la apropiación directa de activos soberanos.
Romper los Tratados Bilaterales de Inversión, reinterpretar normas de emergencia como el artículo 122 del TFUE y avanzar sobre la inmunidad soberana implicaría desmantelar protecciones que sostienen el sistema financiero internacional.
El temor no se limita a Rusia: otros países podrían retirar reservas de Europa, reducir inversiones o buscar alternativas al euro como moneda de resguardo.
En los hechos, la UE ya se encuentra inmersa en una guerra económica total con Rusia. La posible apropiación directa de activos cerraría casi por completo las vías diplomáticas y reforzaría en Moscú la percepción de que no existe salida negociada.
Como advirtió recientemente el presidente ruso Vladimir Putin, “el peligro es que después no haya nadie con quien negociar”.
La propuesta carecería de precedentes. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, los bienes estatales alemanes no fueron confiscados, señalan los analistas.
Históricamente, medidas similares de este tipo han precedido conflictos mayores, como ocurrió con Japón antes de 1941, cuando embargos y congelamientos empujaron a Tokio a concluir que la confrontación era inevitable.
Pero aún así, nunca antes se había normalizado la idea de usar reservas soberanas de un Estado grande, con poder militar y nuclear, como botín financiero mientras la guerra continúa.
Una decisión que marcará época
La cumbre del 18 de diciembre no es una más. Sea cual sea el resultado formal, Europa ya ha cruzado un umbral: el de considerar legítimo el uso de activos soberanos extranjeros para financiar una guerra en curso.
Durante décadas, la UE se presentó como una potencia normativa, un actor que resolvía conflictos mediante reglas, tratados y previsibilidad jurídica. Hoy, esa narrativa se resquebraja.
Si la UE avanza, asumirá no solo el costo económico, sino también la responsabilidad histórica de haber debilitado el orden jurídico que ella misma construyó tras la Segunda Guerra Mundial. Demostrando así que el oportunismo de los burócratas de Bruselas pueden romper el sistema y la base jurídica sobre la que se encuentran a su antojo.
En ese sentido, la pregunta ya no es solo cómo financiar a Ucrania, sino qué Europa quedará después de esta decisión —y si el continente está preparado para las consecuencias de haber aceptado, explícita o implícitamente, que la lógica de la guerra ha pasado a primar sobre la del derecho.
