Desde la independencia de Ucrania en 1991, la integridad territorial ha sido uno de los pilares de su identidad política y legal. Sin embargo, las tensiones con Rusia, que se intensificaron con la anexión de Crimea en 2014 y el inicio del conflicto armado en Donetsk y Luhansk, han colocado este principio en el centro de un debate nacional e internacional.
Actualmente, Trump ha anunciado una reunión con Vladimir Putin para el 15 de agosto en Alaska, durante la cual ha sugerido que un posible acuerdo podría incluir “algunos intercambios de territorio” como parte de la solución al conflicto. Trump afirmó que “podría requerir que Ucrania entregue una cantidad significativa de territorio”.
Como respuesta a estos dichos, Zelensky rechazó firmemente la posibilidad de ceder territorio, afirmando que “no se violará la Constitución” y que los ucranianos “no regalarán su tierra al ocupante”.
«La respuesta a la cuestión territorial ucraniana ya está en la Constitución de Ucrania. Nadie se apartará de ella, ni podrá hacerlo. Los ucranianos no cederán sus tierras al ocupante», afirmó Zelensky en X.
The answer to the Ukrainian territorial question already is in the Constitution of Ukraine. No one will deviate from this—and no one will be able to. Ukrainians will not gift their land to the occupier.
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 9, 2025
También definió cualquier acuerdo sin la participación de Kiev como “decisiones contra la paz”, “muertas” o “inválidas” y que Ucrania jamás reconocerá la soberanía rusa sobre los territorios ocupados y señaló que cualquier negociación sin su gobierno socava la paz legítima. Enfatizó que el pueblo merece una paz digna y que “ninguna negociación puede tener éxito sin Ucrania”.
La Constitución ucraniana, tanto en su redacción original de 1996 como en sus enmiendas posteriores, ha establecido un marco jurídico muy estricto que prácticamente imposibilita la cesión formal de territorios.
El principio constitucional de integridad territorial
La base de 1996
La Constitución aprobada el 28 de junio de 1996 incluye desde su origen el Artículo 2, que establece:
“La soberanía de Ucrania se extiende a todo su territorio dentro de las fronteras existentes. La integridad territorial e inviolabilidad de las fronteras de Ucrania es inviolable.”
Este artículo consagra la inviolabilidad de las fronteras como un principio constitucional básico, alineado con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.
Procedimiento para cambios territoriales (Artículo 73): “Las cuestiones de modificación del territorio de Ucrania se resuelven exclusivamente mediante un referéndum nacional”. Cualquier cambio en el territorio nacional requiere:
-Una ley adoptada por dos tercios (300 de 450) de los diputados del Parlamento (Verkhovna Rada).
-Ratificación por referéndum nacional obligatorio: Artículo 85.2. La Rada Suprema (Parlamento) debe convocar el referéndum. Con la dificultad extra de celebrar un referéndum libre y justo bajo la ley marcial y con millones de civiles desplazados. Prácticamente inviable en términos legales y políticos. Bajo la Constitución de Ucrania y su Código Electoral, un referéndum nacional requiere: Control administrativo completo sobre las circunscripciones, libertad de prensa y de campaña política, supervisión electoral independiente y observadores internacionales.
Con la ley marcial vigente y partes del territorio ocupadas por Rusia: millones de votantes quedarían excluidos, con la ley marcial en práctica se prohíbe elecciones y referéndums hasta su levantamiento, cualquier resultado se vería como inválido o impuesto.
El Artículo 64 establece además que algunos derechos pueden ser limitados bajo ley marcial, incluyendo la participación electoral, lo que suspende de facto la celebración de referéndums.
Ley Marcial de Ucrania (Ley Nº 1647-III, 2000):
-Artículo 19. Durante la ley marcial se prohíbe la celebración de elecciones y referéndums a todos los niveles.
-Artículo 20. Las autoridades civiles y militares asumen el control, limitando libertades de reunión, expresión y prensa, condiciones esenciales para un proceso electoral válido.
Ley de Referéndum Nacional de Ucrania (2021):
-Artículo 1. Solo se puede celebrar si se garantiza el voto libre, universal y secreto en todo el territorio nacional.
Con Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Kherson parcial o totalmente ocupados, esto es imposible.
-Artículo 15. La Comisión Electoral Central debe supervisar el proceso en todas las regiones, algo inviable con ocupación militar extranjera.
Esto significa que no hay otra vía legal para ceder territorio: no puede decidirlo solo el Parlamento ni el presidente y es prácticamente inviable sin una rendición clara o un cambio radical de las condiciones legales y políticas.
Rusia
Por el lado de Rusia, ya anexionó formalmente Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Kherson mediante enmiendas a su propia Constitución en septiembre de 2022. Renunciar a esas regiones implicaría revertir una reforma constitucional interna y aceptar que la anexión fue inválida, algo que Moscú presenta como “imposible” políticamente. Según el Kremlin, estos referendos arrojaron porcentajes superiores al 87% a favor de unirse a Rusia.
Putin firmó los tratados de “adhesión” de estas cuatro regiones a la Federación Rusa, y el 4 de octubre el Parlamento (Duma Estatal y Consejo de la Federación) aprobó por unanimidad leyes constitucionales para incorporarlas.
Esto se sumó a Crimea y Sebastopol, ya incorporadas en 2014.
La Constitución de la Federación Rusa establece en el artículo 67.1 (reforma de 2020) que:
“Las acciones encaminadas a enajenar parte del territorio de la Federación Rusa, así como los llamamientos a ello, no se permitirán”.
Esto significa que para Rusia es inconstitucional devolver esos territorios, a menos que el propio Parlamento y el pueblo ruso aprueben una reforma constitucional, algo políticamente impensable bajo el actual gobierno.
Esto genera una asimetría legal perfecta para el estancamiento:
-Ucrania no puede entregar territorio (su Constitución lo prohíbe).
-Rusia no puede devolverlo (su Constitución lo prohíbe).
La crisis de 2014 y sus implicaciones
Anexión de Crimea:
En marzo de 2014, Rusia ocupó y posteriormente declaró la anexión de la península de Crimea, tras un referéndum no reconocido por Ucrania ni por la comunidad internacional mayoritaria.
Kiev respondió declarando a Crimea “territorio temporalmente ocupado” y reafirmando su soberanía en la Constitución, sin realizar cambios que reconocieran la pérdida territorial.
Guerra en Donetsk y Luhansk:
En abril de 2014, grupos separatistas prorrusos, con apoyo militar y logístico de Moscú, declararon repúblicas autoproclamadas en partes de Donetsk y Luhansk. Ucrania las considera, al igual que Crimea, zonas bajo ocupación temporal.
La reforma constitucional de 2019
En febrero de 2019, bajo la presidencia de Petro Poroshenko, se aprobó una enmienda constitucional estratégica que endureció aún más la posición territorial:
-Reafirmó la pertenencia de Crimea, Donetsk y Luhansk como partes inseparables de Ucrania.
-Incorporó en la Constitución el objetivo de adhesión a la Unión Europea y a la OTAN como orientación de política exterior.
-Blindó legalmente el principio de integridad territorial, dificultando que futuras administraciones cedan formalmente territorios a otro Estado.
Esta enmienda fue vista como una respuesta directa a la agresión rusa y como un mensaje tanto a Moscú como a la comunidad internacional.
El procedimiento para una eventual cesión territorial
Modificación constitucional:
Para que Ucrania ceda formalmente territorios como Crimea, Donetsk o Luhansk, sería necesario:
-Propuesta de al menos una quinta parte de los diputados del Parlamento.
-Aprobación en dos lecturas por al menos dos tercios (300) de los 450 diputados.
-Ratificación por referéndum nacional obligatorio.
Dificultades prácticas:
-El consenso parlamentario necesario es extremadamente difícil de lograr.
-Las encuestas muestran un rechazo mayoritario de la población a cualquier cesión territorial.
-Los partidos políticos que apoyen la cesión se enfrentarían a un alto costo político y riesgo de inestabilidad interna.
Posiciones actuales en el marco de la guerra
Ucrania:
El presidente Volodymyr Zelensky ha rechazado cualquier acuerdo que implique ceder territorio o renunciar a la aspiración de ingreso a la OTAN. Considera que hacerlo pondría en riesgo la seguridad futura del país.
Rusia:
Moscú exige, como condición para un alto el fuego o acuerdo de paz, que Ucrania:
-Reconozca la soberanía rusa sobre Crimea y las regiones ocupadas de Donetsk, Luhansk, Zaporiyia y Jersón.
-Renuncie a ingresar en la OTAN.
-Adopte un estatus neutral.
Riesgo de un alto el fuego “trampa”:
Varios analistas advierten que si Ucrania retira sus tropas de estas regiones sin un acuerdo sólido, Rusia podría consolidar su control y romper el cese al fuego en el futuro, dejando a Ucrania con una pérdida territorial irreversible.
Perspectivas
Escenario legal:
Formalmente, la Constitución de Ucrania no prohíbe modificar sus fronteras, pero el proceso es tan exigente que, en la práctica, equivale a un veto casi absoluto en el contexto actual.
Escenario político:
El rechazo popular y la presión internacional hacen que la probabilidad de una cesión formal de Donetsk y Luhansk en el corto plazo sea muy baja (menos del 10%).
Escenario bélico:
La guerra se prolongará mientras ambos bandos mantengan posiciones irreconciliables sobre la integridad territorial. Esto convierte al conflicto en uno de los más difíciles de resolver diplomáticamente en la actualidad.
Conclusión de inviabilidad:
La Constitución ucraniana, reforzada por la reforma de 2019, convierte la integridad territorial en un principio prácticamente innegociable. Cualquier cesión formal a Rusia requeriría un proceso parlamentario y un referéndum nacional, ambos políticamente improbables hoy.
Esto significa que, mientras no haya un cambio radical en el equilibrio militar o en la opinión pública, la guerra difícilmente terminará con un acuerdo que incluya la entrega formal de Donetsk y Luhansk. Más probable es que el conflicto se prolongue o que, en el mejor de los casos, se establezca un estatus de ocupación “de facto” sin reconocimiento jurídico.
