La Corte Suprema de Israel anuló una ley muy controvertida aprobada por el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu que hizo retroceder parte del poder del tribunal superior y provocó protestas en todo el país.
La ley, aprobada en julio, fue parte de una reforma judicial más amplia propuesta por Netanyahu y su coalición de socios religiosos y nacionalistas.
La legislación presentada ante el tribunal había eliminado una, pero no todas, las herramientas que tiene la Corte Suprema para anular las decisiones del gobierno y de los ministros. Le quitó al tribunal la capacidad de anular decisiones que considerara “irrazonables”.
8 de 15 jueces fallaron a favor de anular la ley, dijo el tribunal el lunes.
El ministro de Justicia, Yariv Levin, aliado de Netanyahu y arquitecto de la reforma, criticó la decisión del tribunal, diciendo que demostraba «lo contrario del espíritu de unidad necesario en estos días para el éxito de nuestros soldados en el frente».
La sentencia «no nos desanimará», afirmó Levin, sin indicar si el Gobierno intentará reactivar su plan a corto plazo. «A medida que las campañas continúen en diferentes frentes, continuaremos actuando con moderación y responsabilidad».
Los legisladores de la oposición elogiaron el fallo. Habían argumentado que los esfuerzos de Netanyahu por eliminar el estándar de razonabilidad abren la puerta a la corrupción y a nombramientos indebidos de compinches no calificados para puestos importantes.
La Corte Suprema, en un resumen de su decisión, dijo que la mayoría de los jueces decidieron derogar la ley porque dañaría gravemente la democracia de Israel.
La medida fue un duro golpe para Netanyahu y sus aliados de línea dura, quienes argumentaron que la legislatura nacional, no el tribunal superior, debería tener la última palabra sobre la legalidad de la legislación y otras decisiones clave. Pero los jueces dijeron que la Knesset, o parlamento, no tiene un poder “omnipotente”.
Netanyahu y sus aliados anunciaron su amplio plan de reforma poco después de asumir el cargo hace un año. Pide limitar el poder de los jueces, desde limitar la capacidad de la Corte Suprema para revisar decisiones parlamentarias hasta cambiar la forma en que se nombra a los jueces.
El gobierno dijo que los cambios apuntan a fortalecer la democracia al limitar la autoridad de jueces no electos y entregar más poderes a funcionarios electos. Pero los opositores ven la reforma como una toma de poder por parte de Netanyahu, quien está siendo juzgado por cargos de corrupción, y un ataque a un organismo de control clave.
Antes de que Israel lanzara su último ataque contra la asediada Franja de Gaza el 7 de octubre, cientos de miles de israelíes salieron a las calles en protestas semanales contra el gobierno.
Entre los manifestantes se encontraban reservistas militares, incluidos pilotos de combate y miembros de otras unidades de élite, que dijeron que dejarían de presentarse al servicio si se aprobaba la reforma. Los reservistas constituyen la columna vertebral del ejército.
Bajo el sistema israelí, el Primer Ministro gobierna a través de una coalición mayoritaria en el parlamento, lo que de hecho le otorga control sobre los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno.
Como resultado, la Corte Suprema desempeña un papel de supervisión fundamental. Los críticos dijeron que al tratar de debilitar el poder judicial, Netanyahu y sus aliados están tratando de erosionar los controles y equilibrios del país y consolidar el poder sobre la tercera rama independiente del gobierno.