Estas cifras van más allá de un fenómeno sociológico, se manifiesta la erosión progresiva del orden jurídico allí donde el poder político tolera, explícita o tácitamente, una violencia inspirada por una ideología religiosa convertida en criterio único de ciudadanía.
Desde 2014, cuando el Bharatiya Janata Party (BJP) llegó al poder, la expansión del Hindutva, la idea del hinduismo como identidad nacional exclusiva, ha generado un marco que desnaturaliza la esencia de la autoridad pública. En lugar de custodiar el bien común, tal ideología nacionalista revolucionara etno-religiosa se transforma en un instrumento que legitima a determinados grupos, excluyendo o marginando a otros. De ahí que los hechos sean persistentes cuando se revela que de 139 ataques en 2014 se pasó a 834 en 2024, acumulando 4.595 episodios violentos en diez años.
La persecución afecta a una minoría numéricamente vulnerable por cuanto los cristianos son el 2,3% de la población, aproximadamente 32 millones de personas en un país de 1.400 millones. La violencia se concentra con un 77% de los casos en cinco estados, a saber, Uttar Pradesh (1.317 ataques), Chhattisgarh (926), Tamil Nadu (322), Karnataka (321) y Madhya Pradesh (319). Aquí, comunidades mayoritariamente pobres (muchas de ellas formadas por Dalits convertidos al cristianismo en busca de dignidad fuera del sistema de castas) se transforman en objetivo inmediato de la ideología nacionalista.
El aparato legislativo refuerza esta dinámica. Doce estados, en su mayoría gobernados por el BJP, han promulgado leyes anticonversión entre 2014 y 2024. Aunque justificadas como normas contra las “conversiones forzadas”, en la práctica operan como instrumentos de hostigamiento. El caso de Jharkhand (2017) resulta paradigmático; exige notificación previa para cualquier conversión, impone multas de 50.000 rupias y penas de hasta tres años de prisión, agravadas para mujeres, menores, tribales y Dalits. Es un uso del derecho opuesto a su naturaleza propia, que según Santo Tomás consiste en ordenar razonablemente al bien común (ST I-II q.90 a.1), no en vigilar conciencias ni condicionar la libertad religiosa.
En este marco emergen prácticas como los Ghar Wapsi (rituales de «reconversión» hindú) impulsadas por organizaciones vinculadas a la Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), matriz ideológica del BJP. Allí donde la coacción sustituye a la persuasión racional, se configura un desorden moral que afecta no solo a individuos sino al entramado social entero. Los efectos son visibles que van desde palizas, incendios de iglesias, violaciones, expulsiones de pueblos enteros, clausura de escuelas y hospitales cristianos, hasta la negación de ayudas estatales a Dalits convertidos.
Sin embargo, la reacción cristiana ha comenzado a organizarse. El 29 de noviembre de 2025, una multitudinaria marcha en Nueva Delhi denunció no solo la violencia sino también la exclusión sistemática de los Dalits cristianos de los programas sociales. En palabras de A.C. Michael, coordinador del UCF (United Christian Forum), la protesta buscaba “reclamar la dignidad y la libertad de culto garantizadas en la Constitución”.
Esta situación plantea un dilema moral claro porque ningún Estado puede aspirar a la autoridad legítima si se aparta del principio según el cual la ley debe ser ratio ordinata ad bonum commune. Un poder que permite o facilita la persecución religiosa no gobierna conforme a la justicia, sino según la voluntas particularis de un grupo dominante, lo que Santo Tomás identifica como rasgo propio de la tiranía.
Mientras la India proyecta su ambición geopolítica, como el deseo de obtener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, emerge una pregunta filosófica decisiva: ¿puede una nación reclamar autoridad moral sobre el orden internacional cuando tolera, dentro de sus fronteras, un desorden que hiere frontalmente la dignidad humana y la libertad de conciencia?.
